Tiradero
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Los pendientes que hacen crisis

Carlos López Torres

Dicen los que saben que la administración pública no podría existir, ni operar, sin el derecho que le da la vida, que la regula y que la controla. Las reglas de administración se transforman, así, en dictados jurídicos que son la base de toda actividad del Estado y en él, incluido el municipio.

Además de las actividades que tienen que ver con su organización interna, los municipios tienen la obligación de atender la prestación adecuada de los servicios públicos que les corresponda de acuerdo a la ley, las de carácter fiscal, relacionadas con su hacienda, las de su función de policía, las tendientes a fomentar la solidaridad, cooperación y unión de la ciudadanía y en general todo tipo de actividades que la ley regule.

Las diversas formas de prestación de los servicios municipales como la directa, las paramunicipales o descentralizadas, las concesionadas como las de limpieza y recolección de basura, deben ser aprobadas por el Cabildo. En el caso de los servicios concesionados el ayuntamiento se mantiene como órgano fundamental de vigilancia y normatividad de la prestación.

La cancelación de la concesión tiene como consecuencia dejar sin efecto la vigencia del contrato respectivo mediante el cual el Municipio otorga a un particular, Vigue, por ejemplo, la prerrogativa de prestar un determinado servicio público.

Las causas de cancelación son, entre otras: por causas de interés público, o si el servicio se presta en forma distinta a la establecida en el contrato de la concesión; si hay incumplimiento de las obligaciones del concesionario o si el servicio se presta de manera irregular, etcétera.

Los antecedentes del caso Vigue, efectivamente enturbiado por el manejo parcial, la actuación unilateral y sorpresiva de la empresa que mantiene la concesión, que pretende desconocer la vigilancia y la supervisión del ayuntamiento, trasladando su discusión a otro poder donde su capacidad de presión resulta más efectiva, ha convertido a los afectados, a los miles de contribuyentes que sostenemos el gran negocio de Vigue, en simples espectadores a merced de los argumentos a medias de las partes en conflicto.

Ahora resulta que las omisiones, la renuncia a ejercer su capacidad legal de vigilancia de las administraciones anteriores, especialmente de las dos que se ostentan con los tres colores de la bandera nacional, han sido exoneradas de facto, aunque la presidida por el ex azulino Jorge Lozano Armengol, artífice de la panacea privatizadora de la basura en cuestión, estará presente en el Congreso del Estado para que tardíamente explique en qué términos se otorgó la concesión de marras y en qué consiste el contrato.

Mientras, las batallas de papel, las cibernéticas y la guerra de baja intensidad que realmente se mantiene subyacente por quienes se sienten todavía dueños de la ciudad, aunque no de su electorado como ha sido demostrado, en medio de la desinformación le apuestan al desgaste electoral del otrora partido opositor, de cara al 2018 como le han hecho decir a su flamante presidente del PRI con gran triunfalismo. ¿Se trata a un regreso de más de lo mismo?