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Mario, alcanzado por las fotomultas

Dos procesos contra el ex alcalde
Autonomía del fiscal, a prueba
Riesgo para el PRI, rédito para el PRD
Más amenazas a periodista

La “transformación en grande” que prometió en 2012 el entonces candidato a la alcaldía de San Luis Potosí Mario García Valdez nunca se materializó en la ciudad; sin embargo, desde el viernes su vida sí se transformó al hacerse público que en las próximas semanas tendrá que dejar su exilio político para enfrentar dos procesos penales: uno ante la Procuraduría General de la República y otro en la Fiscalía General del Estado por el desvío de 103 millones de pesos durante los últimos meses de su administración.

La noticia se reprodujo en medios locales y nacionales luego de que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer su dictamen final de la fiscalización de la cuenta pública del año 2015. A Mario García Valdez y a su ex tesorero, José de Jesús Bolaños Guangorena, se les dio la oportunidad de solventar las observaciones detectadas por la ASF, pero no pudieron fundamentar legal y documentalmente el destino de esos recursos.

El oscuro negocio de las fotomultas que se empeñó en impulsar Mario García Valdez a la mitad de su administración es probable que termine por costarle su libertad. Desde que se anunció la contratación de la empresa Intel Tráfico para que iniciara la operación de ese programa llamó la atención por dos motivos fundamentales: asignación directa del proyecto a una empresa poco conocida y sin experiencia que había sido creada 10 meses antes.

En su página de internet http://inteltrafico.com/ todavía presume como uno de sus clientes al ayuntamiento de San Luis Potosí, municipio que le entregó más de 25 millones de pesos por concepto de fotoinfracciones, pago que, de manera irregular, se le entregó hasta por adelantado.

Como ante la Auditoría Superior del Estado ya no hay nada que se pueda aclarar, García Valdez y Bolaños Guangorena deberán enfrentar procesos administrativos y penales para que se les impongan las sanciones que correspondan. Lo que sigue es una importante prueba de autonomía para la Fiscalía General del Estado, las denuncias que desde hace tiempo se presentaron ya deberían haber avanzado y, las que puedan acumularse, tendrían que resolverse con cierta celeridad… o no.

Teniendo las elecciones tan cerca, sancionar por cualquier vía a Mario García Valdez puede convertirse en un trofeo de doble filo. El Partido Revolucionario Institucional podría exhibirlo como muestra de confianza en las instituciones y el combate a la impunidad; aunque el movimiento podría jugarles en contra si no logran separar la mala imagen del ex rector del resto de los priístas.

Quienes alcanzarían mayor rédito político son los perredistas. Hayan o no contribuido a las acciones legales contra García Valdez y el ex tesorero, cualquier sanción que les apliquen entre enero y junio del próximo año será maximizada para convencer a los votantes de que se cumplió la promesa de castigar los abusos cometidos por funcionarios de partidos políticos distintos al suyo.

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El director del portal de noticias Arco Informativo e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, José Ismael Leyva Nava, volvió a recibir amenazas contra su persona y familia.

El mensaje intimidatorio más reciente fue recibido el 10 de noviembre, un día después de que a través de su página de noticias Leyva Nava publicara la tercera parte de una investigación sobre una presunta proveedora de medicamentos en el municipio de Matehuala.

María Santos Hernández es el nombre de quien ha recibido miles de pesos del ayuntamiento matehualense por distintos conceptos que van desde la contraprestación por una supuesta compra de medicamentos, pago de pensión alimenticia, adquisición de despensas, renta de equipo de audio y hasta traslados al Hospital Central.

Sólo en los primeros tres meses de 2017, la administración municipal le entregó un millón 769 mil 68 pesos, lo que equivale a casi 20 mil pesos diarios.

La primera amenaza en contra José Ismael Leyva Nava se registró al revelar las primeras dos partes de su investigación. Tiempo han tenido las autoridades para investigar y encontrar la forma de proteger al periodista y su familia. De su seguridad son y serán responsables.

(Redacción: Jaime Nava)

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