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28 febrero, 2017
Solución
28 febrero, 2017

Más sobre los derechos de las personas trans

Guillermo Luévano Bustamante

Hace dos años iniciamos desde la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos un proceso legal de acompañamiento a una persona trans ante la ausencia de figura jurídica que le permita acceder a su derecho al reconocimiento adecuado de su identidad de género.

En la Ciudad de México se ha venido modificando el proceso legal que asegura ese derecho, en el resto del país no existe nada ni semejante, por lo que consideramos que se incurre en una condición que llamamos “discriminación geográfica”, esto es, dos personas mexicanas, una que nace en San Luis Potosí y otra en la capital de la República, tendrían esquemas desiguales de derechos. Y esa circunstancia no es por supuesto imputable a ninguna de las dos. En todo caso tendría que ser remediada por la vía judicial o administrativa si hubiera la voluntad del Poder Ejecutivo en aplicar debidamente la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011.

El primer caso de búsqueda de reasignación de identidad para la concordancia sexo-genérica en San Luis Potosí fue planteado, como en alguna colaboración periodística ya he comentado, mediante una controversia familiar por la rectificación del acta de nacimiento. Ese juicio apelaba a una causal de las posibles que reconoce la codificación potosina para modificar el acta de nacimiento de una persona: cuando no corresponda el nombre que ahí se asienta con el que socialmente se le identifica. Evidentemente la causal nos parece procedente, más aun, se alegó que si por mandato judicial el Registro Civil puede modificar un acta de nacimiento en lo que respecta al nombre de la persona, podría hacerlo en alguno otro de sus elementos.

Asumir la propia identidad de género es parte de una expresión del derecho a la salud, a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Por ello la Ciudad de México ha incorporado desde hace años el mecanismo respectivo que asegure el acceso a estos derechos.

La vía optada para exigir el cumplimiento de este derecho en San Luis Potosí fue inicialmente la descrita, del orden familiar, demandando al Registro Civil. Pero en un segundo momento se ha acudido a la vía de la justicia federal mediante amparos contra actos y omisiones de diversas autoridades, cuyas resoluciones están pendientes.

En el primer caso, el juzgado familiar no concedió la razón a la parte actora, pero el equipo legal interpuso la apelación ante el Supremo Tribunal, instancia en la que se dirime la inconformidad con la sentencia.

Hay muchas resistencias judiciales para reconocer los derechos humanos, incluso los más liberales, no tendrían que acudir quienes se sienten excluidos por estas omisiones y actuaciones discriminatorias a la vía del amparo, si se aplicara debidamente la Reforma de Derechos Humanos, pero a activistas y abogadas y abogados sociales nos corresponde emprender la defensa de estas personas. Por la vía que se logre en San Luis Potosí el reconocimiento de este derecho constituirá un precedente nacional, hay que prestar atención.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.