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Matrimonio igualitario y participación ciudadana

Israel López Monsivais Elizondo

E l matrimonio igualitario se ha convertido en un problema público local en la entidad de San Luis Potosí, con grupos protagonistas a favor y sectores conservadores en contra. A pesar de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia y el punto de acuerdo suscrito por la Cámara de Diputados exhortando a los congresos locales a homologar sus legislaciones a favor del matrimonio igualitario, aún así existe resistencia a los cambios legales que llegarán más temprano que tarde.

Eugene Bardach, en su libro Problemas de la definición de problemas en el análisis de políticas, expone que siempre es posible encontrar el óptimo local y perder de vista el óptimo global, con la consecuencia que cada paso que se dé para alcanzar el primer óptimo nos alejará perversamente aunque intencionalmente de alcanzar el óptimo global. Es frecuente que limitantes y organizaciones obliguen a los tomadores de decisiones a suboptimizar incluso con conciencia y deliberación.

San Luis Potosí junto con Puebla de los Ángeles son las entidades más conservadoras del país. En el caso del primero la ideología (principalmente panista) conservadora y los grupos religiosos presionan para que no se cumpla el óptimo global del matrimonio igualitario como está sucediendo en la mayoría de los países democráticos que defienden los derechos humanos, tal parece que quiere que prevalezca el óptimo local e ideología de estos grupos corporativos (sectores conservadores).

Luis F. Aguilar Villanueva, en su investigación Problemas públicos y agenda de gobierno, define a la agenda de gobierno: “como el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, más propiamente, como objetos sobre los que ha decidido que deben actuar o han considerado que tienen que actuar”.

Antes de que llegara este tema a la agenda de gobierno fue necesaria la lucha de casi cuatro décadas de la comunidad LGBTTTI para llevarlo a la inclusión de la agenda pública que intensificó la discusión desde la reforma en materia de derechos humanos en 2010. Fueron los criterios de la Corte los que incluyeron en la agenda de gobierno de las entidades del país al ser un señalamiento irrevocable el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.

Esto llevó como consecuencia a la opinión generalizada desde los tomadores de decisiones, analistas y sociedad a tomar una postura. Importante es la participación ciudadana en un marco de respeto y tolerancia. Y no de discriminación como lo hacen las autoridades y grupos eclesiásticos potosinos. Digamos entonces que este problema público local nos lleva a la oportunidad de ejercer una democracia participativa.

¿Cómo pasar de una democracia representativa a una democracia participativa? Simplemente participando. Probablemente este mes de agosto se den dos periodos extraordinarios en el Congreso local en los que se subiría a pleno la discusión del dictamen del matrimonio igualitario. Si estamos interesados en el tema con el respeto debido hagamos llegar nuestra opinión a los legisladores. Sea por las redes sociales, en su correo institucional que está en la página web del Congreso o visitémoslos en el edificio Juárez, Vallejo 200.

De igual forma habrá una marcha en contra el próximo 8 de agosto, organizada por grupos conservadores, y otra al día siguiente por la comunidad LGBTTI apoyándolos. Ya sea tu postura a favor o en contra pero involucrémonos en los problemas públicos locales, hagamos llegar nuestra opinión a los tomadores de decisiones. Para concluir, el verdadero problema público local es la discriminación a las minorías y la revisión del marco normativo de la adopción. El matrimonio igualitario es inevitable, acéptenlo. Aún así es necesaria la participación ciudadana en la agenda de gobierno.

¡Matrimonio igualitario, ya!

#JusticiaParaRuben

Twitter:francotiradort1

Israel López Monsivais
Israel López Monsivais
Abogado y Maestro en Gestión Pública; Catedrático, FCA, UASLP.