Exhorta Inai a denunciar llamadas anónimas contra candidatos
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Polarización
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Julio Hernández López

En Los Cabos, Baja California Sur, el candidato no priista que compite a nombre del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribreña, lanzó una advertencia peculiar: “Que a nadie sorprenda el primero de julio cuando ganemos esta elección, que hemos trabajado para hacerlo; porque hemos hecho campaña, porque hemos sudado la camiseta, porque hemos hecho más propuestas y porque tenemos al mejor ejército para ganar”.

Como en la famosa canción de José Alfredo Jiménez, el candidato Meade, “a pesar de la enorme distancia” que lo separa de Andrés Manuel López Obrador (según la inmensa mayoría de las encuestas de opinión que han sido publicadas), le dice al triunfo electoral que lo siente “juntito” a él (https://goo.gl/wMmb2D ).

La insistencia del mencionado Meade en la supervivencia de sus posibilidades de triunfo en la contienda presidencial (a pesar de todos los datos en contra) es un signo de la confianza del régimen en la implantación de mejoradas técnicas de adulteración electoral que pudieran cambiar las tendencias hasta ahora observadas y colocar retadoramente como “triunfador” a quien ocupa actualmente el tercer lugar en intención de voto.

Ricardo Anaya Cortés, por su parte, ha ensanchado la división con Los Pinos al hacer que miembros de su equipo de campaña presentaran este lunes una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra Enrique Peña Nieto (jefe máximo de esta procuraduría y del aparato electoral de apoyo a Meade), el antecesor en la casa presidencial, el (todavía) panista Felipe Calderón Hinojosa, y el propio candidato Meade, quien fue secretario de estado en distintos momentos de las administraciones de Calderón y Peña.

La acusación es grave, pues “no se trata de hechos aislados, sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y de la economía nacional, es decir, en perjuicio de la hacienda pública federal y de los consumidores”. En otra parte de la denuncia se asegura que lo sucedido fue “una auténtica asociación para delinquir. Una conspiración de Estado para beneficiar a un particular (Braskem/Idesa) y a sus socios en el gobierno en perjuicio de Pemex, de la industria nacional y sus consumidores”.

Además de apuntar hacia Peña Nieto (ampliamente involucrado a partir de cuando menos la campaña presidencial de 2012, el nombramiento de Emilio Lozoya como director de Pemex y el otorgamiento de contratos y concesiones sumamente ventajosas a Odebrecht y sus aliadas o filiales), la denuncia del frente tripartidista que apoya a Anaya ha ampliado el alcance del radar hasta alguien poco mencionado en el escándalo de corrupción continental iniciado en Brasil: a Felipe Calderón, quien hasta ahora había nadado de a muertito en el tema, a pesar de que justamente los temas petroleros y energéticos en general fueron parte del saldo oscuro de su administración.

El caso criminal denominado Etileno XXI alcanzaría, según los frentistas, a los citados Peña, Meade y Calderón, pero también a los exdirectores de Pemex, Emilio Lozoya y Juan José Suárez Coppel,  a los exsecretarios de Estado Carlos Ruiz Sacristán y Jordy Herrera, y al actual secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray, y al embajador formal de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez.

Hablando de relaciones exteriores, ha habido enojo de mexicanos ante la tibieza burocrática del citado Videgaray y su equipo ante la detención de niños migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también mexicanos, en jaulas policiacas estadunidenses. Siempre sometida a los dictados de la Casa Blanca de Washington, la cancillería peñista recurre a una retórica de bajo alcance y a una operatividad diplomática inocua, temerosa siempre la trinca Peña- Videgaray-Meade de ofender al multimillonario insolente y desquiciado, del cual esperan favores electorales de última hora.

Pero no solo ha causado irritación la medida que marca a los niños y los encierra en jaulas metálicas, en un descuadrado intento trumpista de contener la migración hacia Estados Unidos al dividir a las familias llegadas a ese país sin cumplir con los requisitos legales del caso. También ha sido estrepitosa la decisión del gobierno gringo de dejar el consejo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La administración Trump ya había advertido, desde un año atrás, de su intención de dejar el citado consejo de la ONU. Ayer, arguyendo que ese órgano da un trato muy adverso al tema israelí, la embajadora Nikki Haley formalizó la salida de cuadro del gobierno estadunidense, lo cual le permitirá estar ausente de las sesiones plenarias de ese consejo de derechos humanos, en las cuales seguramente habrá una postura crítica a los actos contra niños y familias migrantes, como ya se han expresado previamente en ese mismo ámbito de la ONU.

Por lo pronto, se está convocando para este jueves, a las cuatro de la tarde, a una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en México. La actriz Edith González incluso tuiteó: “Y si toda #América, si cada país manifiesta su solidaridad de forma pacífica frente a la embajada de USA? #laUnionHaceLaFuerza!”.

Luego de un año y ocho meses de cumplir con los requerimientos judiciales para sentenciar a quien la violó en un autobús de Enlaces Terrestres Nacionales el 7 de junio de 2016, la potosina Rosa Margarita Ortiz se ha enterado de que todo el procedimiento debe ser repuesto, por instrucciones de tres jueces de un tribunal de alzada. Ello significa volver a realizar audiencias y diligencias, a encarar al violador y a reiterar pruebas y testimonios. Ante ello, Rosa Margarita ha dicho que está frente a un “Estado de derecho que defiende más a los delincuentes en México que a las víctimas de los delitos; ahora entiendo, y no nos sorprende, que haya gente que se haga justicia por su propia mano”. ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.