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Medios públicos mendigos

Rogelio Hernández López

E n charlas de periodistas saltó la ilusión de que en 2015 disminuiría un poco el dominio de las grandes cadenas privadas de televisión y de radio en el mercado de la información y de la publicidad, porque los medios públicos y sociales comenzarían a competirles en 2015, gracias a la reforma constitucional y la promulgación de nuevas leyes de radiodifusión… ¡Oh, qué ignaros somos!

Con esa alucinación acudimos a un foro especial sobre medios públicos en el Senado de la República el 26 de noviembre y entonces supimos que los medios sociales todavía no significan competencia preocupante en el mercado de la publicidad, y que los medios públicos no sólo seguirán impedidos para tener suficientes ingresos por venta de publicidad o la venta de servicios, sino que deberán operar con menos recursos que el año pasado, porque su presupuesto para el año entrante será menor. Prácticamente han tenido que mendigar, en palabras del senador Javier Corral Jurado.

Así, los grandes corporativos continuarán llevándose las mayores tajadas del llamado pastel publicitario para 2015, año de elecciones federales y de otras concurrentes en los estados, con un monto que seguramente será mayor a los 72 mil millones de pesos, según la agencia Marketingdirecto.com (en 2014 el total rebasará los 5 mil 150 millones de dólares). Y los medios públicos, casi nada o nada.

Medios públicos y privados

Para quien lo ignore, el sector público todavía no es competidor preocupante para el sector privado en materia de información de interés público y muchos menos en ingresos por el mercado de la publicidad. No compite nada en impresos y sí está incrementando presencia en medios electrónicos.

En impresos, el gobierno federal y los gobiernos estatales no cuentan con medios informativos impresos, salvo los oficiales y eventualmente los de tipo propagandísticos que no compiten en el mercado de la información y la publicidad, con excepción de algunas revistas especializadas de centros educativos. En contraste, los impresos privados, en 2014, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación son 1,225 (579 diarios y 646 revistas impresas).

En radiodifusión, sí hay cantidades interesantes de los llamados medios públicos en México; para 2012 eran unas 450 estaciones de radio y canales de televisión, de acuerdo con un informe elaborado por Rodrigo Gómez y Gabriel Sosa-Plata para Open Society. Pero sin coordinación y sin un techo legal que los proteja, auspicie y promueva. Falta una ley general para los medios públicos, insisten los senadores Javier Corral, Alejandro Encinas y otros.

Para medir el peso de los medios públicos frente al total, hay que contrastar que en televisión se registran unas 578 estaciones de señal abierta (aparte las de señal restringida); que en radio son unas 1,053 emisoras en el país y la mayoría usufructuadas por empresas privadas concentradoras, entre las que destacan Televisa y TV Azteca, como todos sabemos.

En lo general, los medios públicos tienen el siguiente perfil estadístico según informa en su sitio web el nuevo organismo llamado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (antes OPMA, ahora SPR):

“Al iniciar la segunda década del siglo XXI, México cuenta con una oferta amplia y diversa de estaciones de radio y televisión pública con sistemas a nivel federal. Existen –agrega– sistemas de comunicación estatales y en algunos casos, regionales, además de universidades y otros organismos públicos y privados que distribuyen señales culturales y educativas a lo largo y ancho del país”.

Más específicamente, a fines de 2014 existen alrededor de 56 sistemas de radio y televisión pública que integran la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisión Educativas y Culturales.

De televisión pública existen 32 emisoras. 24 pertenecen a gobiernos locales de entidades estatales; 4 con carácter federal y son operadas desde el D.F. (Canal 22 de la SEP, Canal 11 del IPN, y el que crece rápidamente se llama “Una Voz Con Todos” y es operado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR); 4 dependen de universidades públicas (UNAM, Sonora, Nuevo León y Guadalajara) y destacan las señales del sistema del Estado de México, canal 21 del DF y los canales de los poderes legislativo y judicial.

De radio, según los datos de SPR “en el ámbito federal, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) es la instancia encargada de administrar más de 20 estaciones a nivel nacional; entre ellas destacan las siguientes: La B Grande de México, Opus, Reactor, Horizonte y Radio Ciudadana, en la ciudad de México y estados aledaños. El IMER tiene una fuente de financiamiento alterna por servicios de producción e ingeniería a terceros, así como la posibilidad de recibir patrocinios.

Por separado funciona Radio Educación, con una cobertura metropolitana en la ciudad de México y 16 estados de la república y por vía satelital a todo el territorio nacional, Centroamérica, el norte de Sudamérica y el sur de Estados Unidos.

Actualmente, 16 estados cuentan con estaciones de radio operadas por los gobiernos locales, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Hay también más de 50 radiodifusoras universitarias que requieren modificar su tecnología si quieren ampliar sus espectros. Destacan Radio UNAM, Radio U de G, Ibero90.9, y otras

Localmente, existe un sistema de radiodifusoras culturales indigenistas “que comprende 21 estaciones que transmiten en 32 lenguas indígenas y sus variantes que se ubican en distintos estados.

Recursos a la baja

Otra certeza que circuló también entre los expertos que acudieron al foro fue que “la ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (antes OPMA), establece limitantes para que los medios públicos reciban patrocinios. Por ejemplo, no pueden transmitir anuncios comerciales y no pueden utilizar slogan de las firmas, solo logos, nombres o razón social”. O sea, todos los medios públicos, en mayor o menor medida son dependientes del presupuesto oficial.

En todo este contexto fue que me entristecieron los datos que ofreció el senador Corral Jurado durante el foro ante más de un centenar de directivos de medios, académicos, periodistas y observadores. Aseveró que tendrían menores recursos en 2015:

“El IMER registró una baja en su presupuesto para el año próximo de 291.2 millones de pesos a 182.7 millones;

“Radio Educación pasará de 92.3 millones a 85.2 millones de pesos;

“Los canales de televisión 11 y 22 permanecerán con un monto igual al de este año: 612 millones y 200 millones de pesos. Su tendencia durante 7 años, en valores nominales y reales, ha sido a la baja desde 2008 cuando ambos tuvieron 532.4  millones y 224.2  millones respectivamente.

“Al nuevo Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, antes OPMA se le destinará el mismo monto de operación que al órgano que le antecedió, 161 millones de pesos, más una partida adicional de 240 millones para inversiones en tecnología para ampliar coberturas para su propia señal y de otros medios públicos”

Tal panorama pone como caso también de mendicidad al propio Canal del Congreso. Por eso ironizó Corral: “el mandarinato que lo controla (al Congreso de la Unión), ni a su propio canal le concede apoyo”. “Los medios públicos tienen que mendigar”, remató.

Entonces –derivo yo– el mercado de la publicidad seguirá siendo territorio de privilegios para los grandes corporativos privados. Véase. Con datos del estudio Valor del Mercado de Medios de  la Asociación de Agencias de Medios (AAM), se estima que el gasto publicitario total en México (de los sectores público y privado) para 2013 fue de unos 72 mil millones de pesos. Y el monto total para 2015, año electoral seguramente será superior.

Javier Corral y el senador Alejandro Encinas relataron los esfuerzos que hicieron para que la reforma constitucional tuviera leyes secundarias acordes a ella. Pero “se fueron para otro lado… La realidad se impuso. Se le dieron otra vez privilegios, canonjías a la televisión privada… El Legislativo dejó pasar una oportunidad histórica”.

Lo de fondo, que nos debe interesar más directamente a los periodistas, es que nuestra obligación de informar profesionalmente también seguirá limitada, por un régimen de medios donde unos cuantos dominan la propiedad, dominan la publicidad y también dominan las agendas políticas de la información de interés público, a veces aliados con los gobernantes y otras en su contra hasta obligarlos a que atiendas sus intereses. Todo eso ya lo sabíamos, pero por un momento, algunos ilusionamos que podría comenzar a cambiar por el lado del desarrollo de los medios públicos.