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¿Mera coincidencia con la realidad?

Carlos López Torres

H ace apenas un mes aproximadamente, el ex presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado se lamentaba al tiempo que reclamaba al ex procurador de Justicia en el Estado, mayor agilidad en el tratamiento jurídico sobre el caso de por lo menos una decena de presidentes municipales, entre ellos el de la ex alcaldesa de San Luis Potosí Victoria Labastida Aguirre, y varios colaboradores en su administración, a quienes se les había comprobado una serie de irregularidades millonarias, puestas en tiempo y forma ante la PGJE desde mucho tiempo atrás.

Aunque en aquel entonces el ex titular de la PGJE alegó la enorme carga de trabajo que impedía el desahogar los abultados expedientes, anunció que algunos casos ya estaban por resolverse. No fue sino hasta el cambio del titular del Ejecutivo, “por mera coincidencia”, cuando el Juzgado Sexto de San Luis Potosí libró órdenes de aprehensión en contra de la ex alcaldesa priísta, el ex tesorero Agustín Soberón Álvarez, el ex secretario Emigdio Ilizaliturri, Luis Miguel Ávalos Oyarvides, regidor y alcalde interino, y la contralora municipal Glafira Ruiz Leura, acusados de peculado y uso indebido de la función pública.

La celeridad del caso dista mucho de cientos de funcionarios, alcaldes la mayoría, cuyos expedientes se encuentran empolvados prácticamente en los juzgados en espera de ser dictaminados. Algunos de los que reclamaban los diputados y la ASE, del mismo periodo que el de Labastida Aguirre, “por mera coincidencia” no han sido resueltos, y por lo mismo, no se han librado órdenes de aprehensión; por lo que el nuevo procurador tendrá la oportunidad de honrar la palabra de su jefe, al agilizar el rezago en materia de irregularidades comprobadas de los funcionarios en cuestión.

No obstante las declaraciones de la presidenta del tricolor, Rebeca Terán Guevara, quien asegura que no es el PRI el que falla, sino las personas, lo cierto es que el instituto político en ningún momento se atrevió a aplicar el estatuto en el caso de los señalados funcionarios, ni siquiera para suspender temporalmente a los implicados mientras se hacían las investigaciones del caso. ¿Sería porque se les consideraba todavía priístas distinguidos?, o como en el caso de Aurelio Gancedo, también mencionado como implicado como director de Desarrollo Social del Ayuntamiento y coordinador de la campaña para el Senado de Victoria Labastida, a quien los priístas consideran como el que recuperó la gubernatura y la administración capitalina siendo presidente del CDE del PRI.

Lo que no dice Terán Guevara es que ya desde 2011 la ASE había encontrado irregularidades por 25 millones en la cuenta pública de la hoy buscada por la policía “por mera casualidad”. Seguramente tampoco desconoce la diputada Rebeca Terán que ya en 2012 las irregularidades eran de 234 millones de pesos y la deuda del ayuntamiento capitalino ascendía a 593 millones 281 mil 487 pesos.

Más ágiles que la burocracia política, los electores cobraron la factura al tricolor en la pasada elección al votar por otra opción política, cuya responsabilidad primordial es analizar el estado que guarda la actual administración municipal, sus manejos, y, por supuesto, su relación con la anterior. La bancarrota en que han dejado las finanzas municipales y el grave deterioro de la demarcación en todos los sentidos no es “mera casualidad”.