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¿Mera coincidencia?

Carlos López Torres

A caso pensando que la libertad de expresión, garantizada en la Constitución General de la República, tendría plena vigencia en Matehuala, sobre todo estando de gira por esa región el gobernador Fernando Toranzo, algunos jóvenes de la otrora ciudad de las camelias  finalmente llegaron al acuerdo de hacer uso de ese derecho, manifestándose en la plaza pública de donde fueron echados de inmediato por la fuerza con la policía.

Para tal efecto, habían preparado los manifestantes reprimidos algunas cartulinas alusivas a la horrenda masacre que vivieron los muchachos normalistas de Ayotzinapa, demandando la aparición con vida de los 43 jóvenes que nos faltan desde ese día, así como la acusación que desde hace más de un mes acompaña invariablemente toda protesta con ese motivo: ¡Fue el Estado!

Recuperados de la sorpresa, los muchachos acordaron manifestar nuevamente su inconformidad instalando otras cartulinas en el quiosco de la plaza principal, aunque ahora exigiendo respeto a la libertad de expresión y ¡no a la represión en Matehuala! Asimismo, reiterando ¡todos con Ayotzinapa!, junto a una muy sugestiva que decía: se solicita sangre tipo Zapata para todos los mexicanos artículo 39 (de nuestra Carta Magna).

Coincidentemente a su llegada a México, donde millones ya piden su renuncia, Peña Nieto lanzó la advertencia de recurrir al uso de la fuerza, monopolio exclusivo del Estado “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”, abundó el ausente durante su arribo después de lamentar los hechos de violencia registrados en algunas ciudades del país.

Posterior a la declaración del presidente viajero, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal inicia una diligencia en el campus de la UNAM con agentes y peritos de la dependencia para investigar la denuncia del robo de un celular. Descubiertos por los estudiantes, los agentes aseguran que para repeler la agresión se vieron obligados a disparar al aire, aunque existen fotos de las lesiones producidas por arma de fuego que atinaron a lesionar a un estudiante.

El uso de la provocación como recurso para inculpar a los opositores y luchadores sociales es tan antiguo como esa institución llamada cárcel política, usada recurrentemente para castigar a los disidentes políticos, reprimir los movimientos sociales y justificar el uso de la fuerza del Estado. Han aparecido ya algunos signos ominosos que hacen pensar en el riesgo del uso de la fuerza para detener la dimensión alcanzada por la protesta social.

Tiene razón el canciller de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Fernando Ovalle Martínez, cuando señala la “omisión de las autoridades federales, por no prevenir las reacciones agresivas de los grupos anarquistas”. Aunque termina aceptando el uso de la fuerza contra estos grupos.

El movimiento tiene que demandar de inmediato una verdadera investigación sobre los nexos de estos grupos de provocadores con el poder, con los funcionarios que invariablemente les permiten en un determinado momento de las luchas intervenir sin control aparente, para ocasionar actos vandálicos que efectivamente la mayor de las veces nada tienen que ver con la lucha, sobre todo cuando los provocadores suelen cubrir su rostro y desaparecen con la misma celeridad con que llegaros para cometer sus acciones.

Por ello mismo, el movimiento ciudadano tiene necesidad de exigir la aclaración de esta relación entre provocadores y gobernantes, toda vez que el Estado mexicano recurrentemente ha venido utilizando la provocación como estrategia contra quienes luchamos por cambiar el actual estado de cosas.

JSL
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