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México: ¿gobierno abierto?

Renata Terrazas *

E sta semana se celebró la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en México. Integrantes de la sociedad civil y representantes de gobiernos de más de 60 países se dieron cita en la Ciudad de México para discutir sobre retos y oportunidades del gobierno abierto en sus respectivos países.

La AGA es una plataforma que permite que gobiernos y sociedad civil identifiquen compromisos para la apertura de información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana a través de tecnología de la información. Si bien diversos proyectos interesantes han derivado de la AGA, sería un error pensar que cumplir con compromisos técnicos de los planes de acción es tener un gobierno abierto.

El mejor ejemplo lo da México que, orgulloso, puede decir que ha cumplido al 100 por ciento con los 26 compromisos de su segundo plan de acción; esto, al tiempo que a lo largo de los últimos dos años se ha cerrado información relevante y se han asfixiado espacios de diálogo entre sociedad y gobierno, en donde la represión ha sido la respuesta de gobierno.

La inauguración de la Cumbre muestra a la perfección la dualidad del gobierno mexicano en cuanto a apertura se refiere. Mientras se celebraban los inicios de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto y Enrique Peña Nieto hablaba de su compromiso con la transparencia y apertura gubernamental; el evento se desarrolló a puertas cerradas. El acto inaugural se realizó en el Palacio de Bellas Artes con una minoría de los asistentes a la Cumbre como invitados y con todo el recinto rodeado de vallas y “protegido” por el Estado Mayor Presidencial.

¿A qué le tenía miedo Peña Nieto? Más allá de lo obvio, que es el temor del presidente de México a su propia gente, lo que el titular del ejecutivo federal buscó evitar es la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil a su discurso vacío y falto de compromisos reales.

Mientras Peña Nieto terminaba de hablar en Bellas Artes, alrededor de 50 personas en representación de más de 190 organizaciones de la sociedad civil mexicanas y de otros países, tomaban el estrado en el Palacio de Minería –lugar donde se celebraron todas las sesiones de la AGA, a excepción de la inauguración–. El motivo de la toma del micrófono era denunciar ante la comunidad internacional la falta de congruencia de las acciones del gobierno federal mexicano con respecto a la apertura gubernamental. La denuncia era clara: ¿cómo pensar que México es un gobierno abierto mientras se sostiene en la impunidad y la corrupción generalizada?

El mensaje de las diversas organizaciones a lo largo de las sesiones se fijó sobre los gigantescos problemas que México enfrenta en cuanto a violaciones a los derechos humanos y un sistema de justicia que castiga a los que alzan la voz y premia a los que trafican influencias e intercambian beneficios políticos por económicos.

No hay forma de pensar que el país que crea mentiras históricas es un gobierno abierto. El gobierno federal ha cerrado expedientes relacionados con la construcción de la memoria histórica, como lo es el caso de la galería 1 del Archivo General de la Nación el cual contiene toda la información relacionada con la Guerra Sucia en México. De igual forma, ha escondido pruebas sobre uno de los casos más indignantes que como sociedad hemos enfrentado y ha tratado de ofrecer por verdad una mentira, como en el caso de Ayotzinapa.

En uno de los momentos más bajos de credibilidad de las instituciones y ante falta de legitimidad de los gobiernos y representantes, hablar de gobierno abierto resulta un tanto irrisorio. Efectivamente, derivado de la AGA se han cumplido compromisos que abonan hacia la construcción de una cultura democrática, pero no debemos confundir los avances técnicos con transformaciones reales.

México jamás tendrá un gobierno abierto en la medida que se siga callando con balas a periodistas críticos, que se siga encarcelando a disidentes y líderes sociales, se repriman las protestas, deslegitimen las demandas sociales tildándolas de quejas vanas, se continúe explotando los recursos naturales para el beneficio de unas élites, a costa de la sociedad y el medio ambiente o se tomen decisiones sobre lo público a puerta cerrada.

Gobierno abierto no es cumplir con 26 compromisos cada dos años, significa dar la cara a la sociedad por las decisiones que se toman y atenerse a las consecuencias de los actos negligentes o corruptos. Gobierno abierto significa dar pasos reales hacia la erradicación de la corrupción, no sólo creando sistemas y leyes, sino impidiendo y castigando el tráfico de influencias, por ejemplo, para la compra de casas blancas.

Un país con 99 por ciento de impunidad; con una deuda pública creciente sin beneficios públicos; con la celebración de contratos a puertas cerradas; siendo el primer lugar en corrupción entre los países de la OECD; con más de 26 mil personas desaparecidas; y con ejecuciones extrajudiciales y tortura generalizada; no puede, ni debe, llamarse gobierno abierto.

* Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas