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México SA: Atraco a consumidores

reforma energética

C on la “rápida acción” que amerita el caso, las presuntas autoridades defensoras de los consumidores, las que dicen procurar justicia y las que aseguran defender a los ciudadanos de actos de terceros que lesionan su seguridad –física o económica– pusieron en marcha un “inmediato y ejemplar operativo” para erradicar “tajantemente” una práctica ilícita que lacera los bolsillos de millones de mexicanos, cotidianamente asaltados por algunos intermediarios del gobierno federal, dedicados a la “ordeña” permanente de quienes se ven en la necesidad de adquirir los productos por ellos comercializados, concretamente gasolinas y diésel.

Tan loable acción fue anunciada en mayo de 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, por el entonces procurador federal del consumidor, Fernando Lerdo de Tejada, quien prometió erradicar la práctica de vender litros de 700 mililitros en las gasolineras del país, conocida por aquellos ayeres como “ordeña inteligente”, pues los propietarios de tales instalaciones instalaban un “chip” en las máquinas expendedoras que permitía reducir discrecionalmente el volumen a despachar.

Pues bien, transcurridos casi 19 años brillan por su ausencia los resultados de aquella “rápida acción” y del “inmediato y ejemplar operativo”, pues los consumidores de combustibles no han dejado de ser “ordeñados” y cotidianamente asaltados por la mayoría de los concesionarios o franquiciatarios Pemex de estaciones de servicio, mejor conocidas como gasolineras, cuyo número se multiplicó por tres en el periodo referido.

En mayo de 1996 las procuradurías Federal del Consumidor y General de la República presumían que sus sabuesos, “tan sólo en el presente mes”, revisaron alrededor de 900 gasolineras (26 por ciento del total en ese entonces) y detectaron irregularidades en 448 bombas en 20 estados del país y el Distrito Federal, de tal suerte que clausuraron 20 establecimientos (algo así como 0.5 por ciento del total). “Las investigaciones realizadas han permitido conocer la instalación, en algunas gasolineras, de sistemas electrónicos que alteran, a control remoto, las bombas servidoras de gasolinas magna sin y nova, así como de diésel”, con lo que demostraban, según decían, que la cosa iba en serio.

Fue tan “ejemplar” y “rápido” el operativo anunciado que en los hechos la “ordeña” siguió su curso (al igual que el robo en ductos), con lo que el asalto al consumidor se fortaleció y se dio por dos vías, ambas institucionalizadas: litros de 700 mililitros y precios cada día más elevados (en este 2015 la diferencia entre los que se cobran en Estados Unidos y los que se aplican internamente es de 50 por ciento, en detrimento de los que compran aquí, desde luego).

El descaro en la “ordeña” fue tal que el 8 de agosto de 2004, ocho años después de aquel pomposo anuncio, Petróleos Mexicanos anunció, tras el requerimiento de la Profeco, que iniciaría “el procedimiento de rescisión de contratos de franquicias a aquellas estaciones de servicio que, luego de los muestreos realizados en los últimos días por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hayan incurrido en irregularidades en el suministro de gasolina a los consumidores. El objetivo de estas medidas es proporcionarle al público consumidor la certeza de que cada vez que acuda a una estación de servicio recibirá los volúmenes exactos del combustible pagado”.

Como siempre, el anuncio fue de saliva pues cinco días después el en ese entonces director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, reconoció que “no se pueden rescindir los contratos de las franquicias de las estaciones de servicio porque la normatividad no lo permite… En la ley no aparece la figura de rescisión y para evitar indemnizar a las gasolineras cuestionadas se trabaja en el rediseño de las franquicias, para sortear lagunas legales y cubrir todas las posibilidades y que sean contenidas en el nuevo esquema de franquicia”.

Por esas fechas el secretario foxista de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, informó que la dependencia a su cargo detectó un fraude cometido en perjuicio de los consumidores por alrededor de 8 mil 600 millones de pesos por propietarios de 368 gasolineras del país, en las que los litros de combustible nunca contienen mil mililitros (la merma va de 5 a 43 por ciento), aunque el precio sí se cobra íntegro. “El 90 por ciento de las 410 estaciones de servicio revisadas estuvieron fuera de la norma. Por ello se presentará una denuncia en la PGR y tanto Pemex como la Profeco conocerán los resultados de la investigación” (Por cierto, una semana después Gertz Manero renunció al cargo, porque “me voy a jubilar por el Issste’’).

Nada se hizo, desde luego, y el mensaje de que todo seguiría igual lo dio el por esas fechas procurador federal del consumidor, Carlos Arce: “la institución no tiene elementos legales para controlar (a tales empresarios), porque la norma establece que la Profeco verifique la parte mecánica y hoy las gasolineras usan celulares, palms o computadoras para programar el volumen y venta del producto” (léase políticos y poderosos grupos empresariales son los mayores concesionarios de gasolineras, entre ellos el actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, o el “líder” en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, por decir algunos).

Así, la “ordeña” siguió y siguió sin que autoridad alguna frenara el saqueo a los consumidores, a la par que el incremento de las “tomas clandestinas”. Ya en 2008 se dio el escándalo de Juan Camilo Mouriño –el angelito de Calderón, entonces en la Secretaría de Gobernación– y, con su familia, sus jugosos negocios con Pemex y más de 40 gasolineras en el sureste mexicano, de las que 97 por ciento reportaron irregularidades (“ordeñas”) de acuerdo con el muestreo de la Profeco.

Pasaron los años y nada. Por eso, en 2015 la Profeco mantiene su “programa de verificación” a gasolineras, y a estas alturas el reporte indica que cuando menos 66 por ciento de ellas “ordeña” a los consumidores (las de Mouriño se mantienen en la lista), mientras en los casi 19 años transcurridos desde aquella “rápida acción” de 1996 las “tomas clandestinas” se han multiplicado por cuatro, cuando menos, y el precio oficial de los combustibles resulta mayor en 500 por ciento.

He allí la eficacia de los operativos “inmediatos y ejemplares” de las presuntas autoridades.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Los griegos se quitaron de encima el fardo neoliberal que los asfixia. Mandaron a paseo a la Unión Europea, al FMI y a los acreedores, quienes deberán elegir otro chivo expiatorio para justificar sus rotundos fracasos económicos, porque los helenos optaron por el oxígeno.

Carlos Fernández Vega
Carlos Fernández Vega
Autor de la columna México SA de La Jornada. Presidente del Comité Editorial de filiales y franquicias de La Jornada.