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México SA: Cananea, un año después

reforma energética

A un año de distancia, ¿qué fue del “peor desastre ambiental de la industria minera del país”? (Guerra Abud dixit) (el derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos cometido por la empresa Buenavista del Cobre, propiedad de Germán Larrea y su Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea).

¿Qué fue de los “miles de millones de pesos” en multas que le cobrarían al consorcio del Zar del Cobre; de “la obligación” del corporativo “de remediar el daño, y del “exhorto” de la Comisión Permanente del Congreso (mediante punto de acuerdo promovido por el PRI) para que “la autoridad cancele la concesión otorgada a Grupo México, con relación a la mina Cananea, a consecuencia del daño ecológico y el riesgo inminente a que fueron sujetas la población y la flora y fauna ribereñas, con motivo del derrame de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora”?

¿Qué fue de la “exigencia” del Congreso para que el gobierno de Sonora (y Padrés aún despacha allí), las secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional del Agua “decreten la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se evalúan los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora” y, en fin, de la comisión especial del Congreso para “dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora”?

Pues lo de siempre, porque dice la presunta autoridad que todo “se remedió”, que justo ayer “concluyó el resarcimiento económico” a los afectados por el derrame tóxico, que en propaganda se gastó prácticamente lo mismo que en el diagnóstico ambiental (alrededor de 29 millones de pesos en cada caso), que la atención médica fue “expedita y exitosa” y que, en fin, en aquella zona de la geografía mexicana nada pasó, porque todo se resolvió, mientras los “miles de millones de pesos” en multas que le cobrarían al consorcio de Larrea (según anunció Guerra Abud) en realidad no pasaron de 23.5 millones de pesos. Esa es la versión oficial (la “verdad histórica” diría Murillo Karam), pero otra la realidad. La organización internacional Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación entre otras cosas documentó, por medio de sus especialistas, lo siguiente:

A un año del derrame tóxico el gobierno federal y Buenavista del Cobre han sido omisos en la remediación, y Grupo México ha estado mintiendo a la población de que el río está limpio y que el problema se solucionó; no existe un plan de remediación ambiental que abarque todo el terreno afectado; los Comités de Cuenca del Río Sonora, formados por personas afectadas por el derrame, interpusieron cinco amparos denunciando múltiples irregularidades cometidas por el gobierno federal y Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México; con los amparos exigen que las autoridades garanticen su participación en los planes de remediación del derrame, que las mineras respeten el medio ambiente y hacer que Buenavista del Cobre y el gobierno federal reparen el daño de forma integral y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron por el derrame del 6 de agosto de 2014 y que han cambiado la vida de los habitantes de la región del río Sonora, así como responsabilizar a las autoridades –que han omitido algunas de sus obligaciones– para que protejan a la gente frente a la minera.

Buenavista del Cobre maneja residuos peligrosos sin autorización de la Semarnat; la mina opera sustancias tóxicas en instalaciones en construcción; la empresa mintió y dio aviso del derrame 25 horas después de ocurridos los hechos; Buenavista del Cobre no tiene plan de remediación ambiental que abarque todo el terreno afectado.

No se tiene el dato exacto sobre pérdidas económicas, por lo que el gobierno tiene la obligación de realizar un diagnóstico socioeconómico para contabilizar los daños a la salud, ganado y áreas de cosecha, entre otros, pero hasta hoy no lo ha hecho. Sin embargo, se pueden mencionar cosechas completas y semillas, porque los campos se inundaron con el agua contaminada. No se pudo sembrar a tiempo el ciclo otoño- invierno ante la incertidumbre sobre la disponibilidad y la calidad del agua.

La repartición de apoyos del Fideicomiso Río Sonora sólo abarcó 55 días de contingencia; además, la reparación del daño no correspondió a las pérdidas reales. Hay afectaciones que no tienen precio, como los cambios a las costumbres y la forma de vida regional, pero sobre todo a la salud. Las familias han gastado en doctores particulares para atender su salud. Los doctores que atienden a los afectados a nombre del fideicomiso o el gobierno minimizan síntomas o dicen que no tienen nada grave, diagnóstico contradicho por médicos particulares. Pérdida de la independencia alimentaria. Por primera vez tuvieron que comprar frijol y maíz para consumo personal. Pérdida en ventas de las pocas cosechas que sí se lograron, porque los consumidores tienen mucha desconfianza de la marca río Sonora.

Daños a la salud como diarreas, erupciones en la piel y pérdida de motricidad durante varios días. La principal preocupación ahora es el agua, por lo que no se puede afirmar que la tragedia pasó. Adicional a las pérdidas sufridas por el derrame, el 17 de septiembre una tormenta tropical provocó que se desbordara el río, el agua entró a los cultivos y hasta la fecha no se sabe si las tierras y el agua están contaminadas.

Los comités exigen a las autoridades: plan de remediación ambiental integral, que abarque las cuatro zonas afectadas donde se ubican los municipios involucrados; garantías –pruebas científicas bajo estándares internacionales– de que el agua y la tierra no están contaminadas; que se les consulte antes de que las autoridades otorguen a la empresa cualquier permiso ambiental; que Buenavista del Cobre trabaje con las autorizaciones que le obliga la ley, y con el programa de manejo de residuos que hoy no tiene; disponibilidad de agua de calidad: la sanidad del agua debe medirse con estándares internacionales y que se construyan las plantas potabilizadoras con el método de ósmosis inversa que el fideicomiso prometió a cada municipio y comisarías; que la Sagarpa aplique su plan de reactivación agrícola; resarcimiento real de pérdidas económicas; estudios y servicios de salud confiables para un tratamiento oportuno; hasta hoy no han construido la clínica que prometió la Cofepris.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

A un año de distancia, eso fue lo que pasó.

Carlos Fernández Vega
Carlos Fernández Vega
Autor de la columna México SA de La Jornada. Presidente del Comité Editorial de filiales y franquicias de La Jornada.