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México SA: Débito vs. crecimiento: 8-1

reforma energética

E n materia de deuda pública la Constitución ordena que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley en la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o restructura de deuda que debieran realizarse bajo las condiciones de mercado, así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”.

Hasta donde se sabe, a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto no se han concretado “operaciones de refinanciamiento o restructura” de la deuda pública ni acciones extraordinarias de regulación monetaria. Mucho menos “emergencia declarada” por parte del inquilino de la residencia oficial, de tal suerte que sólo quedaría el primero de los elementos constitucionales que se citan para justificar el endeudamiento galopante que registra el país desde que el susodicho llegó a Los Pinos.

Sin embargo, el incremento en los ingresos públicos que celebra EPN y sus muchachos sería producto de la “reforma fiscal” y no del endeudamiento público “para la ejecución de obras que directamente produzcan” dicho aumento. De hecho, en estos modernos tiempos lejos de ejecutarse obras, éstas se cancelan incluso desde el proyecto mismo (allí están los casos de los trenes o la refinería Bicentenario). Entonces, si ninguno de los condicionantes ordenados en el artículo 73 constitucional es útil, ¿qué justifica el pavoroso avance de la deuda pública en los últimos 29 meses?

Desde que Peña Nieto se instaló en la residencia oficial el saldo de la deuda del sector público federal se ha incrementado a razón de casi un millón 500 mil pesos por minuto, hasta sumar un billón 811 mil millones de pesos en los 29 meses (diciembre de 2012-abril de 2015) que lleva en Los Pinos, es decir, un aumento de 34 por ciento en el periodo, todo ello con base en las cifras de la Secretaría de Hacienda. Así, en ese periodo el saldo de la deuda neta del sector público federal pasó de 5 billones 352 mil millones de pesos a 7 billones 163 mil millones, monto equivalente a cerca de 43 por ciento del producto interno bruto.

Lo anterior equivale a un incremento anual de 14 por ciento en el saldo de la deuda del sector público federal (la correspondiente a estados y municipios se contabiliza aparte), resultado que contrasta con el “crecimiento” económico en el mismo periodo, que a duras penas promedia 1.8 por ciento anual. El endeudamiento, pues, aumenta a un paso casi ocho veces mayor que el de la economía, y los dineros provenientes del endeudamiento se han utilizado para todo menos para lo que ordena la Constitución.

Allá por el último año de José López Portillo en Los Pinos, quien endeudó al país a paso veloz y, con ello, provocó el grito del sector privado, la deuda del sector público federal equivalía a cerca de 34 por ciento del PIB. Ello justificó que su sucesor en la residencia oficial diera un drástico giro del modelo económico y comenzara el “adelgazamiento” del Estado (léase la privatización a ultranza), porque así no podían seguir las cosas, según dijo Miguel de la Madrid.

A la vuelta de 33 años, con un gobierno cada vez más famélico (aunque siempre igual de ineficiente), con una participación virtual en la economía (ahora sólo procura jugosos negocios para el gran capital nacional y foráneo) y ya sin nada que “adelgazar” (la venta de garaje de los bienes de la nación formalmente cerró sus puertas tras la “reforma” energética), la deuda del sector público federal equivale a 43 por ciento del PIB, nueve puntos porcentuales más que en 1982, y desde entonces la economía “crece”, si bien va, a un ritmo anual promedio de 2 por ciento, contra 6 por ciento antes del viraje económico que se dio “por el bien del país”, según se dijo. ¿Y dónde quedó la deuda?

Pues en todas partes, menos en las que debe utilizarse el endeudamiento. Por ejemplo, este año se cumplen dos décadas desde que el gobierno (zedillista en ese entonces) puso en marcha el “apoyo para capitalizar temporalmente a las instituciones bancarias”, es decir, el Fobaproa, uno de los más descarados atracos a la nación y a sus habitantes. Pues bien, 20 años después los mexicanos –quiéranlo o no– todavía “adeudan” más de 863 mil millones de pesos, no obstante que año tras año se destinan gruesas cantidades en el Presupuesto de Egresos de la Federación para “amortizar” ese pasivo.

También en 2015 se cumplen 18 años del “rescate” carretero ordenado por el propio Ernesto Zedillo, y a pesar de que todos los años se destinan ingresos presupuestales para “amortizar” este adeudo, los mexicanos aún adeudan –quiéranlo o no– cerca de 170 mil millones de pesos. Lo mejor del caso es que las carreteras “rescatadas” regresaron a los empresarios que las reventaron, quienes no pagan un centavo por tal pasivo.

Otro invento zedillista terminó en el fracaso financiero total: los Pidiregas, aquellos programas “autofinanciables” mediante los cuales la iniciativa privada construía las grandes obras de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y una vez recuperada la inversión, más una determinada tasa de ganancia para el capital, el gobierno asumía la propiedad y el control absoluto “para el bien de la nación”. A estas alturas en las tripas de la deuda pública se localizan alrededor de 100 mil millones de pesos y las obras se quedaron bajo el dominio de la parte privada.

Y como esos ejemplos mil más (como el de Petróleos Mexicanos, que cada día se endeuda más para satisfacer los excesivos requerimientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) de una deuda que crece a paso veloz y que es utilizada para pagar deuda (especialmente intereses) y demás fiestas, pero no “para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos” y, por ende, mayor bienestar a los mexicanos. Por lo visto, a la vuelta de los años José López Portillo sería un niño de teta comparado con el grupo de tecnócratas que llegó a “salvar al país” de “las políticas erróneas de gobiernos anteriores”. Así es: un deudor en cada hijo te dio.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Mientras el escándalo de Higa se cambió por el de OHL (aunque el eje es el mismo: EPN y sus muchachos), llegó la hora de comenzar a descontar el número de “reformas” aprobadas. De entrada va para afuera la educativa, es decir, aquella de la que Emilio Chuayffet afirmaba que “no hay marcha atrás”, porque “se hizo en favor de la patria toda”.

Carlos Fernández Vega
Carlos Fernández Vega
Autor de la columna México SA de La Jornada. Presidente del Comité Editorial de filiales y franquicias de La Jornada.