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México SA: Petroquímica en el suelo

reforma energética

C omo en tantas otras historias privatizadoras, la relativa a la industria petroquímica otrora nacional da cuenta de lo bien que los genios tecnocráticos han hecho las cosas: la producción sectorial se mantiene prácticamente estancada, con 16 años sin crecimiento y una relevancia económica permanentemente a la baja, al grado de que su participación en el producto interno bruto se desplomó de 10 por ciento en 1987 a sólo 1.8 por ciento en 2014.

La privatización del sector petroquímico nacional se remonta a los tiempos de Miguel de la Madrid, cuando a pesar del crecimiento sostenido del sector, en ese entonces paraestatal, el gobierno decidió abrirlo para que el capital privado ampliara su participación en él, utilizando para ello el truco de la “reclasificación” de productos (de estratégicos a prioritarios) y con la justificación de que “se liberarán recursos públicos para atender las necesidades sociales”.

Por aquellos ayeres, el propio De la Madrid daba cuenta de que “el Ejecutivo a mi cargo aprobó un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la industria petroquímica. Se reclasificaron 36 productos básicos (sólo el Estado participa) como secundarios (participación privada); el sector público se concentró en aquellos que constituyen su responsabilidad exclusiva, y se consolidó la participación de los sectores social y privado en los demás, lo que se traducirá en un incremento de la producción, en nuevas cadenas tecnológicas y en el cabal aprovechamiento de las ventajas que ofrece el mercado internacional”.

Carlos Salinas de Gortari hizo lo propio y aseguró que “la reclasificación de varios productos petroquímicos de básicos a secundarios en razón de los cambios tecnológicos ocurridos, permitirá liberar recursos públicos y contribuir a ese propósito, a la vez que estimulará la producción nacional de los mismos; se trabaja intensamente para elevar la productividad de esta actividad estratégica al haberse establecido nuevas relaciones laborales que protegen los derechos de los trabajadores y también los derechos de los mexicanos, auténticos propietarios de esta actividad”. Al Estado le dejaron las migajas y el gran pastel se lo entregaron al capital privado.

Pues bien, tres décadas después son los propios empresarios congregados en la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) quienes en un seminario sobre petroquímica resumen el resultado: a pesar de que México tiene una situación estratégica, la ventaja competitiva en energéticos no se materializa; la capacidad de refinación es reducida, lo que limita la disponibilidad de materia prima para la industria, de tal suerte que depende de las importaciones.

El desarrollo de la industria petroquímica se frenó abruptamente a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y desde entonces no se ha establecido un plan de largo plazo para su crecimiento; la balanza comercial ha sido deficitaria en las últimas dos décadas, y el saldo negativo impacta en forma importante en la economía del país; Pemex no ha realizado inversiones mayores en petroquímica en los últimos 25 años, entre tantas otras delicias.

La tecnocracia decidió que la petroquímica no era un sector estratégico para el país y al no serlo –según dijo– el sector empresarial podría participar con sus dineros para que el erario liberara recursos para el sector social y respirara sin presiones. A la vuelta de los años el erario se mantiene cianótico y el sector social es una bomba de mecha cada día más corta.

Un paseo rápido por la historia dice así: en 1951 comenzó a desarrollarse el citado sector, y el gobierno de Adolfo López Mateos, al expedir la Ley Petroquímica de 1959, ratificó la exclusividad del Estado –vía Pemex– para procesar y comercializar la petroquímica básica y para ello estableció que la conformarían alrededor de 70 productos. En 1960 oficialmente se puso en marcha la industria petroquímica paraestatal, pero el gusto duró poco más de cinco lustros, pues en 1986 Miguel de la Madrid inició el desmantelamiento (privatización) de la industria petroquímica del Estado (“para evitar que al pretender abarcar mucho se apriete poco”). Así, de poco más de 70 productos petroquímicos básicos –reservados al Estado–, “reclasificó” alrededor de 40 y de un plumazo los reclasificó en secundarios –capital privado–, de tal suerte que restó margen de maniobra financiera y comercial a la industria petroquímica operada por Pemex y hasta ese momento reservada a la nación. Quedaron poco más de 30 productos básicos.

Tres años después (1989), Carlos Salinas de Gortari de nueva cuenta “reclasificó” los productos petroquímicos básicos y de 30 los redujo a 19, y en 1992 a sólo nueve, con lo que restringió más el margen de maniobra de Petróleos Mexicanos. La inversión pública en este sector prácticamente desapareció. Para no quedarse atrás, Ernesto Zedillo (1996) quiso dar la puntilla a la participación pública en esta área productiva e impuso la “nueva ley” reglamentaria del artículo 27 constitucional que autorizó la venta de 61 plantas petroquímicas propiedad de la nación (51 por ciento el Estado, 49 el capital privado), y de regalo un exquisito bombón: las nuevas reglas (la citada fórmula 51/49 por ciento) sólo se aplicaban a las plantas petroquímicas existentes –las viejas, a las que en esa década (1986-1996) no se les invirtió un solo centavo–, porque para las nuevas la inversión privada extranjera es al 100 por ciento.

Como propiedad de la nación, la industria petroquímica básica registró una tasa anual promedio de crecimiento cercana a 15 por ciento (1970-1980); en su etapa de “reclasificación” (1986-1990) se redujo a 9 por ciento y, consolidada la privatización (1990 en adelante), lejos de avanzar retrocedió 0.6 por ciento. Y de ser un sector superavitario en su balanza comercial, ahora reporta un déficit creciente. Sólo para dar una idea, la estadística de la Cámara de Diputados documenta que en el periodo 1993-2007 el volumen total de petroquímicos se redujo a una tasa media anual de 3.1 por ciento, y para contrarrestar la caída dsre incrementaron 211 por ciento las importaciones. A estas alturas más de 90 por ciento de esta actividad es propiedad de particulares, nacionales y extranjeros, y el actual gobierno (como en los cinco anteriores) se aferra a que esa es la “solución”.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

De tragedias y conexos: no se sabe si los griegos tienen el mismo vicio que los mexicanos, o al revés, pero el hecho es que ambos reeligen a quienes ostentosa y permanentemente les mienten y los pasan a cuchillo. Es el drama de los griexicanos.

Carlos Fernández Vega
Carlos Fernández Vega
Autor de la columna México SA de La Jornada. Presidente del Comité Editorial de filiales y franquicias de La Jornada.