Galería de víctimas sociales
9 octubre, 2015
reforma energética
México SA: Economía decadente
9 octubre, 2015

Mis soldados

Renata Terrazas *

L os retos para la instauración de un régimen democrático son varios; la cultura cívica –o falta de ella–, la resistencia burocrática y la pugna por la instauración de los valores que la sostienen, a diferencia de los de corte autoritario.

La construcción de instituciones democráticas requiere tanto de la creación de marcos normativos adecuados como de la construcción de mecanismos que hagan válidos los valores democráticos: apertura, transparencia, inclusión, controles democráticos, rendición de cuentas, garantía de derechos.

Instituciones cerradas a las prácticas democráticas, en cualquier Estado que se asuma como tal, representan un anacronismo. Ya sean instituciones de educación, sociales, de salud o de defensa.

Una de las diferencias más notorias entre regímenes democráticos y autoritarios es la existencia de controles que impidan el abuso de poder y hagan a los actores públicos rendir cuentas sobre sus actos. Un régimen autoritario, y sus instituciones, no permiten someterse al cuestionamiento público y rechazan cualquier probabilidad de rendir cuentas.

Tal actitud la pudimos identificar ante la negativa del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de sostener una reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se llevaban a cabo las investigaciones sobre lo sucedido en Ayotzinapa en 2014.

En una declaración del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ante una comisión especial de diputados para el caso Ayotzinapa, éste mencionó que no aceptó la reunión con el GIEI dado que éste no tiene jurisdicción en el Ejército –como si éste no fuera parte del Estado Mexicano–.

Habría que preguntarle al secretario Cienfuegos quién tiene jurisdicción sobre el Ejército. Sabemos que la Procuraduría General de la República (PGR) citó a declarar a varios integrantes del Ejército por el caso Ayotzinapa, sin embargo, sabemos también que las investigaciones de la PGR han dejado mucho que desear dada su negligencia y mala actuación en las investigaciones que se constatan por el ocultamiento de evidencia.

Hace unos meses, cuando se cumplía un año de lo sucedido en Tlatlaya, Salvador Cienfuegos mencionó, en una entrevista para El Universal, que él apuraba a las investigaciones para que se pudiera fincar responsabilidades o exonerar a los soldados que participaron en las ejecuciones en el Estado de México. En esa misma entrevista, mostró su inconformidad por la reducción del fuero del Ejército que permite que casos de violaciones de derechos a civiles se procesen en tribunales civiles –lo cual ha significado uno de los grandes logros en la construcción de institucionalidad democrática en México.

Y vuelvo a realizar la pregunta, ¿a quién desea rendirle cuentas el secretario Cienfuegos? Cualquier país democrático debe tener controles civiles sobre sus instituciones, incluyendo a las fuerzas armadas. Y estas deben aceptar el trabajo de las comisiones, grupos, relatorías o cualquier figura internacional que el Estado reconozca, e incluso que invite, –como lo es el GIEI.

La internalización de los valores democráticos en las fuerzas armadas no disminuye la disciplina ni atenta contra la eficacia de sus acciones. Los derechos humanos, así como la transparencia y la apertura de las instituciones no tienen por qué poner en riesgo la seguridad nacional ni reducir la fortaleza de las instituciones castrenses.

Es importante señalar que las interrogaciones al 27 Batallón del Ejército sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa forman parte del trabajo al que el GIEI fue encomendado a invitación del titular del Ejecutivo federal, es decir, del jefe máximo de las fuerzas armadas. ¿Por qué entonces un subordinado habría de negarse a cumplir los acuerdos del propio presidente de la República?

No se trata de interrogar a los soldados del secretario Cienfuegos por el puro placer, se trata de cumplir con el principio que sostiene a un Estado democrático, y es la protección y garantía de las personas. Y para ello hay que determinar si participaron en las desapariciones de los normalistas o de qué forma intervinieron en los hechos.

Señor Cienfuegos, esos que llama mis soldados no lo son, son parte del brazo armado del Estado mexicano que ha prometido, bajo cualquier circunstancia, defender a las personas que habitamos este país. De hecho, sus soldados son nuestros soldados, y queremos que sean interrogados.

* Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas