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Mitomanía accidental

Óscar G. Chávez

M ientras en el entorno nacional se inaugura –de manera distinta a la que estamos acostumbrados a presenciar porque en esta ocasión no parte del aparato gubernamental– el empoderamiento de la mentira oficial como herramienta precisa de Estado, surgen también una serie de interrogantes que refuerza las críticas y acusaciones al gobierno mexicano.

Derivado del informe que sobre el caso Ayotzinapa presentó el pasado domingo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), resurgen una buena cantidad de planteamientos soterrados en apariencia sobre el verdadero destino de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año.

El informe presentado por los cinco especialistas pone nuevamente al descubierto acciones que en apariencia pertenecieron a los gobiernos priístas del pasado: la mentira maquillada, sublimada y difundida para ser llevada a un nivel excelso de verdad histórica e inocularla repetitivamente en la ciudadanía.

Sobre la presentación del informe y su contenido ya se han ocupado de una forma precisa los verdaderos especialistas en la materia; las opiniones vertidas por  los legos –como el que esto escribe– con dificultad podrán aportar nuevos elementos que se sumen a los externados antes, durante y con posterioridad al informe.

Supongo desde luego, que entre estos grupos de analistas ajenos al GIEI se encontraron, por ser los primeros en escucharlo, los interlocutores y especialistas designados para tal fin por el aparato burocrático mexicano; en este mismo bloque se encuentran también los miembros de las instituciones de derechos humanos que se han ocupado del caso, y desde luego los representantes de los padres de familia de los 43 desaparecidos.

Nada podrían aportar estas líneas a lo manifestado en el informe por escapar de nuestros alcances, se dijo líneas arriba; el punto central no obstante es el destino de los estudiantes desaparecidos, para efectos de esta columna lo es el empleo de la mentira prohijada por el aparato estatal para justificar lo injustificable desde cualquier parámetro: la desaparición forzada como estrategia de estado, para reprimir cualquier manifestación social que la considere como adversa a sus intereses.

La historia mexicana es pletórica en ejemplos de este tipo, sin embargo quizá los más abundantes e ilustrativos por irónico que parezca por ser opuestos a los tiempos que implicarían manejos de estrategias políticas de diálogo y negociación, son los que nos resultan cercanos dentro del ocurrir cronológico. En la mayoría de éstos han estado presentes por un lado la inicial negación, para con posterioridad ser matizados a partir de la fabricación de la verdad al gusto y necesidades del estado; en muchas ocasiones, luego de esta verdad oficial, vendrá el ocultamiento de los hechos, de las pruebas, de los nombres de los responsables.

La desaparición forzada en sí, es la más reprobable de las herramientas represoras empleadas por cualquier régimen gubernamental; implica la negación total de cualquier respeto por la vida de sus ciudadanos, por ende, un régimen que la utiliza, será uno que no se detendrá frente a ningún obstáculo para alcanzar sus propósitos.

Sin embargo y frente a lo inaceptable de esta acción, vendrá una que constituye el más alto grado de envilecimiento de gobierno alguno: el ocultamiento de los actos cometidos mediante la mentira a la que le otorgará el nivel de verdad absoluta e irrefutable.

La lista es larga, pensemos en desapariciones como las de los guerrilleros urbanos de la década de los setenta; el jueves de Corpus de 1971; los muertos del río Tula a principios de la década de los ochenta; actos ocultados bajo las verdades emitidas por regímenes asesinos, autoritarios y falaces.

La indiferencia a los reclamos sociales derivados de los actos de gobierno ha sido el sello distintivo de este gobierno. Pareciera que la ciudadanía nos encontramos frente a una estructura burocrática que ni siquiera nos escucha porque le resultamos inexistentes. Su eje rector es el ensimismamiento y la ausencia total a una realidad existente fuera de su esfera protectora, de su mundo de fantasías y veleidades. Recordemos el caso de Maximiliano y Carlota en los paradisiacos jardines de Cuernavaca diseñando uniformes y condecoraciones, mientras sus tropas se encontraban en combate; realidades aparte.

Es esta indiferencia la que vuelve a hacerse manifiesta en el displicente acto presidencial al invitar a los integrantes de la sección de seguridad de su gabinete a tomar en cuenta las observaciones emitidas por la GIEI. Acto que resulta equiparable a la invitación que pudiera hacer su consorte a cualquiera de sus amigas o familiares a acompañarla en actividades de abastecimiento de guardarropa; con la diferencia segura que ésta sería atendida con la mayor celeridad.

Nadie del mundillo gubernamental, sin embargo, ha hablado de posibles sanciones al mitómano de Murillo Karam, el ex procurador artífice de la intragable verdad histórica con la que pretendió resolver de una forma laureada y trascendente el caso de los 43.

Queda claro que no se hablará jamás de esta responsabilidad histórica porque implicaría reconocer la responsabilidad del estado mexicano repartida en los más altos niveles;  y que en estos momentos compite, quizá superando, la del mismo ex alcalde Abarca, del que se han convertido en cómplices indiscutibles. Responsabilidad compartida que convierte en culpable al propio estado mexicano, como gestor de la infame mentira con la que se pretendió resolver el caso.

En última instancia, y de considerarse que Murillo Karam tuviera alguna responsabilidad que ameritara sanción, éste podría argüir algún tipo de trastorno patológico con tendencias a la mitomanía, o ser víctima de algún tipo de senilidad progresiva y galopante. El fiscal del caso, nombrado ex profeso por la presidencia de la República, seguramente sería Alberto Bazbaz.

Vuelve a repetirse el México de los mitos formidables de Pedro Aspe; sin embargo con la llegada de Enrique Peña a la presidencia de la República debemos agregar el emergimiento   de un gobierno psicópata en etapa de negación. De nueva cuenta, aunque multiplicado por 43, y en similitud con el caso Paulette Gebara, todo fue un accidente.