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No a Rojo Zavaleta

Óscar G. Chávez

P areciera que la lesión a los derechos humanos es tema recurrente entre los políticos mexicanos de todos los niveles, sectores y áreas; no sólo eso, tras la consabida lesión, aún incluso en flagrancia se solapa y otorga protección al infractor de los mismos, que en muchas ocasiones acabará posicionado dentro de alguna entidad gubernamental.

En cualquiera de los casos es lugar común en este país violar los derechos humanos desde el ejercicio del poder o bien actuar en contra de ellos para después posicionarse dentro de algún cargo político. Basta voltear la mirada y efectuar un recuento de las lesiones a los derechos humanos de la ciudadanía y observar que en la mayoría de los casos los infractores disfrutaron y disfrutan de la más absoluta impunidad.

Dentro de los grupos vulnerables en nuestro país en materia de derechos humanos, por constituir una minoría y ser población sin una situación legal bien definida, los migrantes centroamericanos son los que más sufren violaciones a sus derechos dentro de todos los niveles y por todos los sectores de la ciudadanía mexicana. Pareciera que lejos de mostrar un mínimo nivel de conmiseración por su situación, muchos de los mexicanos que se topan con ellos en su camino se empeñan en hacerles pagar las inhumanas cuotas de tránsito por nuestro país. Abusos, indignidades y vejaciones, el pan diario de los centroamericanos que ilegalmente atraviesan México.

La cadena de los seres que contribuyen a su degradación es larga: agentes migratorios; guardias blancas de las compañías ferroviarias; operarios de ferrocarril; policías federales y locales; pandilleros; militares; ciudadanos ordinarios; todos parecieran querer participar en la cauda de rapiña. Sin embargo al enterarnos de tratos similares a los connacionales que por las mismas causas de precariedad migran a los Estados Unidos, nos rasgamos las vestiduras fariseicamente y no dudamos en señalarlos como verdugos de mexicanos indocumentados.

No olvidemos también que en México se castiga y se convierte en delincuentes, por disposición legal, a aquellos que en la medida de sus posibilidades apoyan en la protección a migrantes con asilo, transporte o avituallamiento.

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San Luis Potosí por su ubicación geográfica dentro de nuestro país y por representar un punto neurálgico dentro del sistema ferroviario mexicano, tampoco permanece ajeno a la problemática de maltrato a los migrantes centroamericanos. Los potosinos nos sumamos de manera recurrente a la nómina de los que actuamos en detrimento de aquellos, por encubrimiento o por omisión. Laissez faire, laissez passer.

Con este tema, el de menosprecio a los derechos humanos de los migrantes, es con el que inicia la LXI Legislatura potosina al solapar y otorgar protección a un infractor de los mismos y al mismo tiempo colaborar a su posicionamiento dentro del Congreso del Estado como coordinador jurídico.

Entre los nuevos nombramientos otorgados por el Congreso para su funcionamiento interno, se encuentra el de coordinador jurídico que recae en la persona de Alberto Rojo Zavaleta, quien en noviembre de 2013 fuera destituido de su cargo como delegado del Instituto Nacional de Migración, al verse involucrado de manera directa en un presunto abuso sexual de dos niñas, migrantes hondureñas.

Al margen de la tibia intervención del consulado de Honduras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 17/2014 y se abrió el expediente CNDH/5/2013/7915, en el que se hace una relatoría de los hechos en los que participó el entonces delegado de Migración en agravio de las dos menores centroamericanas.

El nombramiento efectuado por el Congreso, que hace desprecio del pasado actuar de Rojo Zavaleta, se ampara de una forma flaca en un aparente documento de exoneración a favor del abogado. Cosa curiosa, sin embargo, su principal defensora para el cargo es la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas. Aberrante el que sea una mujer quien pasa por alto las agravios infligidos a otras mujeres, menores de edad.

Con este tipo de conductas y nombramientos, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, lejos de actuar como garante de la protección a la infancia y a los derechos humanos, se convierte en una institución en la que imperan los compromisos políticos y los favoritismos.

Al margen de la supuesta exoneración de Rojo Zavaleta, pareciera que nadie dentro del Congreso, o fuera de él como pudiera ser el caso del consulado de Honduras, protestan y reparan en el daño ocasionado a las dos menores hondureñas; pareciera que se justifica el actuar del individuo frente a las consabidas atenuantes para el infractor, y agravantes para las afectadas. Eran niñas, eran migrantes ilegales.