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Que no se hable de Panavi

Jaime Nava

A finales de marzo, el gobernador, Juan Manuel Carreras López, se enteró que varios diputados federales, en su mayoría del Partido Verde, fraguaban un golpe en su contra. Preocupado –como siempre– por lo que se dice de él y no por lo que ocurre en el estado que gobierna, pidió a funcionarios que hicieran todo lo posible para frenar su difusión y que a los potosinos no les llegará la brisa con aroma a corrupción generada por el aleteo de los tucanes federales.

Con binoculares de largo alcance, el círculo cercano al gobernador se dispuso a observar el cielo de la Ciudad de México con el objeto de identificar al autor intelectual de la traición ecologista; distraídos con esa tarea, no lograron darse cuenta de que el embate mediático galopaba a pocos metros del Palacio de Gobierno. Cándido Ochoa Rojas –diputado priísta pero gallardista de corazón– fue el encargado de revivir al bronco Manuel Barrera Guillén para que convenciera a sus compañeros de partido de firmar el punto de acuerdo en contra de Carreras López.

“[…]siguen existiendo casos de corrupción e impunidad en nuestro país, un ejemplo que ha resonado a nivel nacional es el del gobernador Juan Manuel Carreras López, actual gobernador del estado de San Luis Potosí, quien cuando se desempeñaba como secretario de Educación del estado de San Luis Potosí, entre 2013 y 2015, ocurrió la desaparición de 400 millones de pesos para pagar pensiones de maestros de Telesecundaria […]”, fue uno de los señalamientos que le hicieron a Carreras López.

El nombre de Cándido Ochoa Rojas aparece en el documento no porque el ex funcionario torancista tenga un interés especial en perseguir los actos de corrupción en San Luis Potosí; sino porque su presencia le hace saber a Carreras de quién son las plumas que animaron el revoleteo de los legisladores que exigieron que abandone –formalmente– su cargo como gobernador.

¿Quién se beneficia de un posible debilitamiento gubernamental? El gran ganador, sin duda, es el alcalde de la capital. Que se hable de todo excepto de la corrupción municipal, parece ser el encargo que tienen los miembros del grupo gallardista. De esa manera se explica que Sergio Desfassiux Cabello haya presentado un punto de acuerdo para defender a la diputada priísta de los comentarios –a todas luces– misóginos expresados por Leonel Serrato Sánchez.

Desfassiux invirtió tiempo en tribuna para dejar claro que la función de los notarios no es la de opinar sobre los asuntos públicos en una especie de mensaje críptico con destinatario diverso; algo así como: “te lo digo, Leonel, para que entiendas Guacho”. Pues en los últimos días el notario Eduardo Martínez Benavente ha emitido opiniones sobre las modificaciones al convenio con Panavi en las que incluso ha señalado que Ricardo Gallardo miente cuando afirma que si la administración municipal rescindiera el contrato con Panavi sería costosísimo.

“El que pega primero, pega dos veces”, suele decirse, y aparentemente Gallardo Juárez acaba de inscribir a Juan Manuel Carreras a su cátedra política; pues ahora cualquier intento del gobierno en turno por aprovechar el Sistema Estatal Anticorrupción para investigar y sancionar a funcionarios del ayuntamiento de la capital por presuntos actos de corrupción como el escandaloso caso de Sandra Sánchez Ruiz parecerá una vendetta política y será utilizado para victimizar al alcalde y argumentar que se quiere desviar la atención de las acusaciones contra Carreras.

Antes de que el gallo cantara victoria y contra el pronóstico del mesías,  los diputados del Partido Verde no negaron tres veces al mandatario estatal y, por el contrario, dieron a conocer que retirarían el punto de acuerdo.

Cualquier pretexto es bueno para hacer negocio y eso lo saben bien en la capital. Aprovechando las fiestas de Semana Santa, el ayuntamiento adquirió –con dinero público y en adjudicación directa– al menos 30 carritos para los comerciantes ambulantes autorizados para vender en la ciudad. De acuerdo con versiones de los propios comerciantes, las estructuras se las están vendiendo en 20 mil pesos o más; no obstante, ellos aseguran que su valor comercial es menor. Negocio redondo y posible gracias a la falta de transparencia, ¿Y la Cegaip?

Han pasado 470 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.

¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos

Twitter: @JaimeNavaN

Jaime Nava N.
Jaime Nava N.
Estudiante de maestría en Derechos Humanos por la UASLP. Activista en Amnistía Internacional.