No te preocupes, Javidú

• Impunidad garantizada
• También al otro Duarte
• ¿”Borrón y cuenta nueva”?

Julio Hernández López

Enrique Peña Nieto ha ido creando de manera sistemática, inequívoca y eficaz, las condiciones procesales para que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pueda gozar de un proceso judicial de calado menor al que debería corresponderle y, ahora, ya en el tramo final de una administración federal que tuvo muchos puntos de complicidad con la de Duarte, se encamine sonriente a la posibilidad de una liberación condicional y a una sentencia benigna, equiparable a la impunidad.

Aún cuando el tamaño de la monstruosidad criminal desarrollada en Veracruz por Duarte de Ochoa exigiría acciones firmes y bien fundamentadas por parte de la Procuraduría General de la República (es decir, de Peña Nieto, el verdadero instructor de lo que han hecho los procuradores de utilería que ha ido poniendo en esa oficina), lo cierto es que la PGR ha montado un lamentable espectáculo de pifias e incapacidad programadas para beneficiar al amigo Javier, apodado Javidú (en el fondo: una repetición del esquema de perdones desde el poder visto cuando Peña Nieto dijo a Rosario Robles, en abril de 2013, que no se preocupara por acusaciones fundadas de manejo faccioso de recursos públicos, justamente en el contexto veracruzano).

En ese escenario de complicidades mutuamente complacidas, ayer la PGR anunció, con desparpajo insólito, su decisión de no sustentar la acusación original y principal contra Duarte de Ochoa, la de “delincuencia organizada”, y pedir su reclasificación por el concepto más generoso de “asociación delictuosa”. La Procuraduría General de Peña Nieto (PGPena), a cargo de Alberto Elías Beltrán, un personaje más manipulable que sus antecesores (Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y Raúl Cervantes), hizo saber que no puede fundamentar las acusaciones más importantes, definitorias, contra el citado exmandatario priista.

La reclasificación planteada por la PGPena implica varias posibilidades de enorme beneficio para Duarte de Ochoa: la sanción sería menor, podría darse una liberación condicional adelantada, en cuestión de semanas, y, como terrible coronación a mediano plazo, todo el proceso podría venirse abajo, a causa de múltiples errores sembrados, equivocaciones intencionales, desarticulaciones del flanco acusador y el manoseo a conciencia del expediente de extradición que establece que el extraditado solo puede ser juzgado por los delitos por los cuales fue acusado formalmente por el gobierno peticionario, ni uno más.

La mascarada justiciera que ha hecho el peñismo desde el momento en que fue insostenible la continuidad de Duarte de Ochoa en el cargo, ya con el estado de Veracruz en una crisis inocultable e inmanejable, es parecida a la que se ha desarrollado en otros casos de amigos del poder de Los Pinos, entre ellos el otro Duarte, César Duarte Jáquez, quien fue gobernador de Chihuahua.

A pesar de los expedientes de prueba contra el enriquecido exmandatario norteño, la administración peñista, en particular por la vía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha impedido la extradición de ese priista “distinguido”. Recuérdese que hay acusaciones contra Duarte por corrupción, en general, y que está pendiente el tema de la transferencia de dinero federal a las cuentas chihuahuenses para, mediante triangulaciones, destinar esos recursos a campañas del Revolucionario Institucional en estados donde este partido era oposición y, por tanto, no tenía gobernador que financiara las actividades electorales.

El cinismo extremo en el caso de Javier Duarte de Ochoa, dándole virtualmente las llaves jurídicas para que abra las puertas de la cárcel y se coloque fuera de ella, y casos como el del chihuahuense César Duarte de Ochoa, son algunas de las herencias que el peñismo deja a un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, comprometido con una muy criticada amnistía política que, en los hechos, significaría la consolidación de la impunidad de quienes han saqueado a la nación y la fijación de un inadmisible punto de “borrón y cuenta nueva” a partir del primero de diciembre próximo.

Ha de anotarse que el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, asegura que Duarte de Ochoa no podría quedar en libertad condicional pues, en la hipótesis de que el fuero federal le concediera ese beneficio, entraría en automático la orden de aprehensión relacionada con procesos del fuero común que fueron incluidos en la solicitud de extradición presentada en su momento al gobierno de Guatemala. En todo caso, las proclamas justicieras de Yunes Linares siempre han de tomarse con reserva, pues suele acomodar sus piezas jurídicas a conveniencia de sus necesidades y conveniencias políticas.

Astillas: A buena hora se pone crítica Claudia Ruiz Massieu: al rendir protesta como presidenta del fideicomiso de liquidación del PRI, dijo que este partido se “desdibujó” en las pasadas elecciones y se quedó callado ante actos de corrupción y cinismo. Ah, eso sí: reiteró su apoyo a Enrique Peña Nieto… Versiones de que este sábado reincidirá Margarita Zavala en la pretensión de ser presidenta. Al menos, presidenta de un proyecto de nuevo partido, con los restos del panismo que aún le queden, los restos de las suscripciones (las auténticas y las fotocopiadas) para que fuera candidata presidencial sin partido, y el resto de las aspiraciones de su persistente cónyuge, Felipe Calderón… Marco Antonio del Toro, el abogado que da la cara a nombre del equipo jurídico que asesora a Elba Esther Gordillo, adelantó que se presentará una demanda por daño moral contra Carlos Loret de Mola, debido a presuntas “imputaciones falsas y directas” que estarían causando daño moral a la profesora políticamente resucitada. Si tal es la razón, el abogado Del Toro deberá ir preparando demandas al por mayor… Y, mientras la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha anunciado que AMLO planteará ante las Naciones Unidas fórmulas para despenalizar el tema de las drogas en México, ¡hasta mañana!