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Pandillerismo y menores infractores

Carlos López Torres

E n lugar de explicarnos las verdaderas causas de la existencia de más de 300 pandillas, principalmente en las zonas sur y norte de la demarcación municipal, el director de Seguridad Pública Municipal, Arturo Calvario Ramírez, sostiene que el tema del pandillerismo es de familia por falta de normatividad dentro de las mismas, toda vez que al haber más disciplina en el hogar la incidencia sería menor, concluye el jefe policiaco.

Aunque dice que la policía trata de atenderlo mediante operativos antipandillas, con las fuerzas conjuntas de la Policía Federal, estatal, municipal, la Marina y el Ejército, estos últimos en funciones de policía, no obstante el bajo perfil de la delincuencia organizada que además es fuereña, según las constantes reiteraciones de los gobernantes.

Sin embargo, la relación entre pandillas y menores infractores revela que el tema no es sólo de familia, dada además la estrecha e inocultable relación entre los dos fenómenos sociales y la delincuencia organizada que definitivamente actúa de diversas maneras entre jóvenes y niños infractores, organizados o no.

Veamos. Sólo en seis meses en lo que va del año, han sido detenidos 1 mil 233 menores de edad, la mayoría según datos del mismo Calvario Ramírez, por faltas administrativas por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública y actos de vandalismo. De esta cifra sólo 75 han sido puestos a disposición del Ministerio Público por delitos graves como portación de armas de fuego, abuso sexual y actos vandálicos, entre otras infracciones.

Muchos de estos menores son abusadores escolares cuando están inscritos en algún plantel, con las consecuencias que ello conlleva en el aumento del bullying, aunque con tal de eludir responsabilidad la autoridad se empeña en diagnosticar entre las causas principales el que tiene que ver con la familia, remitiendo invariablemente a la escuela el tratamiento del acoso escolar sin asumir ningún compromiso en relación con la atención especializada de los casos graves que se presentan en las instituciones escolares.

No se sabe o no se quiere informar cuáles son las medidas preventivas sobre el creciente uso por parte de los infantes de todo tipo de sustancias tóxicas y el aumento del consumo de drogas entre la población de menores. Más aún, tampoco hay información confiable sobre cuántos jóvenes y niños están involucrados en la distribución, aunque todo mundo sabe que existe toda una red de operadores, muchos de ellos jóvenes y niños.

No es casual que colonias y fraccionamientos ubicados al norte y sur de la ciudad, aunque el oriente también tiene muchas pandillas, arrojen la mayor incidencia de infractores menores y jóvenes organizados en pandillas con alta agresividad y la mayoría armados con pistolas y artefactos de fabricación artesanal igualmente mortales.

Por supuesto, uno no pude exigir a las corporaciones policiacas políticas públicas al respecto, aunque deberían participar mínimamente en los diagnósticos mediante sus propios protocolos. A quienes definitivamente se les exige es a los funcionarios que han hecho mutis sobre el grave problema, reproduciendo sistemáticamente la omisión y el tratamiento burocrático del tema que, por supuesto, no se reduce a la familia.