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Para la transición

Carlos López Torres

E sta semana dará inició el proceso de entrega-recepción del gobierno del estado, en medio de acres críticas de los diversos sectores de la sociedad al gris desempeño del actual titular del Ejecutivo, Fernando Toranzo Fernández, aunque, como usted sabe, el análisis y la crítica respecto a la administración que se va no tienen el rigor, la amplitud y la solidez que reflejen el bajo perfil del gobierno actual y el impacto real de los logros, que se publicitan profusamente mediante costosa campaña mediática.

Por su parte, el gobernador electo, sin precisar, atrapado en las generalidades que mantuvo a lo largo de su campaña, nos habla de los cambios que San Luis necesita “porque así comenzara la transformación del estado, con el desarrollo de las familias potosinas”, postula Juan Manuel Carreras López.

¿Qué cambios requiere nuestra entidad para que se inicie la transformación, con el desarrollo de las familias potosinas”? A ver, igual de manera general el futuro gobernante habla de cumplir con compromisos como el relativo al empleo, la salud, seguridad y educación, entre otros.

Para que el socorrido dicho sintetizado en el refrán: lo que no fue en mi año, no es de mi daño, no se siga esgrimiendo como justificación para convertir en intocable a la anterior administración gubernamental, lo creíble respecto al cambio sería que se dé a conocer un mínimo diagnóstico o estado de cosas que justifiquen la idea abstracta de algunos cambios para iniciar la transformación.

¿Serán seleccionados y evaluados, por ejemplo, los diferentes funcionarios de las dependencias que conforman el Ejecutivo? El gobernador electo, ya se sabe, fue en su momento un ardiente defensor de la evaluación punitiva a los maestros. ¿O se mantendrá la vieja práctica de la designación y el mantenimiento de los personajes hasta que de plano ya no tengan remedio con el consabido debilitamiento institucional?

Ese pernicioso hábito de la discrecionalidad exacerbada, en el marco de las reglas impuestas por los poderes fácticos, nacionales y trasnacionales, cuyo desacato de la legalidad es evidente, va en aumento con un costo político, económico y social que mantiene al país al borde del estallido social.

No se trata evidentemente de sugerir medidas efectistas, como esa de bajarse el sueldo manteniendo otras formas compensatorias poco transparentes, ni presentar un plan de desarrollo para el estado que termine evaluando autocomplacientemente la Fundación Colosio, con algunas verdades a medias con desgarre de vestiduras, de lo que se trata es que se nos diga y consulte si es conveniente que la procuración de justicia se mantenga como está, o si, por el contrario, amerita un cambio de fondo y sentido.

De lo que se trata es de ver si las dependencias de seguridad siguen funcionando como hasta hora, ineficientes e ineficaces, o las políticas públicas responderán a la realidad, de conformidad con los intereses generales de la población y no de acuerdo al interés del grupo en el poder o el que lo sustituya.

Se trata de darnos a conocer el nivel de la tragedia educativa, descubierta por el gobernador Toranzo Fernández a finales de su sexenio, que nos mantiene en los últimos lugares del ranking nacional, anexando, por supuesto, la transformación educativa que se propone. Así podríamos enunciar cada una de las áreas desatendidas por la presente administración, cuyo cambio implica no reiterar la misma política y los mismos errores. La entrega-recepción tendría que venir acompañada de la crítica respectiva a lo que se pretende cambiar.