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¿Para nunca más pecar?

Carlos López Torres

H ágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, dice el antiguo refrán que, aunque no por viejo deja de aplicarse en un “sistema” no menos arcaico, no obstante las “profundas reformas” radicales, “modernizadoras”, aseguran sus promotores peñistas, para que todo siga igual sólo que de manera legal.

A ver, si bien es cierto que el 3 de mayo de 2013 fue aprobado el Acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable, hace sólo unos días la Legislatura local aprobó un exhorto a los 58 ayuntamientos de nuestra entidad, para que tengan a bien cumplir el mencionado acuerdo con el fin de transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Uno quisiera pensar que las tentaciones del próximo año electoral y “de Hidalgo”, hábito político-cultural profundamente arraigado en nuestra clase gobernante radicado fuertemente en la administración pública de los tres niveles de poder, han llevado a los diputados locales a la búsqueda legal para prevenir cualquier seducción de manoseo del erario.

Más aún cuando el diputado Fernando Pérez Espinosa declara que el combate a la corrupción debe ser prioridad para el 2015, mediante la preparación de un plan anticorrupción eficaz que ya se apresta a llevar a cabo la bancada tricolor, dice el Calolo, uno quisiera que efectivamente en los hechos, en la práctica se confirmara el dicho y no resultara puro jarabe de pico coyuntural, o de perdis que se cumpliera puntualmente y no como suele ocurrir según el viejo adagio que reza: para la leyes las muelles, o lo que es lo mismo: que por las puras pistolas de los funcionarios se dejaran de cumplir las leyes que, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presumida como de vanguardia en transparencia y rendición de cuentas, se convirtiera en letra muerta como hasta ahora ocurre en nuestra entidad, donde Ejecutivo y alcaldes hacen y deshacen sin que nadie les ponga un alto.

Sin embargo, después de mirar la exoneración de Raúl Salinas de Gortari, los casos de la casa blanca, el tren rápido México-Querétaro y otros casos emblemáticos del peñismo; así como la aprobación del añadido a la reforma de la Ley de Obras Públicas enviada por Peña Nieto el 4 de noviembre pasado, que excluye de la regulación el fondo de salud y el educativo, así como aquellas obras públicas destinadas a “crear infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados”, etcétera, uno no tiene más que confirmar, o mejor dicho suscribir, lo que hace unos días señalara el político Pablo Gómez Álvarez: la corrupción es el Estado, a propósito de la exoneración del hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas.

Por ello es que los exhortos y dichos de la coyuntura electoral, dada la experiencia de décadas, resultan poco creíbles, aunque no faltaran potosinos que los sigan creyendo. ¿Usted que cree?