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Participación ciudadana y gobiernos municipales

Martín Faz Mora

Como era previsible, la fecha fatal del 15 de noviembre que la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios establece para conformar los Consejos de Desarrollo Social Municipal (CDSM), ha conducido a procesos atropellados que no generan las condiciones óptimas para que estos se conformen mediante un genuino y auténtico ejercicio de participación ciudadana.

Así, de los 58 municipios, todos ellos obligados por la Ley Orgánica del Municipio Libre a hacer llegar al Ceepac con la antelación debida la metodología que utilizarán en los procesos de elección de quienes integrarán dichos organismos para emitir una opinión técnica, solo uno lo hizo. Otros tres la enviaron cuando ya los respectivos cabildos habían aprobado la convocatoria y los procesos dado inicio. Innecesaria opinión requerida para entonces.

La propuesta de modificar tal plazo legal no encontró el suficiente eco en la 60 Legislatura. Si bien la diputada del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa en tal sentido, señalando la urgencia de su aprobación, no fue apoyada por el resto de los legisladores. La impresión que queda es que no le dieron importancia. Desconocedores del tema no eran, ya que no sólo por la iniciativa presentada le conocieron sino porque al inicio de la legislatura a todos sus integrantes les fue remitido un oficio sobre el asunto y otros más respecto de la participación ciudadana.

La simple modificación del plazo habría permitido conducir el proceso en mejores condiciones, si no en todos los ayuntamientos, al menos en aquellos que mostraron cierto interés. Pues además de esos cuatro que remitieron comunicación al Ceepac, otros seis entablaron algún tipo de contacto inicial a raíz de oficios que les fueran enviados en los primeros días de su llegada al gobierno municipal, en los que se les advertía respecto de la responsabilidad conferida a su cargo de integrar y renovar diversos Organismos de Participación Ciudadana que se integran en apoyo de las labores de las autoridades municipales, tales como el CDSM y otros.

Comprensible es que las semanas iniciales de las nuevas autoridades municipales suelen ser un vértigo de todo tipo de asuntos, por lo que la propuesta de modificar el plazo resultaba del todo pertinente para la renovación de tan importante mecanismo de participación ciudadana que tiene un relevante papel en el destino de los recursos federales que, en todos los municipios, representa el principal rubro de gasto social a través del llamado recurso del Ramo 33.

La conformación de los CDSM es el primero de una serie de mecanismos de participación ciudadana que deben enfrentar las nuevas autoridades municipales. Le sigue ahora la conformación de los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (Copladem) para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, la renovación de las juntas cecinales de mejoras y otros más. En su propio ámbito el gobierno estatal también debe hacerlo.

Es moneda de uso corriente que los diversos mecanismos de participación ciudadana son desdeñados por la mayoría de los gobernantes. De atenderlos suelen prevalecer, más bien, criterios de imagen pública antes que consideraciones respecto de su potencial para la auténtica y genuina gobernanza. Ningún gobernante dice oponerse a la participación ciudadana, sino lo contrario, pero cuando llega el momento de darle un lugar efectivo en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas el discurso florido da lugar a todo tipo de estratagemas para distorsionar el sentido genuino de la participación ciudadana, introduciendo elementos de simulación y manipulación.

La participación ciudadana enfrenta así obstáculos diversos. Desde una normatividad débil y difusa hasta el propio desinterés generalizado de la población en los asuntos públicos, resultado de una ciudadanía de bajo impacto que tan provechosa le resulta a la clase política pues le rinde altos dividendos de todo tipo. La ciudadanía activa bien pudiera ser un adecuado antídoto para buena parte de los excesos y desatinos de la clase política.

Existen, en cambio, grandes desincentivos para la ciudadanía activa pues además de los obstáculos que enfrenta debe invertírsele mucho tiempo y esfuerzo que contrastan con sus exiguos resultados en materia de resolución de las necesidades que le empujan a realizarla. Apatía ciudadana y altos costos a la participación ciudadana es un coctel beneficioso para la clase política, por lo que muy pocos incentivos tiene para impulsarla decididamente.

Se verá pronto, con los planes municipales y estatal de desarrollo así como en la integración del resto de los mecanismos de participación ciudadana si el tratamiento del tema por las nuevas autoridades será desde una perspectiva superficial e insustancial, con una mera óptica de manejo de imagen pública o si ésta se promueve auténticamente. Al tiempo.

Twitter: @MartinFazMora

Martín Faz Mora
Martín Faz Mora
Activista social por los derechos humanos. Colaborador de la Jornada San Luis. Preside Junta Vecinal de Barrio San Sebastián. Consejero Electoral en CEEPAC