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Partidos y movimientos sociales se suman a los agresores de periodistas

Rogelio Hernández López

E ste es otro recuento del lado más oscuro del ejercicio periodístico. Al menos 27 periodistas fueron agredidos en 12 entidades en la fecha de las elecciones. Fue el número más alto registrado históricamente en un sólo día. Lo novedoso es que ahora los atacantes, en la mayoría de los casos, fueron militantes de partidos políticos o activistas pagados por candidatos.

Así, dicho con frialdad, se extendió la tipología de sujetos hostiles al periodismo activo. Y lo previsible es que tampoco habrá sanciones.

Todos los registros de agravios que hacen los organismos internacionales coinciden en que predominaba una tipología: los distintos grupos de la llamada delincuencia organizada que cometen entre el 9 y 1l por ciento de los ataques (los más violentos); marinos, soldados, policías federales, estatales y municipales de 30 a 34 por ciento (los más constantes); alcaldes, diputados locales y federales, gobernadores entre 22 y 25 por ciento (sistemáticos contra los periodistas incómodos); otros servidores públicos, entre 15 y 18 por ciento y “otros”, sin identificar.

Ahora, esta tipología ya aumentó. De 2013 a la fecha cada vez aparecen más recurrentemente como agresores de periodistas militantes de movimientos sociales radicalizados, como el de los 400 Pueblos de Veracruz; de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Estado de México; como Antorcha Campesina presente en Puebla, Querétaro, Hidalgo y otros estados. Estos y más grupos sociales en movimiento fueron los que hicieron que se ampliara la tipología de agresores. Y luego entró el otro arquetipo de violencia sin castigo.

Los nuevos delincuentes

El 7 de junio, fecha que antes festejaban la libertad de expresión el gobierno federal y los empresarios de la prensa –todavía lo hacen gobernadores y empresas en algunos estados– ocurrieron al menos 27 ataques contra reporteras y reporteros por parte de activistas, militantes y hasta candidatos a puestos de elección. Las agresiones al ejercicio del periodismo son consideradas delitos contra la libertad de expresión.

Días antes de los comicios se registraron otras agresiones. En todos los casos fue porque los delincuentes se sintieron acechados o bien porque se expusieron sus anomalías e ilegalidades.

El registro lo hicieron las organizaciones internacionales: Artículo 19 de origen inglés, Reporteros Sin Fronteras de Francia y el programa Periodistas en Riesgo de Freedom House, y el Centro Internacional para Periodistas, ambos de Estados Unidos.

Artículo 19, promotora del programa #RompeElMiedo, registró 27 ataques sólo el 7 de junio. Del total de agresiones, diez fueron físicas, cinco bloqueos informativos u obstrucciones de la búsqueda de información, cuatro robos de equipo, tres ataques cibernéticos, tres falsificaciones a perfiles de redes sociales de medios y una detención arbitraria. Cuatro en Oaxaca, cinco en Puebla, cuatro en Veracruz, tres en Guerrero, dos en el Distrito Federal, dos en Guanajuato, dos en Jalisco, dos en Quintana Roo, uno en Nuevo león, uno en Tabasco, Chiapas y Chihuahua.

Los casos extremos registrados son de Xalapa, Veracruz, donde dos reporteros de Radiover, Elena Anell y José Francisco García Reyes fueron atacados por militantes del PRI, quienes les despojaron de equipos, teléfonos móviles y documentos de identidad.

En Guadalajara dos reporteros de Reforma fueron agredidos por alrededor de 15 personas presuntamente ligadas al PRI.

En Campeche la reportera Ilda Elena Avoites de Por Esto! fue agredida con botellas y piedras desde un camión de redilas, después de realizar su cobertura.

En Tabasco el fotoperiodista Adrián Chan del diario Presente Tabasco cubría un conflicto en una casilla en la colonia Gaviotas Sur de la capital del estado, Villahermosa, cuando lo agredieron.

En Oaxaca, Eduardo Contreras, reportero del diario Buen Día, fue víctima de un “bloqueo informativo” en el municipio San Juan Bautista Valle por parte de la CNTE y en la capital miembros de la sección 22 retuvieron a Alejandro Sánchez de El Financiero y lo despojaron de dos celulares. Además Tomás Martínez del diario Noticias Oaxaca fue forzado a borrar fotografías, posteriormente le robaron la tarjeta de la cámara fotográfica.

Reporteros Sin Fronteras aportó otros datos al registro de días previos a la elección.

El 4 de junio en la ciudad de Colima un grupo del Partido Acción Nacional agredió a las periodistas Elizabeth Ibal Rocha, del diario El Occidental, y Fabiola Rosales, de El Sol de México.

Y el 1 de junio, ante policías del estado, un reportero de Diario de Yucatán sufrió una agresión junto a una bodega ubicada en el sector sur-poniente del Periférico de Mérida, donde varias personas cargaban cientos de bolsas negras en camionetas que, según informes recibidos días antes, servirían a un partido político para distribuir en la campaña electoral en el interior del estado.

El 30 de mayo una periodista fue víctima de abuso sexual en Veracruz, después de que cubriera un evento de cierre de campaña del candidato Érick Alejandro Lagos, del PRI… una semana antes otra periodista de Veracruz había sido amenazada debido a la información que había publicado sobre otro candidato del PRI a diputado.

El 29 de mayo un corresponsal del diario Reforma fue víctima de personas del equipo de campaña del candidato a presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, por el PAN.

En Colima, la periodista Gabriela Vives recibió una amenaza por medios de una llamada a su teléfono celular, en la que le advirtieron: “Síganle tirando mierda a Nacho, no son nadie y cuando sea gobernador se los va a cargar la chingada a ti y al chaparrito hocicón, no saben con quién se meten”.

La cuenta seguirá creciendo. Ahora son más los tipos de agresores. Son insuficientes las acciones de los responsables de prevenir, de proteger, investigar, de castigar para disminuir la impunidad. ¿Quién sigue?