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9 Febrero, 2016
Asegurado
9 Febrero, 2016

Pederastia clerical e indiferencia social

Óscar G. Chávez

Si bien la pederastia clerical es un problema añejo que no ha distinguido estratos sociales ni sexos, es reciente la cultura de la denuncia entre los afectados directos y sus familias. Es indiscutible que seguramente una gran cantidad de quejas a este respecto se habían dado, sin embargo la misma iglesia, en busca de la defensa de su imagen y gracias a la influencia que ejerce sobre las víctimas, que en la mayoría de las ocasiones son cercanos a sus estructuras, había logrado mantenerlas a buen resguardo.

En ningún momento estoy señalando que la estructura eclesiástica en general haya ejercido una labor de encubrimiento y por ende de complicidad sobre los casos conocidos de pederastia en México, sin embargo una gran cantidad de sacerdotes resultan copartícipes al tratar de mantener oculta esta realidad.

Así, aunque ocioso pareciera recordar que el, en apariencia, más grande pederasta eclesiástico fuera encubierto por las altas esferas de la iglesia católica mexicana e incluso la cúpula de la jerarquía vaticana, dada su importancia como fundador de una orden religiosa y como gran aportador de recursos a las arcas pontificias, con posterioridad nos enteramos que el caso era mínimo en comparación con los abusos realizados en San Luis Potosí por uno de los más importantes miembros de la curia de esta arquidiócesis.

Si nos atenemos a la circular que en la década de los sesenta la Congregación para la Doctrina de la Fe remitió a los obispos del mundo, cualquier católico que hubiera sabido de un abuso sexual cometido en algún menor por un miembro del estado eclesiástico y no lo hubiera denunciado en un lapso superior a un mes, experimenta la excomunión inmediata.

Entonces los sacerdotes que supieron en su momento, e incluso encubrieron al abusador sexual al que se alude en el artículo periodístico de ayer, incurrieron en excomunión; por lo que estaríamos frente a una jerarquía eclesiástica que, consciente de la ignorancia de su feligresía, permite que los sacramentos estén siendo administrados por excomulgados. Esta situación para un no creyente no tendría mayor trascendencia, sin embargo sí para los mismos sacerdotes y desde luego para su propia comunidad parroquial.

Cierto es que este tipo de escándalos al ser abordados por los medios de comunicación tienden a colocar a la iglesia, como institución garante de la fe y los valores cristianos, no sólo en entredicho, sino también en el centro de diversos señalamientos en materia de fe, principios y legales; pero debemos de considerar que en la mayoría de las ocasiones, como señalé líneas arriba, es la iglesia la principal interesada en ocultar la gravedad de estos casos.

Dentro de esta misma dinámica y como lo deja ver Jaime Nava en su reportaje sobre el casi desapercibido asunto del sacerdote pederasta de Soledad, uno de los más grandes obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de este tipo de situaciones es al de la complicidad e indiferencia de las autoridades encargadas de dar constancia y seguimiento de estos casos.

A esto debemos sumar el propiciado en un entorno donde la población continúa siendo mayoritariamente católica, y existe una amplia falta de solidaridad hacia aquellos que entablan una batalla frontal contra la pederastia clerical; habrá desde luego quienes la sufren desde otros espacios como pudieran ser el escolar, el familiar, y el laboral, sin embargo en éstos no se desarrollará una labor de encubrimiento similar a la que ocurre dentro de los parámetros del que se aborda.

No es pues la estructura eclesiástica la total responsable de que continúen ocultas estas situaciones, sino también la propia sociedad que se atiene a los dictados de sus guías espirituales, quienes sabedores de la influencia que ejercen entre ésta, señalarán que lo mejor, en espera de una armonía entre la iglesia y los afectados, será dejar las cosas en su sitio y con el tiempo olvidarlas o bien, aunque no ha sido del todo recurrente en el ámbito local, alcanzar algún acuerdo monetario con los afectados para resarcir daños y conseguir su silencio.

Por otro lado, con cierta frecuencia nos enteramos que el caso de los abusos clericales a menores, que lo son en toda su extensión debido a la autoridad ideológica, espiritual y moral ejercida sobre las víctimas, la mayoría de las ocasiones eran conocidos en círculos cercanos a los que los cometían y a quienes los experimentaban, y con todo y la carga espiritual que esto les pudiera representar, prefirieron evitar que trascendiera por temor a la reprimenda, en el caso de los eclesiásticos, y por el rechazo social en el caso de los segundos.

Debemos considerar en el caso –difundido por este medio– que nos encontramos frente a un sector social doblemente vulnerable, en primera instancia frente al estado eclesiástico y en segunda frente a una maquinaria jurídica estatal, que lejos de apoyarlos, intenta disuadirlos para evitar continúen con su búsqueda de justicia, o bien ejerce un bloqueo sistemático entre sus propias indagatorias. No es necesario señalar que parte de esta vulnerabilidad deriva por un lado de su extracto social, y por el otro del control que en materia de creencias puede continuar ejerciendo la autoridad eclesiástica.

No estamos, al menos en esta ocasión, en un entorno social similar al del primer escándalo de abuso sexual eclesiástico, en el que las víctimas eran miembros de algunas de las familias de mayor renombre en el entorno potosino; se trata, por oposición, de víctimas anónimas que difícilmente pueden contar con los recursos económicos y sociales con los que contaron las primeras víctimas conocidas públicamente. Antes bien, en este caso se enfrentarán a un entorno social particularmente hostil hacia quien señala y acusa a un ministro del estado eclesiástico.

Quizá si la propia iglesia, consciente de las necesidades de los tiempos que vive, fuera la primera en hacer públicos este tipo de abusos y generara en consecuencia con esas necesidades una cultura de la denuncia entre sus miembros consagrados y su feligresía, los escándalos que en estos momentos trata de encubrir y rebatir furibundamente, tendrían otro enfoque y no se magnificarían de una forma tan negativa en contra de la institución y sus ministros. Sin embargo son los sacerdotes de las élites, y del pueblo llano, los que acordes a los dictados de su doble moral y espiritualidad falaz y mercantilizada continúan ocultando sus propias fallas y estigmatizando a quienes las denuncian.