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  • A confesión de violación…

Julio Hernández López

Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari se le atravesó a Andrés Manuel López Obrador en la ruta de levitación conceptual que en estas horas insiste en proclamar el inminente fin de la corrupción histórica (a partir del uno de diciembre) y el irrevocable advenimiento de un perdón amplísimo y con absoluto efecto retroactivo para las pandillas que han saqueado al país: la presidenta del fideicomiso de liquidación de lo que fue una longeva empresa paraestatal, el Partido Revolucionario Institucional, ha dicho con aire entre retador y supuestamente inocente que ni ella ni sus presuntos dirigidos requieren de perdones y amnistías sino una recta aplicación de la justicia, pues, dijo, los priistas no pueden aplaudir “que se busque de parte de una persona subvertir la ley”.

Vaya escena: López Obrador en abundante explicación (lo mismo en el programa televisivo de Tercer Grado de Amabilidad que en declaraciones luego de montar una guardia de honor en el sitio donde fueron asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez; peculiar evocación, esta) de que no desea empantanarse en la búsqueda de castigo a las legiones de corruptos para los cuales no habría cárceles suficientes. Y, en la esquina contraria, rechazando regalos de impunidad, la representante formal de esas legiones, de esos pantanos.

Los capos cantores de Brooklyn continúan con el reparto de suciedad a los integrantes de los poderes tradicionales. Ayer tocó turno a Genaro García Luna y, por extensión a Felipe Calderón Hinojosa, quien lo convirtió en poderoso secretario federal de seguridad pública (García Luna a quien en esta columna se citaba con insistencia como “vicepresidente policiaco” o “ejecutivo”). Según la primera voz (de bajo, mundo) que en estos días ha llevado Jesús Zambada, apodado el Rey, al ingeniero de larga carrera policiaca le fueron entregados entre seis y ocho millones de dólares para comprar protección al Cártel de Sinaloa y, dijo, los hermanos Beltrán Leyva le habrían dado cincuenta millones de dólares a ese secretario para similares motivos.

En la arremetida de Zambada se incluyó a un subsecretario de seguridad pública durante el gobierno capitalino de López Obrador. El abogado Gabriel Regino, quien ocupó tal cargo, respondió de inmediato en Twitter, al negar que le hubieran dado “unos millones de dólares” y ponerse a disposición de las autoridades nacionales o extranjeras que requieran de su testimonio y precisiones. Regino es profesor universitario y, luego de dejar el servicio público, se dedicó al ejercicio de la abogacía y es un opinante frecuente en medios de comunicación, con constantes visiones críticas del manejo de la institucionalidad judicial.

De madrugada, apenas saliendo del puente “revolucionario”, ya estaba este martes en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de reformas a trece artículos constitucionales que presentan los diputados de Morena para crear la Guardia Nacional. Horas más tarde, esa iniciativa sería presentada formalmente en la cámara de diputados, con pretensiones de aprobación apresurada, aunque además de la aplanadora morenista en San Lázaro y el Senado se requiere la aprobación de cuando menos la mitad de los congresos estatales.

A juicio de quien estas líneas redacta, la iniciativa es toda una confesión del propósito de darle a la militarización, iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña, un nuevo ropaje, presuntamente atenuante del tono castrense, al llevar en el pecho un emblema novedoso, el de una Guardia Nacional que se formará a partir de las policías militar, naval y federal.

En particular, es rotundo el reconocimiento de ilegalidad militarizada que hacen los propios diputados al proponer un artículo transitorio, el quinto, que pide una “excepción expresa y específica” para que los soldados y marinos que pasen a la Guardia Nacional no les sea aplicada la limitación del artículo 129 constitucional, que prohíbe a las fuerzas armadas asumir funciones en tiempos de paz. A confesión de violación, relevo de pruebas.

Muy preocupante es también la pretensión de convertir a los militares miembros de la Guardia Nacional en auxiliares del Ministerio Público, con capacidad para detener a presuntos delincuentes e investigar hechos presuntamente delictivos. Aún cuando se prohíbe que los detenidos sean llevados a instalaciones militares, y se insiste en la instrucción a esos guardias respecto a derechos humanos e incluso se abra la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional, la realidad mexicana convierte en un instrumento sumamente peligroso tal empoderamiento militar disfrazado de Guardia Nacional (figura ciudadana que como tal, como había sido sostenida históricamente, desaparece), con el presidente de la República ya sin necesidad de contar con autorización legislativa alguna (del Senado, se dice en la normatividad vigente) para el envío de esos cuerpos de operación centralizada.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos”, (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), emitió ayer una declaración en la que establece: “Es sumamente grave que el grupo parlamentario de Morena insista en perpetuar un modelo de seguridad militarizado. Es claro que se trata de una provocación al espíritu democrático que se expresó en las urnas el 1 de julio. Aún es tiempo de demostrar los ánimos democráticos de la cuarta transformación. La congruencia política determinará nuestro lugar en la historia” (https://ymlp.com/zRBoLE ).

Y, mientras crece la demanda de que en la próxima “consulta” no se incluyan los temas del Tren Maya y el corredor transístmico, que requieren de especial valoración, sin prisas ni subterfugios de “reconfirmación” de decisiones en curso, ¡hasta mañana, con Claudia Sheinbaum enredada en el asunto, que debería ser menor, del nuevo logotipo de la Ciudad de México!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.