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Periodismo independiente contra el Estado

Óscar G. Chávez

El mutismo es la plaga mayor que puede agobiar a un
pueblo, pues acusa su degeneración e ignorancia.
Filomeno Mata

H oy fue un día soleado. Así abría Jacobo Zabludovsky la emisión nocturna de su noticiero 24 Horas; era el dos de octubre de 1968. Ocho años más tarde, el ocho de julio de 1976, el mismo conductor avaló de una manera distorsionada y alejada de la realidad, el golpe orquestado desde la presidencia en contra el periódico Excélsior. Durante casi todas las noches de junio –señala Vicente Leñero en Los periodistas– y principios de julio de 1976 Zabludovsky dedicó noticias y comentarios al caso de Excélsior.

Eran los años en que las notas se dictaban desde Palacio Nacional o Los Pinos, y la Tesorería; eran los años de las  presidencias verticales y totalitarias de Gustavo Díaz-Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Periodismo de estado al gusto del poder.

Habrá quienes argumenten a favor de Zabludovsky. Nadie que ejerciera el periodismo en esos años, y quisiera ejercer con tranquilidad su labor, incluso sentirse respaldado por la calidad benevolente de sus notas, hubiera desafiado los dictados procedentes de lo más alto. Y es cierto. No obstante podemos mencionar el ético actuar de Julio Scherer García y su reducido grupo de  cercanos colaboradores quienes negándose a ser partícipes dentro de una estructura de periodismo oficioso, decidieron continuar la línea veraz de la información en el diario Excélsior.

Las secuelas de ese empecinamiento son por todos conocidas; luego de la ficticia asamblea elaborada desde la presidencia, vino la destitución de la directiva. Fue para Excélsior el encumbramiento de un directivo gansteril carente de ética y principios; pero fue también la dolorosa gestación de un nuevo modelo periodístico al que apostaron Scherer y los que solidariamente siguieron sus pasos en la violenta salida de Reforma dieciocho.

 

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La historia se repetía, no calcada de una manera fiel, las formas y las estrategias habían evolucionado. El aparato gubernamental refinaba sus corrompidas formas; viejos métodos, artilugios modernos. No se ha ido el pasado, dijera Scherer al concluir El poder. Historias de familia.

La libertad de imprenta exigida y defendida jurídicamente en 1901 y 1910 por el impresor y periodista potosino, Filomeno Mata Rodríguez, opositor permanente al régimen del general Díaz, continuaba sin estar vigente a plenitud. De sus alegatos a favor de la libertad de imprenta (y de donde tomo el epígrafe inicial) nos da noticia la obra de Ana María Serna, Los juicios de amparo de Filomeno Mata Rodríguez en 1901 y 1910.

Mata, quien se había iniciado en el periodismo bajo la dirección de Ireneo Paz, incursionó en la senda del periodismo independiente, y de oposición, a fines del siglo XIX. Un indicador del nivel de sus críticas –generador de una incomodidad constante para los gobiernos de Manuel González y Porfirio Díaz– lo resumen las 46 veces que pisó la cárcel de Belén por delitos afines a su profesión.

La feroz persecución contra Mata y algunos otros periodistas críticos al régimen, contra los que se aplicaron todos los engranajes de la maquinaria política y jurídica del momento, contrasta de una manera notable con el extenso programa de subvenciones… para ayudar a aquellos periódicos cuya responsabilidad era la defensa de la administración y su política, como lo señala Stanley Robert Ros en su artículo El historiador y el periodismo mexicano.

Sus constantes tránsitos por la referida cárcel capitalina, más el aseguramiento de sus herramientas gráficas, eran más cercanas a una persecución política que a un ejercicio cuidadoso del orden jurídico. La última ocasión que fue huésped involuntario de Belén, fue por publicar en El Diario del Hogar críticas opositoras a la candidatura de Ramón Corral.

Un prolongado mal de las vías respiratorias, derivado de las precarias situaciones carcelarias que había enfrentado, le llevaron a la sepultura en 1911. Murió en un nivel cercano a la miseria; ninguna herencia –si acaso la moral– a sus descendientes. Destaca sin embargo entre sus escritos un párrafo en el que alerta: periodistas independientes, estad alerta y procurad guardar mucha discreción y mucha habilidad en vuestros trabajos en pro del progreso de la patria.

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Cinco décadas más tarde en una levítica ciudad de provincia, que apenas despertaba a la conciencia cívica, e ingresaba a lucha por sus derechos políticos. Septiembre de 1961, elementos en activo del Ejército Mexicano allanaban y destruían las instalaciones del periódico Tribuna de la ciudad de San Luis Potosí; se había caracterizado por sus constantes notas de oposición y la calidad incendiaria de sus notas de arenga cívica manifestada a favor de la ciudadanía que se oponía a la consecución del régimen caciquil de Gonzalo N. Santos.

El gobernador en funciones, Francisco Martínez de la Vega, y su recién electo sucesor, Manuel López Dávila, dispusieron la confiscación de los implementos de imprenta y el aseguramiento de las instalaciones del que fue el diario de oposición por excelencia y vocero del movimiento navista que desafió al cacique.

Antonio Estrada, autor de la novela cristera Rescoldo, en su obra La grieta en el yugo, hace una crónica precisa de los hechos: luego procedieron a despedazar los archivos de periódicos y fotografías, volcaron las cajas de tipos al suelo. Hasta que todo Tribuna no fue más que otro cadáver, el último despojo de la carnicería de esa noche patria. Por su parte, a pocas cuadras venía la soldadesca que vigilaría a toda hora esta otra capilla fúnebre de la libertad de expresión.

Obra de denuncia en la que más adelante señala al responsable directo: Así, el destino había escrito una de sus páginas más negras. A Martínez de la Vega, su propio destino le acababa de hacer un guiño de sangrienta ironía, porque él, más periodista que gobernador, acababa de destruir precisamente algo muy suyo, un periódico.

San Luis Potosí, que en repetidas ocasiones fuera un centro de inconformidad y libertad, en el que se gestaron acciones al servicio de la patria; y que fuera cuna de la conciencia cívica en contra de las imposiciones políticas del centro en la segunda mitad del siglo XX, es hoy un espacio donde se otorga a destacados periodistas locales, un premio que lleva el nombre del destructor de un periódico, del asesino de la libertad de expresión: Francisco Martínez de la Vega. Periodismo al servicio del Estado.

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Otro atentado contra la libertad de expresión, cercano a nosotros por haber ocurrido hace poco más de una década, fue el experimentado por José Gutiérrez Vivó, para el que inició un pesado y continuo enfrentamiento contra las estructuras propietarias de los medios de comunicación –Grupo Radio Centro, en este caso– luego de que en marzo de 2004 abriera su espacio informativo a Andrés Manuel López Obrador, quien declaró al periodista su intención de contender por la presidencia de México.

Tras la apertura del espacio al candidato de oposición, las puertas de la empresa comienzan a cerrarse paulatinamente al periodista, quien posteriormente formará alianza con MVS, para transmitir su noticiero. No obstante las agravantes económicas, derivadas de un pleito legal contra Grupo Radio Centro, en el que resultó favorecido el periodista, y en el que nuca fue resarcido monetariamente como había dispuesto el fallo, le llevaron a concluir sus transmisiones en noviembre del 2006. Triste fin para el que fuera el noticiero más escuchado de la Ciudad de México.

Si bien no es posible asegurar la autoría del estado en el caso de este golpe contra el periodismo independiente, sí es válido suponer la complicidad de éste al solapar las corruptelas jurídicas y la negativa del pago contra el periodista que desafió al estado presentando a quien en su momento era el posible candidato de oposición más fuerte frente al régimen foxista. Cero tolerancia a un periodismo crítico que se atrevió a desafiar al estado.

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La salida del aire y del grupo MVS del noticiero matutino dirigido por la periodista Carmen Aristegui, es el tema que ha cobrado especial relevancia en los medios de comunicación en  los últimos días. Al margen de éstos, la opinión pública ha polarizado opiniones a este respecto; sin embargo una gran mayoría coincidimos en señalar que la disposición unilateral que implicó el cese del espacio informativo, constituye un evidente atentado contra la libertad de expresión en México.

En el caso Aristegui no existen pruebas de forma para afirmar que el estado estuvo detrás de su cese; no puede por tanto afirmarse de una manera irrefutable, sin embargo tampoco podrá negarse la posibilidad del hecho. Lo cierto es que tras la difusión de los hechos de Tlatlaya; la posesión hecha por la familia presidencial de la Casa de Sierra Gorda, y la red de comercio sexual establecida por el dirigente del PRI de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la periodista se convirtió en un elemento de cuidado para el régimen gubernamental.

Sabido es de sobra que aquello que afecta a los intereses políticos se convierte en una amenaza para la nación; todo lo que la vulnere será tratado dentro de los parámetros implementados por el estado en estos casos: fuerza estatal, negociación de prebendas, o amenaza directa o velada. La difusión de información de la que hoy han dado por llamar clasificada, entraría dentro de la categoría de aquello que no está permitido que se difunda por constituir un foco de inconformidad para el estado rector.

Aristegui traspasó los límites de lo permitido. Sus señalamientos constantes y pertinentes sobre una serie de temas que habían puesto al descubierto el marasmo de podredumbre en el que se ha convertido el sistema político mexicano y en el que se encuentra inmerso casi en totalidad, no podían ser permitidos de manera permanente. Es aquí donde entran en juego los vericuetos legales de la empresa, cuyos intereses habían sido puestos en riesgo grave luego de la difusión de varias notas que generaron movimientos adversos a los intereses del estado.

La gota que derramó el vaso, y cuyos excedentes generaron la tempestad fue el anuncio de la incorporación de su equipo del que no separó las siglas de la empresa MVS, a la red llamada Méxicoleaks, mediante la cual se pretende articular una red de denuncias anónimas que tienen por objeto dar a luz actos de corrupción gubernamental.

El desenlace, mas no el epílogo, es de sobra conocido. Lo cierto es que su intempestiva salida ha asestado un fuerte golpe a la libertad de expresión generada por un periodismo independiente; un periodismo que supo marcar frontera con el gobierno. Periodismo que había logrado cimbrar las estructuras gubernamentales luego de hacer públicos los escándalos que éste había generado. Recordemos, sin embargo, que el poder no perdona; que cualquier acto encaminado a criticarlo o colocarlo de una manera permanente en descrédito frente a la nación que autoritariamente gobierna, al tiempo que pisotea, es considerado un acto de subversión. Amenaza a la nación.

No se ha ido el pasado. La etiqueta acuñada por el historiador Pedro Salmerón el mismo PRI de siempre, está más vigente que nunca; hoy ejerce sus empeños de venganza a través de la presión a una empresa de comunicación que pretende alcanzar ciertas concesiones en los espacios electrónicos. Hoy ha actuado contra quienes habían sabido ejercer un periodismo crítico desde la objetividad periodística. ¿Mañana quiénes siguen?