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Perredismo fascista, de nuevo Soledad

Óscar G. Chávez

A Martín Faz Mora
incansable luchador por los derechos humanos.

P areciera que en San Luis Potosí una de las tendencias –rescatando el término empleado por el legislador Miguel Maza– de actualidad, es la violación sistemática a los derechos humanos por parte de algunas autoridades municipales. Mientras que en la capital potosina, el alcalde Mario García Valdez se ha empeñado en construir a como dé lugar una comandancia municipal en una zona inmediata a diversos centros escolares entre los que destacan un jardín de niños, una primaria, secundaria y una preparatoria; la alcaldía del municipio conurbado de Soledad recientemente infringió la integridad de un grupo de estudiantes menores de edad, alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 17, al detener a varias decenas de entre cerca de 200 que asistían a una fiesta privada y que tenía lugar dentro de un espacio particular.

El tema pareciera ser aparentemente un hecho aislado, sin embargo viene a sumarse a las agresiones ejercidas en contra de estudiantes por administraciones municipales aparentemente emanadas de la izquierda. En el mismo sentido, pudiéramos pensar, que no ha tenido la suficiente comprensión el tema Ayotzinapa; y no obstante que se argumente que son contextos totalmente distintos, no está por demás considerar a modo de reflexión, qué hubiera ocurrido si el control de los jóvenes escapara en ese momento a los elementos de la policía municipal de ese municipio que de una manera aleve y totalmente ilegal, ingresaron armados, encañonando a menores de edad, a un espacio privado.

Aunque en reiteradas ocasiones el joven alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez se ha empeñado en hacer patente –al menos de mención– su compromiso con la juventud de su demarcación administrativa, pareciera que el tema le tiene sin cuidado; que él ordenó la ilícita acción de su policía; o no ejerce la suficiente autoridad sobre su cuerpo de policía, la cual pareciera actuar totalmente al margen de la ley.

Ya en reiteradas ocasiones el municipio de Soledad y concretamente su alcalde, se han mostrado intolerantes a cualquier forma de crítica u opinión negativa que se emita sobre su administración y sus controversiales actuares. En esta ocasión ha sido José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del ayuntamiento soledense, quien ha proferido una serie de diatribas irascibles en contra del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo.

No había pensado, al menos hasta ahora, que fueran posibles de nueva cuenta este tipo de abusos que parecieran de los tiempos del capitán Rogelio Flores Berrones, halcón de 1971 y director de la policía en el sexenio de Guillermo Fonseca; o de aquellos que realizaran Waldemar Rodríguez Inurrigarro y su convoy del terror; un cuerpo de elite integrado por 109 elementos que en un actuar cotidiano se dedicaba a recorrer las colonias populares de la ciudad y sus áreas conurbadas, levantando a cualquier sospechoso de alterar el orden público; eran principalmente jóvenes menores de edad que eran conducidos a las áreas de detención de la entonces policía judicial, y para ser liberados se la obligaba a pagar multas cercanas a los 12,000 pesos de aquellos años; más de un mes de trabajo si consideramos que el salario mínimo era cercano a los 350.00 pesos.

Nadie de los que recordamos aquellas épocas quisiéramos que volvieran a ser de uso cotidiano y práctica recurrente, los métodos de terror implementados por esos tristemente célebres jefes de la policía.

El joven edil soledense, que bien pudiera parecer una caricatura latinoamericana del dictador coreano Kim Jong Un, al que mucho ha emulado en despliegues de prepotencia y ejercicio de un poder casi absoluto, pareciera que no tiene mayor interés en el respeto a los derechos humanos y en sancionar cualquier falta que se ejerza sobre éstos. De la misma manera pareciera que no tiene control alguno sobre sus policías o si es que o tiene, no inspiran mayor respeto sus disposiciones.

Carreteras a Rioverde y Matehuala; avenidas San Felipe, San Pedro, de los Pinos y Valentín Amador, son algunas de las arterias vehiculares en las que de manera cotidiana los oficiales de tránsito ejercen la ya tradicional práctica de la extorsión, que a modo de inocente cooperación para el café ha mermado la economía de los que quedan a merced de sus actuares. De la misma manera la brutalidad con que actúan sus oficiales de policía es ya legendaria; pautas conductuales recurrentes desde hace décadas y que al parecer no han sido logradas erradicar por ninguno de los ediles de aquel municipio.

De la misma manera resulta reprobable, que hasta ahora, no hayamos sido testigos de alguna declaración condenatoria del trato infligido a los estudiantes, de parte de las autoridades educativas del centro escolar al que pertenecen; el hecho de que se hubieran dado estos acontecimientos fuera de un horario escolar, no implica el silencio por omisión deliberada o por imposición vertical.

El trasfondo de los hechos va más allá de la simple irrupción a un evento privado y la detención de un grupo de asistentes al mismo. Se trata de estudiantes menores de edad quienes, al margen de las infundadas acusaciones que se han hecho sobre ellos, fueron detenidos de una forma por demás brutal e ilegal, pasando por alto los mínimos y elementales protocolos que en materia de seguridad se deben emplear en estas circunstancias.

Ahora bien, no es concebible que un aparato político administrativo, que llegó al ejercicio del encargo como propuesta de un partido de izquierda, actúe de esta manera sobre sus representados, y no es referirnos al hecho de la detención, que en sí ya es reprobable, sino al de no condenar de manera inmediata y sancionar el actuar de los elementos de seguridad que participaron en ese operativo.

Si se actúa de esa manera contra un grupo de jóvenes estudiantes de bachillerato, debemos preguntarnos qué grado de barbarie y salvajismo se ejercen contra aquellos que alteran el orden público. Recordemos que el posible delincuente común, no obstante que es un infractor del orden social, también forma parte de un entorno humano que goza de los mismos derechos que el resto de sus integrantes.

Si se observan de una manera atenta los tópicos conductuales del alcalde de ese municipio, nos daremos cuenta que no existe un parámetro lógico que pueda diferenciarlo de cualquiera edil priista de entre los años sesenta y ochenta. Por un lado se muestra, mediante un aparatoso departamento de prensa, como un benefactor constante de su núcleo social, comprometido con los sectores más vulnerables; mientras que por el otro ejerce un despótico ejercicio del poder, que no tiene otro objeto que no sea el de proyectar su figura fuera del entorno local, como una autoridad que logra el control total de su entorno.

Las necesidades de autoafirmación en el campo del discurso público, son materia de primera necesidad para al alcalde soledense; el ejercicio desmedido de la autoridad, no tiene otro objeto que demostrarse –a él y a nadie más– que en su feudo se actúa de acuerdo a las indicaciones que él ha dictado a modo de prácticas que se verán reflejadas en el bien social; paradójicamente, pareciera que los habitantes de ese entorno, no han sido capaces de descifrar la perversa mentalidad de su alcalde.

Pareciera que es ya de práctica recurrente en aquel municipio, y que su alcalde lo ha llevado al grado de ley irrebatible, la vieja sentencia laissez faire, laissez passer –dejar hacer dejar pasar–, que de acuerdo a las artes del disfraz político propuestas por James C. Scott en su obra Los dominados y el arte de la resistencia, pareciera ir encaminada a demostrar en forma matizada que en su administración se ejercerá la autoridad desde las ópticas que considera las idóneas para ejercer el estado de derecho; sin considerar que en la mayoría de las ocasiones éstas se hallan opuestas a la forma elemental del mismo.

Estas formas de actuar y hacer respetar las leyes, no persiguen otro fin que el de demostrar a los gobernados que son parte legítima de una forma de control y ejercicio de la autoridad, y que se actúa bajo la disciplina, la determinación y el poder que eso implica. Sin embargo y por oposición, ignora deliberadamente, que los únicos afectados son los mismos gobernados.

Soledad de Graciano Sánchez es en la actualidad un claro ejemplo del ejercicio de un modelo fascistoide en el que impera el autoritarismo a ultranza disfrazado de un paternalismo populista, que a cambio de una práctica recurrente de represión y de muestras constantes de adhesión, será pródigo y generoso en un intercambio ritual de bienes y servicios.

Populismo desmedido, ejercicio del poder sin medida alguna y constantes violaciones a los derechos humanos es el sello particular del representante de un partido represor de estudiantes, que ostenta un sol que hoy se encuentra teñido de rojo; empapado en sangre. No hay al parecer diferencia alguna entre este edil y el de Iguala; ambos son del mismo cuño, el troquel que los ha marcado es el de las ansias de fama y poder.

A modo de inocente comentario, sin embargo, debemos recordar a Ricardo Gallardo Cardona, presidente municipal de Soledad, aquel proverbio etíope que sentencia: Cuando el gran señor pasa, el campesino sabio hace una gran reverencia y silenciosamente se echa un pedo.

#RescatemosPuebla151