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Planes y participación ciudadana

Carlos López Torres

La planeación de acciones gubernamentales y las políticas públicas correspondientes, efectivamente requieren de nuevos ordenamientos y precisiones como lo plantea el senador Octavio Pedroza Gaitán, a propósito de la iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución General de la República, recién presentada por el ex alcalde del municipio de San Luis Potosí.

La iniciativa del senador coincide en tiempo con otra impulsada localmente por el Ceepac, que tiene que ver con la participación ciudadana, cuya discusión apenas se ha iniciado con un foro donde diputados, investigadores y diversos actores, incluyendo a los miembros del organismo autónomo, han vertido algunas opiniones que la Legislatura local habrá de tomar en cuenta para una eventual reforma que haga posible la participación ciudadana, más allá del formalismo del voto.

Según la iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, los ayuntamientos están obligados a seguir sus planes municipales de desarrollo, documento que debe presentarse en los primeros tres meses de su gestión; además de que su cumplimiento debe ser a cabalidad, cosa que no ocurre generalmente, acepta el funcionario.

Dicha iniciativa, de aprobarse, obligaría a todos los municipios del país a que sus planes sean auténticamente el instrumento que determine las acciones y políticas públicas que deben instrumentar las acciones municipales, y no sólo un requisito de ley.

Más aún, dice el senador que la debilidad institucional de los municipios se debe “en gran medida” a la improvisación, a no contar con una auténtica planeación, y que no se hace un seguimiento; los alcaldes actúan y hace obras a su capricho y contentillo, o peor aún, de acuerdo con los compromisos personales de ellos.

Aunque la iniciativa presentada para reformar el artículo 115 pretende fortalecer la participación del Cabildo como ente colegiado, no se habla de la participación directa de la ciudadanía, limitándola a la sola consulta.

La debilidad institucional de los ayuntamientos la hemos comentado en otro momento, tiene que ver con el excesivo centralismo acentuado legal y políticamente durante este sexenio de regreso del autoritarismo priísta, que además de concentrar los recursos financieros condiciona el ejercicio del municipio libre, con el argumento de que los presidentes municipales hacen exactamente lo que los gobernadores que se gastan el dinero de las participaciones federales en derroches y corruptelas.

Por supuesto, no se puede negar esa realidad; como tampoco podemos eludir el reconocimiento de la estrecha relación de políticos y narcos en los niveles estatales y municipales, que comparten el presupuesto municipal, mismo que efectivamente no aterriza en obras prioritarias, y lo que es peor, la ciudadanía no tiene forma de intervenir ya no digamos para participar en la toma de decisiones, sino para preguntar sobre el destino de los recursos que manejan a sus anchas los ayuntamientos.

De por sí, el momento de crisis que vive el país, en materia económico financiera y política, hace casi imposible la planeación y el cumplimiento de objetivos y metas a corto y mediano plazo, el desorden del mercado y su incontrolable movimiento dificultan sobremanera la pretensión de que sólo con leyes o reformas se logre convencer a quienes han hecho de la política un gran negocio, que actúen honorablemente y honren sus compromisos publicitados. Se requiere de una participación directa de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida pública para transformar la vieja cultura política que, aunque con claros signos de descomposición, se aferra a la sobrevivencia. Sin embargo, la discusión de ambos temas es pertinente y oportuna.