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Platos rotos e invitados no deseados

Carlos López Torres

N o bien inician los cambios de administraciones en los diferentes aparatos administrativo-gubernamentales de la entidad, todavía sin el conocimiento público del recuento preciso de daños y pesadas herencias, producto del malbarato oficial y la institucionalizada corrupción.

Aún con el paisaje citadino poblado de publicidad por doquier sobre los miles de “logros” del autodenominado gobierno “ciudadano”, que ninguna autoridad se atreve a quitar, cuyo costo finalmente pagaremos los habitantes de las cuatro regiones del estado.

Designados apenas los funcionarios de primer nivel en las dependencias estatales y municipales, las presiones de quienes se resisten a dejar de vivir del presupuesto aquí y allá no cesan, aunque sus promotores o protectores no dejan de moverse para hacer realidad la nueva política de inclusión, inaugurada, dicen, por el gobierno de Carreras López.

El caso más sobresaliente en estos primeros días de gobierno, es el de la invasión masiva de elementos policiacos provenientes de la dependencia encargada de la seguridad pública de Tamaulipas, precisamente de la entidad donde el desempeño del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dejó mucho que desear, resultó, por decir lo menos, un gran fracaso frente al crimen organizado, como lo confirman las cifras respectivas del vecino estado.

La desconfianza demostrada por el nuevo titular de la SSPE hacia los anteriores elementos de dicha dependencia merece una explicación, no sólo del funcionario en cuestión, sino especialmente de su jefe, quien dice aspirar a ganar la confianza de las y los potosinos, aunque los verdaderos motivos del silencio sobre la contratación de forasteros para desempeñarse en diversos cargos de la dependencia, se ha prestado ya a rumores y, lo que es peor, a reclamos del SITTGE.

¿Es por su eficiencia que se les ha mandado traer, ante la ausencia de personal acreditable egresado de la Academia de Policía o se trata de plano de la falta de confianza en los elementos locales, ante el aumento del delito en la entidad? El ciudadano tiene todo el derecho a saber cuáles son las razones que motivaron la contratación extraordinaria de tanto personal de confianza en una sola dependencia.

Los funcionarios indeseables parecieran irán en aumento a lo largo y ancho de la geografía político-administrativa del estado. A reserva de conformar una lista completa que incluya los 58 municipios de la entidad, por el momento nos conformamos por mencionar el caso ya impugnado ejemplarmente por muchas mujeres, ya que se trata de un ex funcionario, ex delegado del Instituto Nacional de Migración, el licenciado Alberto Rojo Zavaleta, involucrado en un caso de acoso sexual que le costó en su momento el cargo.

Como en muchos otros casos, una vez que el ex funcionario fue separado de la delegación del INE, el silencio rodeó lo relacionado al desenlace jurídico definitivo, por lo que los propios diputados exigen al recién designado consejero jurídico del Congreso del Estado, tenga a bien presentar su sentencia absolutoria.

Los que no se midieron en sus declaraciones fueron los integrantes de la dupla de las dependencias sector trabajo, quienes al alimón, para que no quede duda, negaron enfáticamente que en San Luis de la Patria, definitivamente haya explotación infantil dado el consentimiento de los padres para que sus hijos se desempeñen como jornaleros. La interesada confusión que pretenden sembrar los falsarios funcionarios no se sostiene. Una cosa es una cosa… diría el Filósofo de Güémez; por lo que bien harían en aclarar es que la autorización de los padres no exime a los chicos de la explotación de que son objeto. Una vez hecho lo anterior, deberían proceder a castigar a los explotadores a quienes pretenden proteger.