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Poder Legislativo desfasado

Carlos López Torres

A demás de los otros dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, cuyo bajo desempeño mantiene a la entidad empantanada, el Poder Legislativo acusa un abandono que lo aproxima a la inutilidad y, lo que es peor, al desmedro institucional y el desdén expresado por el desencanto ciudadano.

Lamentable, muy lamentable, que la fuerza para contrapesar la discrecionalidad de los otros dos poderes, lejos de cumplir ya no digamos algún contrapeso, sino elaborar las leyes, que es la función que le asigna la Constitución local, no haga de manera aceptable y decorosa su tarea primordial.

El estancamiento de la entidad no puede continuar; por más que la vigente simulación peque de tolerancia interesada y la resignación se convierta en pasividad favorecedora del más de lo mismo.

Es el caso de un Legislativo cuyo desfasamiento ha sido demostrado una y otra vez, gestión tras gestión, no sólo por su tradicional sometimiento al Ejecutivo en turno, sino por su propia incapacidad para hacer leyes bien hechas, que sirvan como herramientas para exigir y combatir, en su caso, la negligencia, la discrecionalidad y la corrupción de los funcionarios.

En lugar de contar con auténticos representantes populares, los ciudadanos sentimos que estamos frente a un puñado de funcionarios caros, ostentosos y ocurrentes, quienes no tienen empacho en aprobar leyes en microondas o al vapor en detrimento de los usuarios y contribuyentes que pagamos sus altísimos salarios, prestaciones y prerrogativas.

Han encarecido el ya de por sí costoso proceso comicial, debido a su aceleramiento en la aprobación de una ley electoral, sólo para presumir de adelantados, cuando el sentido común aconsejaba esperar la aprobación de la reforma constitucional y las leyes generales de la materia, aprobadas por el Congreso de la Unión.

Retrasaron la discusión y aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental casi cuatro años sólo para permitir el crecimiento de la opacidad y la corrupción del gobierno saliente; aunque después hablaron de reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de reformar el párrafo 3o. del artículo 39 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, para que los aproximadamente 300 funcionarios que dejarán pendientes sobre sus malos manejos, dejen sus domicilios para ser localizados a efecto de que aclaren su proceder.

Los diputados, convertidos en chapulines, algunos jugando en doble pista como legisladores y como candidatos con cargo al erario, son responsables del encarecimiento del sistema tributario con sus aumentos a los servicios estatales y municipales, con sus alzas a los impuestos, etcétera.

De las grises campañas, las de los aspirantes a diputados son las que menos compromiso reflejan. Los medios poco se ocupan de quienes por experiencia se sabe se convertirán en funcionarios que no responderán ante nadie, amén de usar la curul como trampolín político.

Es necesario abrir el debate sobre el papel del Congreso del Estado y sus perspectivas. Hay ahí una tarea inmediata de quienes hemos decidido participar en la Constituyente Ciudadana-Popular en la búsqueda de la justicia y lucha contra la impunidad.