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16 noviembre, 2014
Repercusiones
16 noviembre, 2014

Primera refriega por el gasto publicitario

Rogelio Hernández López

E n casi cuatro décadas como reportero no había observado una refriega más franca entre un sector tan amplio del periodismo contra un gobierno estatal, como la que ocurre desde hace cuatro meses en Michoacán. Y la causa es el manejo opaco, arbitrario y alegal del gasto público en publicidad.

Este combate –todavía menor a una batalla generalizada entre prensa y gobierno de Michoacán– sacudirá a uno de los temas más sensibles y difíciles del sistema nervioso central de la democracia mexicana, porque en esa vulgaridad económica se asientan la mayoría de las relaciones prensa gobierno en todo el país. Es un dolor de cabeza para los actores de esta actividad, en especial para los gobernantes de todos los partidos políticos quienes eluden su ordenamiento y le van dejando el tema, como papa caliente, a quienes les suceden.

Lo que viene

Para el miércoles 19 de noviembre, en la ciudad de Morelia y más específicamente en la casa donde nació José María Morelos y Pavón se está convocando a un Encuentro Estatal de Editores, Periodistas y Comunicadores de Michoacán. A esta concentración, de no atajarla el gobierno federal, podrían llegar decenas de empresarios de medios, más las asociaciones activas de reporteros y otros periodistas de todos los municipios.

La convocatoria comenzó a circular desde el 11 de noviembre y los responsables de ella son dos veteranos periodistas ampliamente conocidos en la entidad y con amplio poder de convocatoria: Macario Ramos Chávez y Andrés Mariano Resillas Mejía. El primero es editor responsable del diario Visión de Michoacán fundado en febrero de 1991 y activo organizador de concertaciones recientes de editores y empresarios de medios; el segundo ha sido corresponsal de TV Azteca, coordinador de Comunicación Social del estado, editor del periódico Búsqueda y coordinador de 15 reuniones de reporteros michoacanos que en menos de un año se realizaron en todas las regiones del estado, para su desarrollo profesional.

Al encuentro estatal le precede una primera escaramuza de editores de varios municipios contra Salvador Jara, gobernador emergente. Desde principios de octubre, editores y periodistas de Uruapan anunciaron públicamente que realizarían actos de protesta. En días creció la suma de dueños de medios y reporteros de la región: Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, Apatzingán y otros municipios aledaños. Anunciaron que harían una demostración pública el 21 de octubre durante un acto de gobierno al que concurrirían funcionarios y legisladores federales y del estado.

Entonces, del gobierno estatal mandaron a los funcionarios de comunicación social Armando Palomino Domínguez y Atzimba Rosiles Pérez para que hablaran con los editores de varios municipios y así desactivar la protesta, pero fue infructuoso. Durante el acto público se extendió una manta adelante del presídium oficial y los reporteros gráficos dejaron sus cámaras en el piso. Ese sólo hecho ya era inusitado en alguna entidad.

Cómo se larvó el conflicto

Desde el mismo 20 de Junio de 2014, poco después de que rindiera protesta, el académico Salvador Jara Guerrero, como gobernador sustituto de Michoacán les advirtió a todos: “Tenemos que sanear las finanzas y transparentarlas”. Y según coinciden varios columnistas una de sus primeras órdenes fue suspender unilateralmente los pagos de los convenios de publicidad para casi toda la prensa, pero sin informar a los afectados.

Desde entonces la inconformidad que se presentó en Uruapan se fue extendiendo. Para los primeros días de noviembre, en su columna Bajo la lupa, el periodista Armando Saavedra sugirió que tal acto de gobierno no era sólo torpeza del novato gobernador sino que –deslizó– podría ser del comisionado del gobierno federal: “pues tiene un patrón que le ordena y que no es precisamente el pueblo… con la perversa intención de ejercer presión sobre los medios de comunicación y condicionar el pago de los multicitados ´convenios´, a cambio de proteger mediáticamente los yerros del poder público en su conjunto…”

Para el 6 de noviembre el tema fue subido al Congreso del Estado con una propuesta de exhorto al gobernador Jara para que pague y transparente el gasto referido. En el texto se apunta una parte del meollo del conflicto

“En el Estado de Michoacán se cuenta con un aproximado de Un mil ciento cincuenta medios de comunicación, entre los que se encuentran medios electrónicos, escritos, sonoros y digitales.

“El Congreso del Estado de Michoacán aprobó el presupuesto de 2014 para la Coordinación de Comunicación Social la cantidad de $41, 766, 136.00 (cuarenta y un millones setecientos sesenta y seis mil ciento treinta y seis pesos), de los cuales el 40% es para gastos de operación.

 “Se sabe de manera extraoficial que a partir del mes de junio (que) el gobierno del Estado no cubre los servicios prestados por concepto de difusión de actividades institucionales a un aproximado de 380 medios de comunicación que tienen ´convenios´ ya sea de forma verbal o por escrito”.

El fondo

Y tal escaramuza que llegó al Poder Legislativo puede escalar al nivel de refriega, sino es que de una batalla sin augurios posibles. Los temas que apuntan los periodistas convocantes al encuentro estatal para el 19 de noviembre ya contienen más exigencias, que seguramente preocuparán a gobernantes de otras entidades. En la agenda de cinco puntos que discutirán, se perciben claramente demandas no fáciles de cumplir:

1.- La falta de pago data de junio y julio; incluso hay casos de antes, a la mayoría de medios de comunicación que fueron contratados por el gobierno del estado para divulgar sus actividades;

2.- Solicitar una explicación al Poder Ejecutivo del presupuesto destinado a Comunicación Social (41 millones).¿Dónde están esos recursos? ¿Se desviaron para otros fines? ¿Quién es el responsable?;

3.- Que se transparente el ejercicio del presupuesto destinado a la comunicación social, por medio y criterios de asignación

4.- Que en el ejercicio del presupuesto se privilegie el periodismo de proximidad; aquellos medios locales, regionales y municipales que realmente tienen penetración con los auditorios, sin discriminar a los que cuestionan la actividad de servidores públicos y políticos.

5.- Eliminar restricciones de acceso a fuentes de información y la práctica del gobernador y del comisionado (federal) para la Seguridad de negarse a responder preguntas en conferencia de prensa.

El tema de incumplimiento de pago, a pesar de convenios, a medios de prensa incómodos para los gobernantes es un asunto recurrente (Contralínea, Proceso y otros medios son ejemplo), al igual que las demandas de que se legisle en materia de gasto público en publicidad y se transparente. A nivel federal existen dos iniciativas en el Senado de la República y Enrique Peña Nieto, como candidato, ofreció una iniciativa de ley que nunca presentó.

Por eso, digo que en 27 años de reportero no he visto en alguno de los estados una confrontación política tan extendida como ahora en Michoacán. Si recuerdo, un primer esfuerzo de hace 9 años que no recibió la solidaridad necesaria. El  7 de junio de 2005, mi-no-hermano, el periodista Julio Hernández López inició una solitaria marcha desde San Luis Potosí a la ciudad de México en protesta porque el gobernador panista Marcelo de los Santos ordenó un boicot informativo y publicitario contra La Jornada San Luis en represalia por las informaciones críticas.

El manejo arbitrario, opaco y sin fundamento jurídico (alegal), de los recursos públicos para la prensa, es ampliamente conocido en todas y cada una de las entidades de la república. Por eso, el resultado de esta refriega en Michoacán podría sentar precedentes para encaminar pautas de solución aquí y en otras entidades, o bien introducir otro factor para la anomia social y las insurrecciones cívicas que vive México. Estemos atentos.