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¿Qué pasa en el Cobach?

Guillermo Luévano Bustamante

S i usted vive en la zona metropolitana de San Luis Potosí probablemente ayer se encontró con que las vialidades estaban congestionadas por las zonas colindantes a la avenida Salvador Nava Martínez.

Docentes del Colegio de Bachilleres (Cobach) de San Luis Potosí bloquearon parte de esa importante arteria urbana en protesta por la omisión en el pago de sus prestaciones anuales, entre las que se encuentra el aguinaldo, mismas que debieron ser liquidadas a más tardar el 12 de diciembre pasado, según su contrato colectivo de trabajo.

Ya en este momento el Cobach, sus autoridades, su director, el ingeniero Mónico Jiménez, han incumplido la obligación legal, que se suma a la larga lista de agravios contra su personal docente, pero si incumple el término general, supletorio, para el pago de aguinaldos que vence el 20 de diciembre, deberán actuar las autoridades laborales para sancionar a los directivos del centro escolar y hacer que se respeten los derechos de sus profesoras y profesores.

Hemos relatado en este espacio en otro momento como desde 2005 en que se decretó una homologación del Cobach con centros educativos del orden federal supuestamente mejorarían las condicionales laborales de su personal docente en San Luis Potosí y no. Que la homologación sirvió para enfatizar el carácter político de la asignación de beneficios y la exclusión del personal comprometido. De ahí que los docentes de esta importante preparatoria pública se organizaran en la Coalición de Trabajadores que pelea por el reconocimiento de sus derechos sociales, que ha denunciado las graves irregularidades administrativas en que incurren las autoridades educativas. La denuncia llegó a la Auditoria Superior del Estado cuya revisión ha arrojado resultados parciales preocupantes, sobre el manejo de recursos y sobre el tratamiento privilegiado al personal directivo y al funcionariado.

Hay contra el personal docente una grave excepción en el país, incluso desde antes de la reforma educativa la tendencia gubernamental les desconoce su condición de personas trabajadoras, les niega o prorratea sus derechos laborales, y les considera sólo sujetos a relaciones administrativas, precarizadas.

Además que entre la atribución de facultades federales y estatales sobre los colegios de bachilleres, ni el gobierno federal ni el estatal les resuelven sus demandas. Hace un tiempo que el personal docente de estos centros educativos se halla en entrecruces vulnerables y que hay una embestida contra sus derechos. En San Luis están resistiendo, entienda usted que si ayer le afectó el bloqueo de calles es porque a estas profesoras y profesores les niegan sus derechos ¿Qué haría usted si no quisieran pagarle sus prestaciones, su aguinaldo, y si a pesar de denunciarlo por las vías jurídicas, administrativas, siguieran sin hacerle caso durante meses? Con lo fundamental que es su labor formativa de jóvenes de San Luis.

Vale decir que el aguinaldo es considerado en la doctrina jurídica laboral como casi sagrado, intocable, no sujeto a descuentos o retenciones, y sin embargo en la práctica es otra cosa, como puede verse.

No está de más el recordatorio para el personal docente y directivo del Cobach que en San Luis Potosí quien retiene indebidamente el salario a una persona trabajadora comete un delito consignado en el artículo 350 del nuevo Código Penal del Estado.

Ayer leí un tuit de una profesora de Cobach de San Luis que preguntaba con justísima razón como es que el gobierno del estado de San Luis Potosí compromete sin dificultad y sin consideración del Congreso erogaciones hasta por 3 mil 500 millones de pesos para la BMW y no cumple con las prestaciones, que son derechos, del personal docente en el estado.

Confío que el conflicto del Cobach concluya pronto, por el bien de su personal docente, porque ese centro educativo es importantísimo en la entidad, su nivel académico, la formación integral con la que egresan sus estudiantes que destacan en la Universidad por sus actividades artísticas y deportivas, casi por regla. Pero que concluya el conflicto no sólo con la entrega de sus prestaciones vencidas al momento, sino con el rezago de casi diez años de homologación fallida dolosamente y con las sanciones para directivos y funcionarios omisos o deliberadamente incumplidos con la normatividad institucional y responsables de malos manejos administrativos.

 @guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.