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¿Quién dirige las instituciones públicas?

Renata Terrazas*

La construcción democrática en México nos ha llevado a discutir sobre las elecciones, reformas legales y el diseño institucional óptimo que garantice derechos y funcione como contrapeso de la concentración de poder.

En algunos casos esas discusiones se han materializado en reformas constitucionales, creaciones legales y la construcción de instituciones garantes de derechos o reguladoras del poder. Y en esos esfuerzos, como muchas otras ocasiones nos ha pasado, descuidamos elementos relevantes para la continuidad de los cambios y las nuevas creaciones.

En el caso específico de las instituciones, hemos tenido experiencia creando modelos interesantes que al cabo de los años se debilitan o son cooptados por poderes políticos, con lo cual terminan por inutilizarlas.

La importancia de los titulares de las instituciones ha llevado a un par de organizaciones a crear un observatorio de designaciones públicas desde donde monitorean los procesos para la designación de rectores de universidades, jueces, titulares de organismos públicos autónomos, entre otros tantos.

Tanto en el ámbito federal como estatal e internacional, este observatorio vigila que los procesos se desarrollen de manera abierta y transparente, para con ello dotar de certeza al proceso y legitimidad a la institución.

Los hallazgos de este observatorio son de llamar la atención ya que, si bien se erigen instituciones con autonomía, esta se ve anulada con la cercanía de sus titulares con los poderes políticos o los intereses privados.

Apenas cerrábamos el año anterior con la denuncia de la imposición de Raúl Cervantes a la Fiscalía General, con la cual se limitaría el alcance de la fiscalía dada la cercanía de Cervantes con el presidente Peña Nieto.

Esa manía de poner a los amigos frente a los organismos encargados de regular el poder nos ha llevado a contar con dependencias paralizadas que sólo sirven para dar empleo a los que acompañaron la campaña política.

Esta semana, diversas organizaciones de la sociedad civil exhortaron al Dr. Narro Robles, como presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), a llevar a cabo un proceso transparente que dé certeza sobre la idoneidad del perfil del siguiente titular al INSP.

La propuesta no se basa en un tema de ilegalidad sino de fortalecimiento institucional. Es de llamar la atención que el Instituto, como pieza fundamental para la creación y evaluación de las políticas de salud en México, tenga un proceso tan discrecional para la designación de su director general.

Como lo he mencionado, no es que se viole la ley. El marco normativo que regula este proceso es tan ambiguo que no deja ver con claridad quién toma la decisión sobre la terna que el presidente de la Junta de Gobierno propone a la propia junta. Es decir, se sabe que en la junta se vota, pero no si es por mayoría, si el presidente tiene voto de calidad o cuál es el esquema.

Tampoco se conocen los criterios sobre los cuales se basa dicha decisión. ¿Cuáles capacidades cuentan más? ¿Toman en cuenta la probidad del candidato? ¿Es relevante que no exista conflicto de interés? ¿Realizan una evaluación técnica? Todas estas preguntas quedan en el aire por la secrecía desde donde se toma tan importante decisión.

Y alguien pudiera preguntarse por qué es importante este tema, o por qué deberíamos fijarnos en la designación de un instituto público de salud. La respuesta es amplia y a la vez contundente, el INSP es quien genera evidencia para la evaluación de políticas públicas de salud y de temas relevantes en salud.

Ejemplo de ello es el tema que ha estado en la agenda pública desde hace años y se refiere a la epidemia de diabetes que en México vivimos. El INSP genera información que permite guiar políticas para limitar la venta de productos chatarra o bebidas azucaradas en escuelas. También el Instituto genera información sobre temas como embarazo adolescente, prevención del cáncer, enfermedades venéreas, entre tantas otras.

El INSP es pieza fundamental para la garantía de uno de los derechos más preciados, el derecho a la salud. Es menester asegurar que a su dirección llegue el mejor de los candidatos posibles, que tenga probada integridad en el ejercicio público y que carezca de conflictos de interés que le impidan generarinvestigación sobre temas controversiales.

Es de esperar que ante la crisis de legitimidad que vivimos en este país, un ex rector de la Máxima Casa de Estudios tenga suficiente compromiso con la garantía del derecho a la salud y la construcción de un país más democrático, y por ende tome la decisión de transparentar el proceso de designación del INSP así como el de otros institutos públicos de salud que enfrentan procesos similares. Ahora la decisión está en el secretario de salud pública, el Dr. Narro Robles.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación