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¿Quién le teme a la Auditoría?

Renata Terrazas*

Las designaciones públicas se han convertido en un tema cada vez más visible gracias al esfuerzo de organizaciones civiles que desde hace casi una década comenzaron a identificar su trascendencia en la vida democrática del país.

Cuando en 2009 la lucha fue sobre la institución nacional de derechos humanos, a la cual le impusieron un perfil cercano al poder y por ello bajó el perfil garantista de la institución, las organizaciones salieron a la arena pública a exigir un proceso que garantizara una persona en el cargo con compromiso con la agenda de derechos humanos.

En ese momento se entendía poco sobre el tema de designaciones, pero en el transcurso de los años se ha ampliado la base de organizaciones que exigen procesos transparentes, inclusión a la participación y mecanismos de rendición de cuentas sobre las designaciones de diversas dependencias y organismos públicos autónomos.

En el último año el tema ha cobrado enorme relevancia debido a los intentos de captura de las fiscalías de algunos estados como Veracruz y Quintana Roo, así como de la federal, en donde el gobierno de Enrique Peña Nieto buscó el pase directo del entonces Procurador General de la República, el llamado fiscal carnal.

Las y los mexicanos sabemos que mediante procesos de designación opacos se imponen perfiles ad hoc que le bajan al perfil a las instituciones, sobre todo a aquellas que regulan el poder como lo son las fiscalías, los organismos públicos autónomos y las auditorías.

Las organizaciones civiles, así como la sociedad en general, sabemos que los cargos públicos se convierten en motivo de lucha de poder, ya sea para convertirlas en fuente de trabajo para los que ayudaron en campaña, como para capturar las instituciones que persiguen los abusos de poder.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es de esas pocas instituciones que aún conservan un dejo de legitimidad. Entre sus funciones está la de identificar malos ejercicios del presupuesto público federal, con lo cual logran recuperar recursos e interponen demandas penales contra funcionarios corruptos.

Las recientes modificaciones legales derivadas de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción la hacen aún más peligrosa para los corruptos porque puede auditar el ejercicio de recursos públicos al momento, a diferencia de antes que había que esperar un par de años –los suficientes para que los corruptos huyeran o a todos se nos olvidara–.

El siguiente auditor –quisiera incluir la auditora pero sabemos que estamos aún lejos de ello– estará en su cargo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2025. Es decir, trabajará sobre tres administraciones; la actual que seguro tiembla por la posibilidad de tener un auditor fuerte, la siguiente, que en la mente de los partidos todos son posibles ganadores y por ello también sudan ante la posibilidad de tener un buen perfil, y una tercera que se ve aún muy lejana.

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados debe aprobar por mayoría la terna que presentará al pleno en donde dos terceras partes deberán designar entre dicha terna al siguiente auditor. La Comisión de Vigilancia se compone de 28 integrantes en donde 12 son del PRI, 6 del PAN, 3 del PRD, 2 de Morena, 2 del PVEM y 3 de otros partidos. Con estos números, si el PRI quisiera imponer su voluntad requeriría de dos integrantes de otro partido o de la ausencia de cinco de otros partidos.

La convocatoria para recibir solicitudes estará abierta hasta el domingo 26 de noviembre, como lo dicta la ley duró abierta solamente 10 días naturales. Según los tiempos de la propia convocatoria, será el 9 de diciembre cuando se entregue la terna a la Mesa Directiva, es espera de tener una discusión en pleno.

Más allá de los tiempos reducidos y las mayorías partidistas, lo preocupante es que la designación se llegue a dar bajo criterios de conveniencia y no de idoneidad. Ello daría resultado a la designación de un perfil a modo y a la total pérdida de legitimidad de una de las instituciones clave en la lucha contra la corrupción.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación