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Julio Hernández López

Samuel Alejandro García Sepúlveda, un abogado fiscalista de treinta años de edad, ha hecho saber que el Instituto Nacional Electoral (INE) analiza con firmeza la posibilidad de sacar de la carrera presidencial al de por sí muy rezagado Jaime Rodríguez Calderón, tragicómicamente autodenominado el Bronco.

El abogado García es el representante del Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Nacional Electoral y preside ese partido en Nuevo León, además de ser diputado local con licencia y candidato a senador por el partido que regentea Dante Delgado y que, en alianza con PAN y PRD, apoya a Ricardo Anaya Cortés en la búsqueda de llegar a Los Pinos.

Promotor, junto con la también diputada local del MC, Mariela Saldívar Villalobos, de una denuncia ante el INE por presuntos hechos delictivos cometidos por Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León con licencia, el mencionado García Sepúlveda asegura que todo está puesto en el instituto electoral para retirar la postulación al “Bronco”: “prácticamente el INE ya convalidó que hay ilícitos suficientes para demostrar inequidad de la contienda y quitarle el registro a Jaime Rodríguez, el ilícito más contundente es que los servidores públicos en días y horas hábiles le juntaron 19 mil firmas a Jaime Rodríguez, eso es delito, es un delito que va de los tres a los siete años de prisión, llevan aparejados multas y destituciones y, en caso de que seas candidato, la pérdida del registro”.

Además, siempre según García, “Agregamos de manera paralela 111 formatos que constituyen las facturas o  recibos de neoleoneses que aportaron a la campaña de Jaime, presumimos lavado de dinero o desvío de recursos del Estado… es ilógico que una casita, un tejabán, ahí se encuentre un neoleonés que le ponga 230 mil a Jaime el mismo día, creemos que se trató de una operación de compraventa de facturas donde o lavaron dinero ilegal o usaron dinero del Estado vía estos personajes y con eso Jaime Rodríguez tuvo 17 millones de pesos para juntar firmas; por todos lados hay ilegalidades” (https://goo.gl/xmHW5B ).

De confirmarse la versión del citado representante del Movimiento Ciudadano en el INE, se debería retirar la candidatura a Rodríguez Calderón, quitarle el fuero, consignarlo judicialmente, evitar su regreso a la gubernatura del estado norteño y convocar a nuevas elecciones.

En términos reales, la candidatura presidencial del “Bronco” es poco menos que una mala caricatura. Se mantiene en el rango más bajo de presunta intención de voto y sus propuestas de gobierno y sus participaciones en los debates oficiales entre candidatos han sido meramente anecdóticas, con ocurrencias irresponsables como el cortar las manos a los ladrones.

Botando a Rodríguez Calderón, y abriendo procesos a través de la fiscalía especializada en delitos electorales, el INE podría intentar la limpia de algún milímetro cuadrado de su enorme faz tan ensuciada. El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña ha dicho que los expedientes del citado Rodríguez Calderón y de Margarita Zavala Gómez del Campo están en una ruta de análisis en cuanto a la comisión de delitos a la hora de hacerse de firmas de apoyo a sus candidaturas sin partido. Responsabilidad por la vía penal, si las leyes se cumplieran y respetaran en México.

Una eventual salida de cuadro del “Bronco” terminaría por sepultar las expectativas de apertura y cambio democrático a través de las candidaturas sin partido, cuando menos a nivel presidencial (en otros ámbitos, de aspiraciones a senadurías y diputaciones, los resultados son disímbolos, pero mayoritariamente fallidos y tramposos). Armando Ríos Piter, quien fue perredista durante largos años, cometió cuanta treta se le ocurrió y, luego de “declinar” a su aspiración, para apoyar a José Antonio Meade en el PRI, su expediente de irregularidades y presuntos delitos quedó en el limbo (ya declarado inexistente por El Vaticano). Margarita Zavala optó también por una salida marinada en patriotismo y ética de mera retórica, con una perspectiva clarísima de negociaciones pragmáticas que están en curso.

La reducción del espectro electoral presidencial es una necesidad de quienes hoy controlan el sistema político. Margarita era inviable e innecesaria. El “Bronco” también es inviable e innecesario. Ambos pueden satisfacer sus necesidades políticas en alianzas que les lleven a apoyar al principal opositor a López Obrador. O, al único, si es que en ese proceso de consolidación de bloques se llega al esquema binario: un solo candidato a nombre del polo social y electoral que se opone al tabasqueño, y este con su sabido capital electoral.

A fin de cuentas, la realidad está llevando a aceptar esa división clara en solamente dos opciones. El problema, desde luego, es definir el nombre del candidato único, del futuro promotor y beneficiario de un “voto útil” antipejista. Todo debería apuntar a que Ricardo Anaya fuera ese abanderado unitario, pero Los Pinos está empeñado en que todo el apoyo económico, empresarial, mediático, policiaco y militar, más los factores de financiamiento oscuro y de violencia criminal sobre pedido, se concentren en apoyo de José Antonio Meade.

Astillas: Más que irónico es que la administración peñista, responsable en términos políticos de constantes fraudes electorales, los más recientes de ellos, en Coahuila y el Estado de México, se haya convertido en épica denunciante de los recientes comicios venezolanos. A fin de cuentas, en plena consonancia con los deseos de Washington, faro imperial al que se encomiendan las tricolores almas en pena de la próxima elección mexicana… Y, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado tres días de plazo para que el gobierno de Chihuahua, a cargo del panista Javier Corral, entregue a la justicia federal, en la Ciudad de México, a Alejandro Gutiérrez, peleada pieza clave en el expediente de transferencia delictiva de fondos federales a campañas electorales priistas en 2016, ¡hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.