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Reasignación de identidad y derechos humanos en SLP

Guillermo Luévano Bustamante

En días pasados desde la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dimos a conocer una victoria jurídica sobre la reasignación de identidad a las personas transgénero y transexuales en San Luis Potosí. El equipo lo conforman estudiantes de la Universidad, de licenciatura y maestría, que con dedicación y esmero estudian y plantean formas diferentes a las tradicionales para entender y ejercer el derecho.

En colaboraciones previas había detallado partes del proceso que emprendió el equipo legal para acompañar el pedimento de una persona trans a la que asesoramos. La figura existe sólo en la Ciudad de México, así que hemos venido apuntado la inexistencia del mecanismo idóneo semejante o análogo en San Luis Potosí que les permita a las personas, cuya identidad no concuerda con la que establece su acta de nacimiento, modificar esa situación jurídica.

Ese alegato que hemos denominado como “discriminación geográfica” consistiría en la diferencia que existe entre dos personas que radiquen en ciudades diferentes y que por esa condición tengan esquemas desiguales de derechos no atribuibles a ellas, por supuesto, sino a las autoridades que no armonizan desde el ámbito legislativo o desde la aplicación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, el sistema normativo.

Desde 2014, diversas organizaciones de la sociedad civil, como Educación y Ciudadanía AC, Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, AC, la Colectiva la Castilla Combativa, Red Diversificadores Sociales, AC, Colectivo por la Diversidad Sexual y la Equidad de Género, AC, presentaron, con acompañamiento legal de la misma Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una iniciativa tendiente a establecer un mecanismo idóneo en San Luis Potosí para la reasignación de identidad por concordancia sexo-genérica sin que hasta la fecha el Legislativo se haya pronunciado, o dictaminado o desechado tal instrumento de participación política ciudadana.

Es relevante la decisión que emprendió la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí que revoca la sentencia del Juzgado Familiar que había negado la razón a la persona que llamaremos Juan, porque aplica adecuadamente los principios y pautas de derechos humanos, como interpretación conforme y pro persona. Sienta además un valioso precedente para que en casos semejantes se conceda la razón, incluso desde la primera instancia, sin necesidad de acudir a la justicia federal.

Lo que sigue es continuar defendiendo los derechos y exigir que sea el Congreso quien modifique la normativa local para que no sea necesario el litigio estratégico en la entidad para acceder a este reconocimiento legal.

Ahora mismo se dirime en un tribunal colegiado otro camino posible para acceder a este derecho. Si en el primer caso se siguió la vía de una Controversia Familiar para la Rectificación de Acta de Nacimiento, en el segundo supuesto se persigue el objetivo por una falta de armonización legislativa, que las personas juzgadoras suelen considerar omisión legislativa y por tanto fallar en contra. Alegamos sin embargo que debe prevalecer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, sobre ciertos formalismos positivistas de la legislación secundaria, es decir, el bloque de constitucionalidad por encima de las leyes reglamentarias. Para el equipo de la Clínica de Litigio Estratégico tiene sentido esta petición. Habrá que ver qué dice el tribunal colegiado.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.