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Sobre el relevo en la CEDH

A Don Fidel Briano, por su periodismo crítico
incesante y necesario en San Luis Potosí.

Guillermo Luévano Bustamante

El pasado viernes concluyó el plazo para la presentación ante el Congreso del Estado de candidaturas a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. A la misma concurrieron 16 personas, activistas, profesionistas, procedentes de la academia, de la propia defensoría de derechos, y del campo, de comunidades indígenas, de la universidad, hasta donde pude rastrear los perfiles de quienes se postulan.

El puesto que se disputa es fundamental en el contexto actual de violaciones recurrentes a los derechos humanos en el país y de prácticas muy focalizadas en San Luis Potosí, como la violencia feminicida, las exclusiones contra pueblos indígenas, las omisiones discriminatorias en la legislación local contra la población LGBTTTI, y las amenazas contra el medio ambiente por parte de megaproyectos, lo mismo en el Altiplano que en la Huasteca.

La figura de una defensoría de los derechos de la comunidad suele hallar su antecedente mexicano en las “Procuradurías de Pobres” impulsadas por Ponciano Arriaga Leija desde la mitad del siglo XIX. La institución fue excepcional porque el contexto decimonónico en el país se hallaba pautado en el ámbito político por el liberalismo, y la figura de Arriaga impulsó ahí un mecanismo de protección a las clases populares en su relación con el sistema de justicia.

Por supuesto que la figura actual de protección no jurisdiccional es reciente en su diseño, menos de 30 años de antigüedad formalmente. Aunque hay por supuesto antecedentes en otras instituciones y mecanismos de la ciudadanía, en el esquema constitucional de vigilancia y control de la actuación de los poderes públicos en relación con el respecto a los derechos de la sociedad, las comisiones de derechos humanos existen apenas desde finales de la década de 1980.

Es frecuente escuchar en una especie de trivialización de la crisis política actual, que “los derechos humanos están de moda”. Más bien es que son un tema emergente, no sólo en la academia, sino sobre todo en las calles y en todos los espacios públicos. Más aún, como he sostenido en colaboraciones previas, se va reconociendo que hay también un ámbito oponible a entidades particulares, lo que llamamos eficacia horizontal de derechos humanos.

La responsabilidad que recaerá en alguna de las 16 personas que hoy postulan para el cargo es enorme y debe ser tomada con seriedad por el Congreso del Estado, procurando no sólo el perfil y la capacidad, sino también la autonomía del poder público y económico a quien deberá vigilar y controlar. Es quizá una expectativa demasiado amplia, el Congreso mismo no ha guardado la distancia más autónoma que debiera como contrapeso del Poder Ejecutivo, pero en estas decisiones debería ser particularmente enfático.

Más aún, para fortalecer la autonomía, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, que también será renovado, debe ser igual y especialmente independiente de los órganos gubernamentales, no por purismo político, sino por la necesidad de salvaguardar que las funciones de la defensoría respondan a las necesidades de nuestra comunidad.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.