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Represión: una forma de hacer política en México

A quienes defienden nuestros recursos naturales

Renata Terrazas

L a construcción de un Estado democrático debe privilegiar el diálogo; deliberación sobre lo público en un espacio abierto que promueva la reflexión colectiva. En democracia, existen opiniones diversas, y estas se expresan de manera abierta en foros públicos; con ello se permite que las distintas visiones de país confluyan y conversen entre sí.

Por oposición, un Estado autoritario tiene una sola voz; la disidencia es silenciada, aislada, olvidada; reprimida. La imposición del discurso del poder y su visión de país se convierten en la única posibilidad de entender la realidad y en la primera estrategia para perpetuar a la élite política y la conservación de sus privilegios.

En México identificamos tintes de autoritarismo cuando observamos el uso de la fuerza frente a la protesta y ante quienes tienen una visión de país diferente. La fuerza del Estado se muestra mediante la implementación del aparato judicial para encarcelar líderes sociales como en el caso de Mario Luna, o partir del uso de las fuerzas armadas o la policía como en casos donde la ciudadanía se manifiesta en las calles para oponerse razonadamente a una decisión de gobierno.

Ostula es el último lugar en donde el uso desmedido de la violencia ejercida por las fuerzas armadas deriva en la muerte de un civil, en este caso, un niño de 12 años. Ostula, otro ejemplo de militares en las calles sin protocolos de actuación frente a la población civil.

Ante las violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, son estas las directamente responsables, sin embargo, no debemos olvidar que es el presidente de México, como jefe supremo de las fuerzas armadas, el principal responsable de su actuación al ser quien tomó la decisión de emplear al Ejército y Marina en actividades de “resguardo” del orden público.

Aunado a ello, el Estado mexicano hace cada vez más uso tanto a las fuerzas armadas como de las policías para desempeñar acciones que apuntan más hacia la represión que al mantenimiento del orden. El uso de la fuerza contra la disidencia ha privado la posibilidad de construir el diálogo sobre los asuntos públicos. La creación de un espacio deliberativo está siendo sustituida por una limitada y perversa forma de hacer política en donde no se da voz a “los otros” sino que se les silencia.

Resulta preocupante que uno de los temas que mayor discusión pública requiere está capturado por una élite que toma decisiones de manera opaca: el manejo de los recursos naturales en México.

México es un país rico en recursos naturales, ejemplo de ello son los múltiples permisos otorgados para su explotación. Sin embargo, ¿conocemos la racionalidad detrás de la decisión de explotarlos?, o acaso ¿nos han informado sobre el impacto al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas que la explotación de recursos naturales tiene? La mayoría lo desconocemos; lo alarmante es que incluso las comunidades afectadas de manera directa tampoco tienen esta información.

Distintos proyectos tales como: construcción de acueductos, hidroeléctricas, presas y parques eólicos; concesiones mineras y de explotación de hidrocarburos, entre otros, tienen afectaciones directas a comunidades, ya sea porque son desplazadas, sus aguas contaminadas o sus campos devastados. Efectos negativos que terminan mermando la salud y la calidad de vida de las personas, así como el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano.

En México hay varios proyectos que buscan la explotación de recursos con una fuerte crítica por parte de las comunidades afectadas de manera directa y organizaciones dedicadas a la protección del ambiente. Por mencionar algunos están: la hidroeléctrica en el río San Pedro, Nayarit; la construcción del Acueducto Independencia en la zona de la comunidad Yaqui en Sonora, y la hidroeléctrica Puebla 1, en la sierra norte de Puebla.

En los casos mencionados, las comunidades han respondido al avance de los proyectos con una fuerte protesta por las afectaciones a sus derechos. También (dentro de los referidos), la respuesta de las autoridades ha sido la represión. Ya sea mediante la confrontación con la policía, la persecución, el encarcelamiento o incluso mediante acusaciones públicas; gobiernos estatales y el federal han querido imponer intereses particulares sobre los de las comunidades.

Requerimos luchar por la construcción de espacios de diálogo y eliminar cualquier posibilidad de represión a la población. Cada vez nos acercamos más a la construcción de un Estado policial que responde de manera violenta ante las expresiones de la voluntad de las personas. El diálogo y la construcción de acuerdos son suplantados por la imposición de intereses particulares y la venta a pedazos del país.