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Responden los inconformes

Sonia

Permisos del INAH
Los lados de las redes
Siguen las movilizaciones
Y hablando de desapariciones

Ricarlos I

CampanaN uevamente las contradicciones sobre una obra pública ponen en evidencia la falta de comunicación entre los diferentes niveles de gobierno. Ahora resulta que mientras un regidor asegura que la subcomandancia del centro, en proceso de construcción, está fuera de la ley por no contar con los permisos del INAH, el director de Catastro mostró incluso documentos fechados el 3 de septiembre permitiendo la edificación.

Y mientras esto sucede, el director del mismo INAH señala que no tiene conocimiento de la obra y que incluso podría necesitar replanteamiento, por encontrarse dentro de la “zona de amortiguamiento” alrededor del Centro Histórico y que queda protegida por el programa de rescate cuando de perfil arquitectónico se habla. Y al mismo tiempo, asegura que el salón de eventos que construyen frente al hotel Palacio de San Agustín, está en regla, e incluso defiende la negativa a aplicar el amparo por parte de Juan de Dios Monreal Cuéllar, contra la edificación.

La respuesta de los quejosos no se hizo esperar. Por parte de los padres de familia y ahora ya varios vecinos, un grupo de ellos colocaron sellos de clausura simbólica a la obra y reclamaron lo que califican como “cerrazón oficial” al ignorar las protestas de los inconformes que no quieren que una comandancia de policía, con lo que trae a su alrededor, sea colocada tan cerca de donde diariamente acuden sus hijos.

Y por parte de quienes se oponen al salón de eventos del hotel Palacio de San Agustín, hoy presentarán su queja por el incumplimiento a nivel estado del amparo que una autoridad federal les otorgó. Su argumento se mantiene, con base en la decisión del juzgado tercero de distrito que les dio el amparo, sobre que tienen derecho a exigir que se hagan procesos claros sobre cada construcción del Centro Histórico, por su calidad de Patrimonio de la Humanidad y Zona de Monumentos.

CampanaAhora con la irrupción de las redes sociales, que ya no son usadas por los potosinos con fines solamente recreativos, la información “boca a boca” se ha convertido en una cosa cotidiana, al grado de influir en las decisiones diarias que toman las autoridades. Un ejemplo de esto fue el caso de la supuesta banda de robachicos que opera en la capital, y cómo a partir de este anuncio los boletines del gobierno se concentraron en desapariciones resueltas e intentos de secuestro frustrados.

Más aún, ahora en Rioverde se reportó también un caso muy semejante a los reportes en San Luis en el modus operandi, en el bulevar Universitario, a pesar de que las autoridades de aquel lugar negaron rotundamente que hubiera casos de robo de infante, e incluso señalaron que podría tratarse de histeria colectiva, generada por el temor esparcido vía electrónica.

CampanaEl otro lado de estas redes lo pudieron experimentar de nuevo varios políticos potosinos y soledenses, de diferentes partidos, cuando a través de ellas volvieron a circular imágenes de Gerardo Aldaco, Christian Joaquín Sánchez y Ricardo Gallardo Cardona, posando para la cámara portando armas de grueso calibre.

Todos ellos aludieron al golpeteo político “normal” que se da en estos tiempos, previos a los procesos electorales, pues varias de esas imágenes ya habían sido dadas a conocer en medios locales y hasta nacionales en 2012. Lo cierto es que el momento en que fueron tomadas es lo que levantó críticas y sospechas, pues en ese año y el anterior fueron en los que más se vivieron momentos de pánico entre la sociedad, derivados de balaceras desatadas en la capital, el hallazgo de cadáveres con señales de tortura y desapariciones, por lo que semejantes imágenes no abonaron para tranquilizar el ambiente de temor vivido en esos años y que aún permea en varias zonas del estado.

Fue a través también de estas redes que se organizaron en gran medida los movimientos de defensa tanto del jardín Colón como del Centro Cultural Mariano Jiménez, permitiendo que la ciudadanía se enterara de cada movimiento efectuado tanto por el gobierno como los vecinos y artistas que defendían sus respectivos espacios.

CampanaMientras tanto, las movilizaciones en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos continuaron, a pesar del anuncio oficial de Murillo Karam, quien dio a entender que aunque siguen en calidad de desaparecidos, los restos de carbón y ceniza encontrados eliminan casi por completo la posibilidad de encontrarlos con vida, como desde un principio señalara el cura Solalinde.

En este marco, varias decenas de personas se congregaron frente al Palacio de Gobierno potosino para colocar veladoras y fotografías de los normalistas, al mismo tiempo que en otras zonas del país las protestas por este mismo caso tomaban tintes violentos, como en Guerrero y el Distrito Federal. Se espera que en las próximas horas los colectivos y grupos estudiantiles universitarios y normalistas emitan su postura y si mantendrán las manifestaciones y actos solidarios, en la exigencia de que este caso se resuelva y se castigue a los responsables materiales e intelectuales, y además a las autoridades que, a su modo de ver, por omisión también guardan cierto grado de culpa.

CampanaY hablando de desapariciones y omisiones, ahora fue Teresa Ulloa, reconocida luchadora social y estudiosa de los casos de trata de personas en México, quien fustigó a las autoridades potosinas, al denunciar que a pesar de que los responsables de impartir justicia niegan problemas de prostitución infantil, trabajo sexual forzado o migrantes extraviados, a su asociación llegan reportes que contradicen directamente estas afirmaciones, con ya un buen número de casos que ocurren en el estado, por lo que, en su opinión, podría tratarse de un encubrimiento oficial a este tipo de delitos.

 

 

 

 

JSL
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