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Restructuración de la deuda

Israel López Monsivais

En la novena sesión ordinaria (5/11/2015) del primer periodo ordinario de la 61 Legislatura se aprobó por unanimidad dictamen que autoriza al Poder Ejecutivo estatal la restructuración de la deuda pública que asciende a más de 3 mil 600 millones de pesos acumulados principalmente en las administraciones de Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009) y Fernando Toranzo Fernández (2009-2015).

La iniciativa fue presentada en la octava sesión ordinaria (29/10/2015) por el gobernador constitucional, Juan Manuel Carreras Lopez. Turnada por la presidencia del Congreso local a la Comisión de Hacienda. En comisiones fue operada para su aprobación en fast track por los diputados priístas Óscar Bautista Villegas y Fernando Chávez Méndez. Ojala así fueran de eficientes en todas las iniciativas en beneficio de los potosinos y no sólo en las que manda el titular del Ejecutivo.

Durante la sesión de gran expectativa la fracción parlamentaria de Acción Nacional pidió a la Mesa Directiva la lectura completa del dictamen en presencia del secretario de Finanzas del Estado. La asistencia del Poder Ejecutivo al pleno nos habla de la importancia para esta administración de negociar mejoras en las condiciones del pago a la deuda.

El primero en subir al estrado fue el presidente de la Comisión de Hacienda para notificar modificaciones al dictamen (el Ejecutivo del estado debe rendir un informe de las condiciones pactadas a los quince días, realizar amortizaciones y dichos convenios deben tener mejoras crediticias). Posteriormente doce parlamentarios tomaron la palabra a favor del dictamen, sin embargo demandando un mayor compromiso con el ejercicio del gasto público.

Se autorizó la restructuración de la deuda porque no hay de otra, la banca privada nunca pierde. Cada inicio de administración es la misma cantaleta: el Estado está endeudado con una crisis de liquidez. Irresponsabilidad de los ex gobernadores y de las legislaturas que aprueban el endeudamiento. La mayoría de los pagos se va a los flujos y las tasas, no se abona a capital.

¿A dónde ha ido a parar todo el dinero del endeudamiento? El estado potosino no crece, seguimos con los mismos índices (o mayores) de pobreza y con una economía mediocre inercia de las políticas monetarias del gobierno federal. Eso sí, aumentan la nómina, las prestaciones de los sindicalizados y somos la entidad más corrupta del país.

En concreto, la planeación y formulación del presupuesto es facultad del Ejecutivo, su revisión y aprobación corresponde al Congreso local y la ejecución del gasto público es realizada por las diferentes dependencias gubernamentales en acciones efectivas de programas específicos y en la provisión de bienes y servicios públicos. Por lo que es obligación de todos los entes públicos realizar un gasto público responsable.

Si hablamos de gobernabilidad se consigue al lograr que un dictamen en beneficio de los potosinos se vote en unanimidad por las nueve fuerzas políticas del Congreso local (espero que así mismo se eliminen o disminuyan salario, aguinaldo y prestaciones). En cuanto la relación intergubernamental entre los poderes Legislativo y Ejecutivo es positiva, fue más un cabildeo y consenso con las distintas fuerzas políticas que una imposición del gobernador.

Para lograr la legitimidad del ejercicio del gobierno es necesario que se aprieten el cinturón, transparenten el gasto (y la deuda), combatan la corrupción y que los sobrantes del presupuesto sean aplicados a capital de la deuda. Y al momento de transparentar el uso de los créditos pedidos por administraciones pasadas en caso que se encuentran casos de corrupción que no queden impunes. La deuda se ira a 20 años, esperemos una reingeniería de la finanzas públicas locales que la disminuyan y logremos el crecimiento deseado.

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Israel López Monsivais
Israel López Monsivais
Abogado y Maestro en Gestión Pública; Catedrático, FCA, UASLP.