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Retroceso en la contraloría municipal

Jaime Nava

No es gratuita ni desinteresada la atención que el grupo gallardista en el poder le pone a las contralorías internas de todos los sitios donde tienen algún tipo de injerencia. Así quedó evidenciado cuando desde el Congreso del Estado, el diputado perredista José Guadalupe Torres Sánchez utilizó su posición como presidente de la Comisión de Vigilancia para colocar en la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado a su amiga Rosa María Ruiz Medellín.

Antes de que a Ricardo Gallardo lo dejaran convertirse en amo y señor de la capital potosina, los diputados aprobaron una reforma para que los contralores internos de los ayuntamientos fueran nombrados por la primera minoría de los cabildos; es decir, la oposición. La intención de la reforma era garantizar la autonomía de quienes, en teoría, deben revisar escrupulosamente la actividad financiera de los municipios.

No obstante, como podría esperarse de cualquiera que llega al poder con apetito insaciable, el alcalde de San Luis Potosí promovió una controversia constitucional para que fuera él quien proponga a los candidatos a ocupar la Contraloría Interna municipal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del proyecto gallardista y ahora podrán remover a Enrique Alfonso Obregón; aunque, seguramente conservará su puesto debido a que aplica a rajatabla la máxima de los fisiócratas: “dejar hacer, dejar pasar”.

A pesar de haber sido propuesto por los regidores panistas, Enrique Alfonso Obregón rápidamente se convirtió en un aliado de la administración perredista y en un silencioso cómplice de la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Su principal tarea como fiscalizador de los ingresos y ejercicio del gasto municipal ha dejado mucho que desear; nada ha dicho ni dirá acerca de los supuestos patrocinadores de las dos ediciones del Festival de la Cantera, ni de la adquisición a precios inflados de equipos para purificar agua, ni de la compra de maquinaria para elaborar tortillas y mucho menos de las millonarias transacciones hechas a Sandra Sánchez Ruiz.

De ese tamaño es la importancia de las contralorías internas y por esa razón su autonomía se vuelve imprescindible si se quieren garantizar las condiciones mínimas necesarias para que avancen la rendición de cuentas y la democracia en el estado. Pretender incidir en la designación del titular de un área de contrapeso, es un retroceso que no brinda a la ciudadanía ninguna certeza sobre el uso o destino del dinero de todos y, en cambio, allana el camino a la corrupción e impunidad.

Como la contraloría interna no hace su trabajo, ni siquiera los regidores del ayuntamiento conocen la identidad de los patrocinadores del Festival de la Cantera o los montos que entregaron para costear el evento. La regidora panista, Laura Gama Basarte, hizo un llamado a los desconocidos mecenas para que se presenten y digan de cuánto fue su aportación; además, adelantó que enviarán un oficio al contralor para que les proporcione esa información y la puedan hacer pública.

Que se ponga cómoda junto a los ciudadanos que desde el año pasado esperan obtener respuestas a las mismas preguntas relacionadas con el origen de los millones que pagaron la primera edición del festival.

Justo cuando parece que todo le sale bien a Gallardo Juárez, apareció el representante de uno de los grupos más afectado durante su administración. Guillermo Aldrett, presidente de Industriales Potosinos, denunció tibiamente que se están frenando las licencias de uso de suelo y funcionamiento de fraccionamiento por requisitos fuera de ley que les solicitan a los constructores.

Guillermo Aldrett dijo que durante los trámites se les hacen llegar indicaciones “de algunas cuestiones fuera de lo regulatorio”. Buena señal que poco a poco acepten en público lo que lamentan amargamente en privado; sin embargo, no verán ningún resultado mientras no denuncien ante la autoridad correspondiente las irregularidades por las que a diario son obligados a pasar a cambio de continuar con sus negocios.

Hace un par de semanas el notario Eduardo Martínez Benavente expresó que los constructores merecían ser víctimas de las extorsiones municipales por su falta de valor para presentar una denuncia. Y es que, cuando Guillermo Aldrett dice “cuestiones fuera de lo regulatorio” en verdad quiere decir que para obtener un permiso de construcción a los empresarios se les invita a “platicar” con el hijo del alcalde para que él les haga saber cuánto o qué les va a costar la autorización.

Es un secreto a voces que ha llegado a oídos del propio gobernador, pero, en público, nadie se atreve a pronunciar en una misma frase el apellido del alcalde junto a la palabra corrupción.

Han pasado 519 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.

¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos

Twitter: @JaimeNavaN

Jaime Nava N.
Jaime Nava N.
Estudiante de maestría en Derechos Humanos por la UASLP. Activista en Amnistía Internacional.