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Segura inseguridad

Óscar G. Chávez

M ientras a nivel nacional el periodista Julio Hernández López refuerza las denuncias de los sangrientos abusos policiacos en Apatzingán, Michoacán, y la intromisión saboteadora de los piratas cibernéticos en el portal virtual de Carmen Aristegui, en una videograbación a la que llamó Acribillar a civiles y a prensa crítica (https://www.youtube.com/watch?t=81&v=qiBh0DcNVmA), San Luis Potosí no se diferencia en forma alguna de lo que se vive en el resto del país en lo referente a conductas de los mandos policiales.

El empoderamiento de la tecnología como recurso o herramienta informativa, ha posibilitado la difusión de diversos escándalos en los que el papel primordial ha sido desempeñado por jefes policiacos que al pasar por alto los principios que protestaron hacer guardar al momento de iniciar su desempeño en el encargo para el que fueron nominados, actúan no sólo en detrimento del gobierno y la ciudadanía a la que aseguraron servir, sino también en menoscabo de su propio honor policial, y del de aquellos que se desempeñan como sus subalternos.

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La semana pasada fueron noticias públicas y de primer nivel, las componendas del director de Seguridad Pública del Estado y el candidato a la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez. La gravedad de lo dado a conocer mediante grabaciones de las llamadas telefónicas realizadas entre ambos personajes, hizo suponer desde un principio la caída del jefe policiaco; nada lo garantizaba, sin embargo, dado el estado de permisividad con el que se ha conducido este gobierno.

No se retiró solo Urban Ocampo, en su precipitado cese también arrastró al secretario de Seguridad Pública, Joel Melgar Arredondo, quien ante la conducta de su subalterno, mismo que había sido respaldado en todo momento por el secretario, se vio obligado a presentar renuncia.

En paralelo el aspirante a la alcaldía de la capital, por Nueva Alianza, dio a conocer un video en el que policías municipales denuncian las corruptelas de las que son objeto por parte del director de la corporación, Arturo Calvario Ramírez. Sin embargo, en esta ocasión, ante lo impreciso de las denuncias, y de la abulia que ha caracterizado a esta administración municipal, no se escuchó pronunciamiento alguno de las autoridades municipales.

El día de ayer fueron hechos del conocimiento de la ciudadanía, al ser publicados en un diario local, los abusos cometidos en contra de elementos operativos de la policía ministerial del estado, mismos que son gestados también por su director Jesús Juárez Hernández.

En ambos casos, suponiendo que el material aportado por Castilla Jonguitud fuera real, y no un simple ardid publicitario de quien aspira desesperadamente a la alcaldía, resulta sin precedentes el hecho de que las denuncias públicas hayan sido formuladas por elementos en activo. Más aún, en el segundo caso el denunciante asume con nombre y cargo sus señalamientos; ningún posicionamiento oficial se ha escuchado hasta este momento.

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El panorama que en materia de seguridad pública atraviesan nuestro estado en general, y la capital en particular, es un reflejo de la política que en esta materia se vive en los niveles nacional y local. No existe una directriz constante, que en esta materia y en la realidad, permita a los ciudadanos sentirnos protegidos y resguardados. Pareciera que las fuerzas de seguridad son elementos que el aparato gubernamental utiliza de acuerdo a sus necesidades constantes de control y represión, a la par que han dejado de lado su vocación original de servicio a la ciudadanía.

Al inicio del periodo gubernamental de Fernando Toranzo, fue reiterativa la promesa de que la dirección de la policía estatal recaería en manos de un local no vinculado con las fuerzas castrenses, al tiempo que ésta sería una de las prioridades de su sexenio. Parecía que los tiempos de temor vividos durante el sexenio de Marcelo de los Santos habían quedado atrás; todo fueron, al igual que la mayoría de lo anunciado en esos momentos, promesas a las que no ha logrado llevar al campo de lo real, y a estas alturas de su desempeño difícil serán de concretar.

Los años que tuvimos miedo, como denominó en algún artículo Eduardo Martínez Benavente, a la gestión de Marcelo de los Santos, encontró una digna consecución en la de nuestro actual gobernador. La inseguridad lejos de decrecer ha, si no aumentado, mantenido un indicador de continuidad en la opinión de los ciudadanos que la enfrentan de manera cotidiana, y no cuentan como los funcionarios y mandos policiacos de primer nivel, con impresionantes aparatos de seguridad a su servicio.

¿Quiénes no recuerdan los aparatosos cuerpos policiales que resguardaba al hoy defenestrado José Luis Urban Ocampo, o al ex secretario general de gobierno –y otrora subgobernador en funciones– Cándido Ochoa Rojas? ¿Qué ciudadano normal cuenta con ese tipo de protección frente a los hechos delictivos que ocurren en su entorno inmediato?

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Un panorama esperanzador se vivió en la ciudad en el momento que la flamante Gendarmería invadió sus calles y se dedicó a cultivar trato directo con la ciudadanía, a la que al tiempo que escuchaban en sus reclamos y peticiones en materia de seguridad, hacían hincapié en la preocupación del jefe Galindo, por su ciudad y sus paisanos. Lo cierto es que frente a los sueños frustrados de ese jefe por alcanzar la candidatura a la gubernatura del estado, la presencia de los uniformados federales fue requerida en la región de tierra caliente, y San Luis quedó de nuevo en el olvido.

¿En manos de quien estamos en cuestión de seguridad?, es la interrogante constante que nos formulamos los potosinos, y que luego de los sucesos de la semana pasada vuelve a ser un tema crucial para el que no encontramos respuesta.

La conducta de los jefes policiacos (verdaderos patibularios engrandecidos públicamente por otros seres nugatorios como son nuestros legisladores locales, que lejos de actuar con la lealtad y la honestidad inherentes a su encomienda, se empata con la de verdaderos criminales que han hecho de la extorsión y la fabricación de delitos sus modus operandi y vivendi), hace cada vez más evidente nuestra vulnerabilidad frente a estos delincuentes uniformados que garantizan que, al menos en San Luis Potosí, nuestra única seguridad es la de la inseguridad.