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Seguridad nacional, ¿riesgo para la transparencia?

Renata Terrazas *

En México llevamos más de 10 años construyendo los cimientos de un régimen de transparencia gubernamental que permita a la ciudadanía conocer el quehacer de sus autoridades. La fortaleza de estos cimientos se comienza a constatar con marcos normativos sólidos y un diseño institucional efectivo que, de la mano, caminan hacia la plena garantía del ejercicio del derecho de acceso a la información en todo el país. Sin embargo, las bases sobre las que pretendemos construir un gobierno transparente pudieran no quedar lo suficientemente firmes.

Esta semana se discutió el dictamen de ley federal de transparencia en el Senado. El proyecto de ley incluye las propuestas de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI y PVEM, y recoge algunas inquietudes de organizaciones de la sociedad civil y del propio Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI); sin embargo, deja de lado fuertes señalamientos realizados por diversas organizaciones civiles sobre reveses a la transparencia.

La consolidación del INAI como máxima autoridad en materia de transparencia trajo consigo discusiones sobre la pertinencia de tener una institución con tales facultades –las cuales eran vistas como excesivas por parte de detractores de la reforma constitucional de 2014– y, ante el miedo de que, de manera genuina, el Instituto pudiera garantizar la apertura de información gubernamental, se diseñaron límites a las facultades del INAI.

Así nació el recurso de seguridad nacional, que es el recurso que el Consejero Jurídico de Presidencia puede interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando el INAI resuelva abrir información que éste considere pueda tener afectaciones a la seguridad nacional del Estado mexicano. De esta forma, el Instituto deja de tener la definitividad en sus resoluciones y se judicializa el proceso.

La figura del recurso de seguridad nacional es, de por sí, perversa. En primer lugar, el concepto de seguridad nacional goza de una ambigüedad tal que permite que sea adaptado a juicio de la persona que lo emplea y bajo los intereses que proteja; en el caso de las autoridades mexicanas, siempre pretendiendo garantizar los arcana imperii.

Aunado a ello, la ley federal de transparencia es omisa en detallar el proceso de este recurso, con lo cual se carece de certeza sobre su procedencia y la participación que el INAI y el recurrente, como tercero interesado, tendrán en el caso. Ello se traduce en la posibilidad de que en la discusión sobre la garantía de un derecho se prive la versión de quien ejerce el derecho y se favorezca la versión de la autoridad.

Los señalamientos de las organizaciones de la sociedad civil al respecto, han sido precisos y se han encaminado hacia la oportuna detección de huecos legales que en el futuro puedan ser usados para crear espacios de opacidad en el gobierno. El recurso de seguridad nacional se vislumbra como la espada de Darth Vader con la cual el gobierno federal, ante temas espinosos, podrá echar para atrás los intentos de apertura de información.

¿Cuántas solicitudes de información que pudieran evidenciar actos de corrupción caerán en la categoría de “daño a la seguridad nacional”? ¿Cuántas concesiones dadas a mineras con afectaciones al medio ambiente serán recuperadas por Consejería Jurídica para evitar la apertura de información?

Debemos ser claros, el recurso de seguridad nacional, así como el término mismo y el uso que se la ha dado en los últimos años, es reflejo del miedo que los gobiernos mexicanos tienen de dar la cara sobre sus actos. El tema no es, ni ha sido, crear una institución con facultades desbordantes, sino el miedo de que estas facultades sean usadas para transparentar los gobiernos.

Es una lástima que la construcción de marcos normativos de avanzada, como lo hemos hecho en México, se vea ensombrecida por resabios de autoritarismo que buscan que la clase política del país mantenga la última palabra ante los temas públicos.

Es previsible que el uso del recurso de seguridad nacional lleve a que información relevante sobre temas de interés público sea sometida a periodos largos de litigio en los cuales, incluso en caso de abrirse la información, ésta sea hecha pública cuando haya dejado de ser útil. En tales situaciones, las y los habitantes de este país quedamos en completa indefensión y sin posibilidades de exigir la garantía de nuestro derecho a la información.

Hoy, más que nunca, debemos observar a aquellas figuras que se habían mantenido en aparente sumisión y que día con día cobran protagonismo, en detrimento del empoderamiento de la ciudadanía.

* Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas