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¿Seguridad pública aceptable?

Carlos López Torres

A penas se anunciaba la realización de la reunión regional de seguridad pública del noreste, cuando la balacera entre policías ministeriales y efectivos de Seguridad Pública Estatal tocaba a su fin allá en el municipio de Matlapa, en medio de serias acusaciones de parte de los ministeriales sobre una supuesta relación entre los policías estatales y un grupo delincuencial, que habría derivado en la fuga de un detenido según sospecha de los funcionarios de la PJGE que hubieron de refugiarse en sus oficinas ante el temor de ser agredidos por los estatales.

Días atrás, el 4 de febrero del año en curso, se desató una balacera en la carretera 57, que motivó declaraciones del director de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, José Luis Urban, quien intentó minimizar el suceso calificándolo como “un hecho aislado”, aunque reconoció que “el crimen organizado y la delincuencia quieren seguir en territorio potosino pero no los vamos a dejar”. Como si los grupos criminales sólo fueran foráneos, según las engañosas declaraciones sostenidas por el gobierno torancista.

La respuesta a las declaraciones del policía José Luis Urban tardó sólo cuatro días cuando una nueva balacera y persecución se escenificó en Anillo Periférico y la carretera San Luis Potosí- Zacatecas, aunque, justo es reconocerlo, se detuvo a presuntos narcos.

Sin embargo, el 11 de febrero otra vez un extorsionador protagonizó otra persecución y balacera, diciéndose al ser detenido integrante de uno de los grupos delincuenciales influyentes, que se aferran a permanecer en la zona conurbada de la capital.

Ayer tuvo lugar una nueva balacera en el centro de la cabecera municipal del peligroso municipio de Tamuín, donde recién se encontró a un hombre asesinado, cuando elementos de  la SSPE y otras corporaciones repelieron a presuntos delincuentes que los agredieron a balazos con resultado de uno detenido y dos escapados.

En el extremo, en Matehuala, donde el crimen organizado ha sentado sus reales desde tiempo atrás, un grupo de 9 delincuentes involucrados en el cobro de piso, extorsiones, venta de enervantes y asesinato fue detenido con su respectivo cargamento de drogas.

Sin embargo, las cuentas alegres del gobernador no se corresponden con la realidad cotidiana por más que algunas cifras señalen una baja mínima en algunos delitos, toda vez que el incremento de la participación de policías en hechos violentos entre sí, o como no ha dejado de ocurrir, contra la población, no es garantía alguna para que los delincuentes dejen la codiciada plaza de San Luis Potosí.

Si algún compromiso debieran firmar los candidatos que se alcen con el triunfo en los comicios de junio, es el de detener la proliferación de los grupos delincuenciales en las cuatro regiones de la entidad, a partir de un diagnóstico serio y responsable, así como de la evaluación rigurosa que en la materia nos heredara Toranzo Fernández. ¿Será que va en serio la exigencia a la descompuesta clase política potosina?