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Senado de juguete

Renata Terrazas*

El papel del Poder Legislativo es crucial para evitar la concentración de poder por parte del Ejecutivo. Sin embargo, en México tenemos un cuerpo legislativo que se mueve bajo lógicas partidistas y no democráticas, con lo cual, pocas veces funciona como verdadero contrapeso.

Uno de los procesos más relevantes desde donde el Legislativo realiza una función de contrapeso es el de la designación o ratificación de nombramientos propuestos por el titular del Ejecutivo.

Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República realizan procesos de designación sobre instancias del Ejecutivo federal. De esta forma se busca asegurar que el Presidente de la República no designe a quien se le antoje según criterios propios, sino que se abra la decisión a otro poder desde el cual, en teoría, se privilegia la deliberación.

Nada más ajeno a la teoría que la realidad mexicana en donde el Poder Legislativo raramente ejerce sus facultades de contrapeso frente al Presidente de la República. Ejemplo de ello es el reciente proceso de ratificación de una integrante a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (Inegi).

Ayer el Senado de la República ratificó a Paloma Merodio, con 64 votos a favor del PRI, PVEM y la panista Luisa María Calderón Hinojosa, quien no sólo votó a favor sino que pidió la palabra para hablar a su favor en el pleno del Senado.

Esta ratificación deja la credibilidad del Senado por los suelos dado que no sólo no escucharon las múltiples voces de la sociedad civil: organizaciones civiles, academia, expertos, e incluso sociedades de ex alumnos, que exigían que no fuera ratificada dada su falta de experiencia, por no cumplir con los requisitos de experiencia de cinco años en un cargo de alto nivel y por mentir en su curriculum vitae.

Senadores del PRI y del PVEM, en completa alineación con Enrique Peña Nieto, faltando a su papel de representantes de las y los ciudadanos –al no escuchar las múltiples voces que se pronunciaron en contra–, decidieron ratificar a Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del Inegi pese a las mentiras de la candidata. Pero ¿qué se puede esperar de un partido liderado por un presidente que plagió su tesis y que de manera reiterada toma decisiones bajo claros conflictos de interés?

Este acto, que pudiera ser visto como algo menor frente a decisiones de mayor envergadura en la política mexicana como lo es la discusión alrededor de la nociva Ley de Seguridad Interior, es relevante por varias razones. La primera es que contamina una institución que aun en administraciones desastrosas se había mantenido sólida derivado de sus investigaciones y producción de información. Segundo, porque ejemplifica el papel que juega el Senado frente al Ejecutivo federal, de mero adorno. Tercero, porque evidencia la necesidad de robustecer los procesos de designación y ratificación en nuestro país, los cuales se convierten casi siempre en luchas por el poder político y el reparto de cuotas.

En México estamos tan poco acostumbrados a los contrapesos que les pido hagan memoria: ¿cuándo fue la última vez que el Senado no le ratificó una propuesta al Presidente de la República? Es tan poco probable que eso suceda porque en la cultura presidencialista trasnochada de nuestra clase política, aquello sería una ofensa al presidente, un desdén visto como disminución de poder.

De ahí que la disciplina partidista se ejerza con ahínco y eliminando cualquier posibilidad de debate democrático, las y los candidatos propuestos por el presidente serán impuestos por la maquinaria partidista que tiene capturada al Poder Legislativo.

Si el titular del Ejecutivo no tuviera la mayoría de su partido en el Senado, construiría los acuerdos previos, negociaría la ratificación de su propuesta sin dar pie al debate, porque en este país está mal visto que una propuesta del presidente sea rechazada. La estatura de nuestros presidentes es tan reducida que requieren de la imposición por encima de la deliberación.

Paloma Merodio no debió llegar a la Junta de Gobierno del Inegi, por no cumplir con los requisitos y por mentir en su hoja de vida. No debió continuar con el proceso cuando fue altamente cuestionada dado que su candidatura vulnera la credibilidad de una buena institución. Los senadores del PRI y el PVEM no debieron obedecer ciegamente a su presidente porque en la obediencia ridiculizaron al Senado.

Las prácticas autoritarias en nuestro país persisten en la clase política que detesta ser cuestionada y que busca continuamente los arreglos tras bambalinas antes que someter sus ideas a la opinión pública. Lo vemos con claridad en los procesos de designación en donde incluso se llega a amenazar a organizaciones civiles que cuestionan el proceso como sucedió recientemente por parte del senador del PVEM, Carlos Alberto Puente.

No podemos seguir creyendo la farsa de la división de poderes y de la construcción de instituciones democráticas mientras estas sigan fungiendo como moneda de cambio de las mezquindades políticas. La lamentable decisión de 64 senadores vulnera al Inegi, al Senado y a la construcción democrática de este país.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación