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Septiembre 26: día de la indignación nacional

Caminaré montañas y cañadas para dar con el rastro de los malhechores.
Llegaré a la región más inhóspita
y no dejaré piedra sobre piedra hasta encontrarte.
Tomaré autopistas y avenidas para gritar tu nombre.
Para encarar a la gendarmería que no te busca.
Llevaré tu foto sobre mi pecho como estandarte
y serás mi escudo en el fragor de las batallas
contra el gobierno maleante.
Fragmento, Entre el clamor, la ira y la esperanza, Tlachinollan

Renata Terrazas *

L a desaparición forzada es una estrategia de represión de gobiernos autoritarios. No sólo va dirigida contra quienes se convierten en víctimas directas sino que funciona también como una forma de infundir miedo entre quienes protestan y alzan la voz.

En México, este método fue ampliamente usado en las décadas de los sesenta y setenta, durante la llamada Guerra Sucia. En ese entonces, la inconformidad de sectores tradicionalmente excluidos de los beneficios de pertenecer al Estado mexicano, derivó en la creación de grupos guerrilleros –la mayoría surgidos en el estado de Guerrero.

La respuesta de los gobiernos federal y estatal de aquellas décadas fue contundente: persecución a integrantes de dichos grupos; detención mediante retenes carreteros y búsquedas casa a casa en zonas populares. Se calcula que alrededor de mil quinientas personas fueron detenidas sin orden de aprehensión, tan sólo en el estado de Guerrero.

La persecución se realizó con toda la violencia posible, fuera del marco de legalidad del Estado y con la participación del honorable ejército mexicano, la cual se evidenció con la identificación de al menos 227 mandos militares que actuaron en Guerrero, según lo documenta la Comisión de la Verdad del estado (Comverdad) en su informe de 2014.

Guerrero es, por tradición, un estado semillero de la protesta, acción colectiva y de defensa de derechos. El nombre del estado no les ha quedado corto jamás, en ese lugar se han formado líderes guerrilleros en búsqueda de justicia para las personas y comunidades más pobres. Los métodos de protesta y exigencia de justicia en este estado suelen ser poco comprensibles para el resto del país, sobre todo para las urbes que concentran a la gran mayoría de las clases medias mexicanas.

Es cotidiano que, ante las noticias de enfrentamientos entre policías o fuerzas armadas con estudiantes o grupos en lucha, las clases medias mexicanas –azuzadas por un discurso oficialista que invisibiliza la exigencia de justicia y enfatiza la violencia en los métodos–, tienen una marcada tendencia a descalificar a quienes protestan y justificar la represión.

Reducir movimientos sociales y ciertas luchas al momento del enfrentamiento con los brazos represores del Estado no es un ejercicio de miopía gubernamental y periodístico, es una estrategia de deslegitimación de las causas por las que se protesta. Observar la lucha de los pueblos sólo en el momento que incendian un Ayuntamiento, sin ver la suma de las causas que los ha llevado a ello, forma parte de la construcción del discurso que permite con posterioridad desaparecer a dichos grupos, con la anuencia de la sociedad.

Cabe recordar los mensajes oficialistas alrededor del movimiento estudiantil del 68. Mediante una construcción discursiva que calificaba a los estudiantes como un peligro para la estabilidad del país, se buscó aislar el movimiento para facilitar su represión.

El año pasado, por estas fechas, estudiantes guerrerenses eran perseguidos, desaparecidos, torturados y asesinados. Ante la noticia, no faltaron medios que se centraron en la toma de autobuses por parte de los estudiantes, como si con ello la sociedad mexicana pudiera aceptar que 43 estudiantes fueran desaparecidos y 6 personas asesinadas.

Si el primer oleaje de notas de medios oficialistas no logró el objetivo de disminuir la reacción por lo sucedido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, las posteriores investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) trataron de crear la versión que permitiera dar carpetazo al tema.

Pero las personas en México y el mundo siguieron exigiendo justicia para Ayotzinapa; continuaron marchando, creando foros, hablando del tema, discutiendo, informándose y buscando generar propuestas para que algo así jamás vuelva a suceder.

Un sector de la sociedad, aquél más urbano, –usuario del automóvil y alejado de las problemáticas del país que no afectan directamente su bolsillo–, reniega enfáticamente ante uno de los recursos usados de manera más amplia por los movimientos sociales para la exigencia de justicia: las marchas.

Tras un falso dilema de choque de derechos (derecho a la protesta vs derecho a circular libremente por las calles –entiéndase en auto y por avenidas determinadas) se pretende construir un discurso que permita aislar a quienes toman las calles exigiendo derechos y legitimar la represión.

Ayotzinapa ha estado en la mente de la sociedad mexicana desde diferentes construcciones y visiones de país. Las hay de quienes lo miran desde el desdén; para otros es la tragedia; pero para muchos representa un tema de exigencia de justicia e indignación nacional.

El 26 de septiembre de 2015, a un año de la persecución de fuerzas policiales a los estudiantes normalistas ante los ojos de autoridades y el propio ejército, se ha convocado a una marcha. Si bien las marchas no son el único mecanismo de exigencia de justicia, sí es una forma de visibilizar el descontento, de mantener vigente la indignación para no normalizarla jamás y para dar apoyo a las víctimas y sus familiares.

Es de esperar que se inunden las calles con voces que al unísono exijan justicia, por las desapariciones forzadas, las víctimas de tortura, la represión de este Estado que avala sus acciones en discursos maniqueos, por los feminicidios, por la impunidad, los actos de corrupción y toda la vileza que hemos aguantado desde hace ya demasiado tiempo.

Ayotzinapa se ha convertido en el símbolo de la protesta de todas las personas que consideramos que no es posible seguir viviendo en un país con una clase política cobarde que usa al Estado para su propio beneficio y en contra del pueblo.

Marchemos este sábado, por los 43, por los periodistas asesinados, por las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, por los defensores de derechos humanos y líderes sociales en prisión, por los pueblos en lucha; pero, sobre todo, por la construcción de un país justo que vele por el derecho de sus ciudadanos.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación