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¿Serán prioridad los derechos de niñas y niños?

Carlos López Torres

A propósito de la celebración de las fiestas navideñas, cada vez más comerciales y muy pobres en convivencia pacífica, que no logran ocultar el discurso y la simulación, los diputados locales han tenido a bien recordarnos que, no obstante estar contemplados en la Carta Magna los derechos de las y los niños, estos no se cumplen ni se acatan puntualmente.

Aunque las autoridades deberán proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, lo cierto es que en la práctica esto no ocurre, o en el mejor de los casos, ello sucede a medias. O si no, que lo confirmen los atribulados padres de familia, quienes cotidianamente tienen que buscar el sustento para sus hijos en condiciones cada vez más adversas, además de hacerse cargo cada día en mayor proporción del mantenimiento de los establecimientos escolares a donde acuden sus vástagos.

El diputado Oscar Bautista, por ejemplo, sabe muy bien que hace tiempo son los padres de los alumnos quienes tienen que pagar el costo de algunos servicios como el agua, pues de lo contrario, según lo establecido en la Ley de Aguas del Estado, que pretende reformar mediante una iniciativa el legislador, las instituciones de educación pública verían cortado el servicio, aunque la Constitución local reconozca como un derecho humano el acceso al agua de calidad tutelado por el Estado.

Más aún, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya prepara una serie de recomendaciones a Interapas, según ha trascendido, una vez que se conozcan los informes técnico-científicos llevados a cabo por el Ipycit, dado el cúmulo de quejas relativas a la calidad del líquido, además de los cobros excesivos, etcétera, que impactan la vida familiar, especialmente de los niños, quienes deben tomar esa misma agua en sus planteles.

Uno supone que el tema relacionado con el principio del interés superior de la niñez, deberá guiar el diseño, seguimiento, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las y los niños potosinos en el celebrado Plan Estatal de Desarrollo, independientemente de la reforma aprobada por unanimidad por la Legislatura local al artículo 12 párrafo cuarto de la Constitución Política de San Luis, a efecto de homologarla con la Constitución General que legisla “el interés superior de las niñas y los niños en el marco jurídico”, desde 2011.

Como este tema existen otros que requieren una atención específica, dada la importancia futura que tienen para nuestros niños y adolescentes. Tal es el caso del crecimiento del pandillerismo, donde la incorporación de niños es cada vez mayor, sin que las dependencias responsables de atender este problema, atinen a implementar políticas públicas que pongan el acento en la prevención, más allá de fórmulas tradicionales y/o clientelares. ¿Se verán reflejados algunos de esto temas en el PED?