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Ceepac-OPLE, sesión cancelada

Presupuesto al vapor

Paso atrás de diputados

Álvaro Eguía, cuestionado

Sesion CEEPACRicarlos I

CampanaM al arranque de actividades se mantiene en el Ceepac-OPLE. Luego de que desde su conformación se pusiera en duda la legitimidad al incluir a un consejero amparado contra una orden de aprehensión y una presidenta hija de un ex gobernador priísta, tuvo tres sesiones marcadas una, por las protestas e impugnaciones contra Aguilar Gallegos, la segunda, con un edificio lleno de goteras ante una lluvia ligera, la tercera con un fuerte dispositivo de seguridad para impedir que un manifestante increpara, de nuevo, a Aguilar Gallegos.

La reunión de ayer no se podía quedar atrás. Con el presupuesto del organismo como principal tema a discutir, la sesión programada para las 4 de la tarde tuvo que suspenderse por falta de quórum, debido a que los representantes de los partidos se negaron a entrar a la reunión, argumentando que no se les había entregado la información a discutir con suficiente antelación, y ni siquiera la petición en persona de la presidenta, quien salió a la explanada a convencerlos de que ingresaran, los hizo entrar.

La presidenta argumentó la premura con la que han tenido que trabajar dados los tiempos y que se encuentran ya sobre fechas límite para estos trámites. No logró hacerlos entrar a la sesión programada a las 4 de la tarde, aunque los representantes decidieron al final ceder y programar una nueva reunión a las 6 de ayer mismo.

 Una vez reunidos la discusión giró en torno a recriminar un presupuesto “hecho al vapor” según la opinión de varios de los representantes partidistas, a lo que la consejera presidente y algunos de sus compañeros arguyeron la misma premura con que se estableció el organismo electoral.

 A pesar de haber levantado cuestionamientos varios partidos de oposición, al final aprobaron el presupuesto, más por evitar un retraso en el trabajo del Ceepac que realmente convencidos por la pertinencia y efectividad de lo propuesto.

CampanaPoco tersa fue también la ceremonia del informe de trabajo de Álvaro Eguía Romero, quien tras mantenerse por 15 años ya al frente del Poder Judicial, ha sido acusado en reiteradas ocasiones y por muy diversos actores políticos tanto de insensible a las necesidades de sus trabajadores, como de practicar el nepotismo y llevar juicios a modo para ciertos personajes afines.

Desde hace años la OFAP, MPL y CMAP ha estado acusándolo de proteger a jueces que han llevado casos turbios respecto a compensaciones por accidentes, litigios territoriales y ejidales, etcétera. Además diversos sindicalistas lo han acusado de practicar el nepotismo, por la presencia en el Poder Judicial de su hija, Andrea Eguía Saucedo, una administradora de empresas graduada en 2008 que hoy es jefa de personal, con todos los beneficios que eso implica. Entró a trabajar el mismo año de su graduación, y recibió su base el año pasado, con salario nivel 6, aunque a finales del 2013 fue ascendida a jefa de oficina y ahora según el propio tabulador del Poder Judicial, gozaría de un salario de más de 25 mil pesos.

Mientras tanto, las quejas de los dos principales sindicatos del gobierno estatal, el SUTSGE, que se mantiene en plantón frente al Palacio de Gobierno, y el SITTGE, quienes protestaron durante el informe de Eguía Romero, giran justamente alrededor de que a muchos de sus sindicalizados, a pesar de llevar más de una década trabajando para el Poder Judicial, no se les ha concedido dicha base.

A ello se suman despidos injustificados, quejas por malos tratos y, por supuesto, acusaciones de tratos dispares, pues mientras los agremiados de Bernardina Lara y Francisca Reséndiz dicen ser tratados de una manera por la actual administración, los sindicalizados del SERTGE de Bertha Gutiérrez y el SADTGE de Nidia Morales, aparentemente minoritarios pero con presencias muy focalizadas en diferentes dependencias, como el primero en el Poder Judicial, son manejados de forma diferente por las autoridades estatales.

CampanaY entre la cascada de opiniones en contra de la propuesta de dar a los funcionarios electos derechos laborales y pensiones, le tocó el turno al gobernador Toranzo, quien mencionó el detalle de las enormes remuneraciones que ya reciben los gobernantes y representantes. Declaró que lo que ganan debería ser suficiente para hacerse de un patrimonio a su salida del cargo público. Viniendo de alguien que gana más de un millón y medio de pesos anuales, su opinión debe ser escuchada.

Y en el mismo tenor, varios de los diputados potosinos se unieron a la postura de Marianela Villanueva de retractarse de haber firmado la iniciativa. Algunos admitieron como ella ni siquiera haberla leído como era debido, mientras que otros dijeron haber estado de acuerdo en un principio, pero al ver el rechazo de la misma (y el efecto negativo en sus aspiraciones políticas inmediatas) prefirieron dar un paso atrás.

 

 

JSL
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