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Sí hay certidumbre legal

María Elena Yrízar Arias

L a historia nos describe que en el lugar donde se encuentra el actual Palacio Municipal de la capital potosina se empezó a construir en 1767, allí estuvieron en tiempos de la Colonia las viejas Casas Reales o Palacio Real. En 1767, el rey español Carlos III expulsó de ese edificio a los sacerdotes jesuitas, lo que provocó que algunos habitantes de la ciudad invadieran las Casas Reales y destruyeron el edificio real.

En 1855 el ayuntamiento lo vendió el edificio a don Antonio Rodríguez, con la condición de que la finca que construyera allí se debía ajustar al diseño aprobado. Rodríguez levantó el actual edificio, pero como no pudo pagar la deuda, el ayuntamiento lo recogió y ocupó como sede del gobierno. Para 1892 el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón lo compró al Municipio para usarlo como la residencia episcopal y concluyó la construcción que faltaba, convirtiéndolo en un verdadero palacio.

En pleno movimiento revolucionario el edificio fue saqueado y confiscado, perdiéndose la mayor parte de la riquísima biblioteca del prelado. El general Gabriel Gavira Castro, en su calidad de gobernador, cedió el edificio al ayuntamiento potosino en septiembre de 1915, que debió haber sido una decisión de hecho y les dio posesión del edificio.

Desde el punto de vista legal, el ayuntamiento potosino ha tenido posesión material y jurídica del inmueble donde se encuentra su sede de gobierno, esta posesión ha sido pública, ininterrumpida y pacífica por casi cien años, por lo tanto, el presidente municipal Mario García Valdez, como abogado, sabe que existen varias vías para acreditar legalmente esa propiedad y obtener la declaratoria judicial de propietario de dicho edificio el ayuntamiento que preside –en el supuesto caso de que no existieran las escrituras– para proceder a la protocolización de la sentencia judicial, ante notario público.

Me he referido a este tema porque la mayoría de los 58 ayuntamientos de la entidad no cuentan con escrituras de sus inmuebles, pero, efectivamente, han tenido una explicación histórica de las razones por las cuales están ubicadas en esos edificios las sedes de los ayuntamientos.

Existe la figura legal de las diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar la propiedad de inmuebles, que nuestro Código de Procedimientos Civiles faculta a aquellas personas físicas o morales –como en los casos de los ayuntamientos– para que promuevan ante el Juzgado de Primera Instancia de su distrito judicial las respectivas diligencias de jurisdicción voluntarias para acreditar que se ha tenido posesión de los inmuebles donde se encuentran las oficinas de las presidencias municipales, mediante este trámite legal, donde se aportan pruebas de poseer el inmueble y hacer actos de propiedad y dominio, para acreditarse como dueños.

Por ejemplo, el Palacio Municipal en Real de Catorce le pertenece al ejido del Real de Catorce y no así al municipio, todo porque cuando se hizo el ejido, se les olvidó dejar un área territorial que le correspondiera a la ciudad de Real de Catorce, para que se asentara en ese lugar el gobierno, o sea que no tiene fundo legal. En el caso del Palacio Municipal de Matehuala, pertenecía al conde Gregorio de la Maza, dueño y señor de varias minas de Catorce y haciendas en la región del Altiplano norte al principio del siglo pasado, en el periodo de la Revolución Mexicana. Dicha casa fue quemada y destruida en ese movimiento y el dueño se regresó a España y no hubo ningún reclamo de ese inmueble, que ahora es un hermoso Palacio Municipal, que de hecho es propiedad del ayuntamiento.

Otros municipios, habría que revisar su estatus jurídico, pero todos tienen a su favor las disposiciones jurídicas suficientes para poder tener sus escrituras. Serán sus representantes legales, en este caso sus síndicos municipales, quienes pueden ejercer este derecho de obtener escrituras de sus inmuebles municipales. Por lo tanto sí hay certidumbre legal.

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