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Julio Hernández López

La carta de compromiso contra posibilidades reeleccionistas que firmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apaciguará por un rato el desbordamiento de algunos de los opositores a su gobierno, que ya proclamaban en México el inicio de un proceso de autoritarismo y continuidad personal en el poder al estilo, según han alegado, de Venezuela.

El mismo Enrique Krauze, a quien algunos opositores al obradorismo pretendían erigir en una suerte de líder cívico en resistencia, tuiteó ayer, ondeando ya una macrobandera de paz: “La carta en la que el presidente @lopezobrador_ se compromete a respetar la no reelección, tiene el carácter de un compromiso con la historia. Bienvenido” (¿”Bienvenido” López Obrador a las páginas de la historia, con el tuitero como anfitrión, o bienvenida la carta?).

Abatida esa objeción central, la de las presuntas intenciones reeleccionistas, podría quedar una que no por secundaria es menor: el nombre del presidente de la República estará impreso en una boleta que será cruzada por los ciudadanos casi al mismo tiempo que son cruzadas las boletas correspondientes a elecciones de la totalidad de la cámara federal de diputados y de las vertientes estatales que embonen con esa fecha (gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales, según cada caso).

 Aprobado en San Lázaro ese proyecto de reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato, falta la autorización en el Senado, donde Ricardo Monreal, quien no es profeta en su partido, como acaba de verse en Puebla, ha anunciado que no habrá prisa en la aprobación de ese texto y que se abrirá el tema a discusiones (un proceso que parecería similar a lo sucedido con el tema de la Guardia Nacional, aprobado por Morena en la cámara de diputados, donde con sus aliados tiene mayoría para reformas constitucionales, pero detenido y corregido en la cámara de senadores, donde Morena y compañía no tienen tal aritmética calificada).

Por otra parte, la deshilachada oposición al obradorismo teme que (de aprobarse el proyecto de reformas en sus términos actuales) el voto popular sea inducido a favor de los candidatos de Morena, al agregarse la consulta sobre revocación de mandato al mismo proceso electoral de otros poderes. Si se toma como referencia alguna otra “consulta” irregular que se hubiera practicado (“ejercicio participativo”, fue denominado el más reciente, sobre Huexca, Morelos), López Obrador podría sentirse facultado e impelido a “defender” con ardor activista su postura. Ello significaría una campaña de elecciones intermedias con el peso presidencial en acción.

Las objeciones de los opositores al actual gobierno federal no han prendido en esta materia de la revocación de mandato porque, en el fondo, es difícil oponerse con lógica política al hecho de que un presidente de la República se arriesgue a asociar su nombre a una elección. Si hubiera rechazo a ese presidente, su partido sería dañado (recuérdese el caso de Enrique Peña Nieto, cuya liga con candidaturas en juego solía restar votos) y, de manera correspondiente, si ese presidente estuviese cumpliendo bien con su encargo, justo sería que los ciudadanos premiaran ese esfuerzo con más poder para un proyecto cumplidor.

La misma luna de miel de López Obrador con la ciudadanía le está permitiendo al partido Morena actuar sin mayores consideraciones en la postulación de candidatos a gubernaturas, como ha sido el caso poblano, donde Luis Miguel Barbosa Huerta fue declarado ganador de una encuesta fantasma, al mero estilo practicado en su momento contra el antes citado Monreal, a la hora de hacer a Claudia Sheinbaum candidata a jefa del gobierno capitalino. Nadie sabe, nadie supo: las “encuestas” son usadas para validar las decisiones de un dedo superior y los presuntos afectados aceptan el juego, con la esperanza de futuros pagos políticos compensatorios, como hasta ayer sucedía con el senador Alejandro Armenta, modosamente inconforme, finalmente disciplinado.

En realidad, Morena podría ganar con cualquiera de sus precandidatos. La lucha real se da entre facciones del mismo partido (como sucedió durante décadas en el PRI hegemónico). En este caso, Puebla y Tamaulipas son los escenarios de la disputa mayor entre Yeidckol Polevnski (apoyada por el primer círculo del poder federal actual, incluyendo a quien está en el mero centro de ese círculo) y Ricardo Monreal (confrontado secamente con ese primer círculo aunque luego arreglado con ese “mero centro” para continuidades toleradas). Polevnsky hizo saber con toscos modos que la decisión estaba tomada desde un principio a favor de la reincidencia electoral de Barbosa, por encima de los alegatos del monrealismo, con el senador Armenta como carta abierta, que demandó apertura democrática y fue aplastado con el mismo recurso de las “encuestas” que les son puestas frente a los ojos a los precandidatos y, luego de que estos registran fugazmente los “resultados”, son retiradas para pasar al “archivo”.

Mientras tanto, Donald Trump hace evidente el poco aprecio político que tiene por las vías diplomáticas tradicionales para hacer que México no le cause molestias ni problemas. Ha decidido enviar como embajador a un abogado sin experiencia en asuntos diplomáticos ni políticos: un experto en asuntos constitucionales estadunidenses y en apelaciones litigiosas. Pareciera que al actual ocupante de la Casa Blanca le parece sumamente confortable el comportamiento del gobierno vecino, que ha aceptado sin reparo varias de las líneas que importan al rubio multimillonario, sobre todo en materia de migración, con México convertido en silencioso receptor de migrantes centroamericanos enviados a nuestro país a esperar el largo proceso de resolución sobre solicitudes de asilo en Estados Unidos. Ah, el nuevo embajador se llama Christopher Landau y el principal mérito destacado en la información oficial de prensa sobre su nombramiento es que “habla fluidamente español”. ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.